En menos de 24 horas, al proyecto de ley radicado ante el Congreso con el que el Gobierno busca someter a las narcobandas, ya le saltaron varios reparos y críticas por lo que fueron calificados como excesivos beneficios a los criminales. Y son de tal calibre las advertencias que las lanzaron el fiscal Francisco Barbosa y la procuradora Margarita Cabello, quienes hablaron de “micos” que dejarían a traquetos de alto nivel con fortunas de casi 3 millones de dólares y con las puertas abiertas para eludir la cárcel.
De hecho, algunos de esos reparos habían sido discutidos en el Consejo de Política Criminal, por lo que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que habían recogido la mayoría de las recomendaciones. Pero ni el Fiscal ni la Procuradora quedaron contentos y arreciaron sus críticas contra un articulado que consideran dejará la vía pavimentada jurídicamente para que haya ‘narcoimpunidad’.
Las críticas, además, tienen un tinte político. La razón es que Barbosa hizo una serie de rondas con partidos como Cambio Radical, Centro Democrático y la U para buscar respaldo en una cruzada por tumbar lo que no comparte de la iniciativa. Sus detractores lo critican por supuestamente hacer campaña política y no jurídica, pero en su defensa dijo que está tratando de defender la independencia de la rama judicial.
En este contexto, el presidente Gustavo Petro le hizo una férrea defensa al proyecto y, de paso, le lanzó un puyazo a los que critican. “Esta ley busca verdad a cambio de beneficios jurídicos, pero no les gusta a algunos. Se busca el completo desmantelamiento del narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal, la reparación de las víctimas y la verdad a cambio de beneficios jurídicos y sometimiento colectivo”, aseguró.
Sin embargo, abogados de las narcobandas también han criticado la iniciativa, por lo que se augura un duro pulso por su contenido. ¿Qué es lo polémico?
Habría aval para que narcos evadan la cárcel
Según la iniciativa, quienes se sometan recibirían un principio de oportunidad, es decir que no se les persiga penalmente. Lo preocupante es que esto se podría convertir en una especie de indulto para quienes sean culpables de concierto para delinquir agravado, lo que dejaría fuera de prisión, según el Fiscal y la Procuradora, a violadores de derechos humanos.
Así mismo, el proyecto habla de una reducción de penas. Los criminales que se entreguen tendrán sentencias entre 6 y 8 años de cárcel, pero 4 años de la condena podrán ser extramurales mientras se reparan las víctimas. En pocas palabras, los que se suban a la paz total –sin importar el delito cometido– podrían salir muy fácil de prisión.
¿Los cubren contra la extradición?
El proyecto de ley está redactado en 27 páginas, pero en ninguna de ellas existe la palabra “extradición” y ni siquiera se habla de los lineamientos para ese mecanismo judicial. Según la procuradora Cabello, las consecuencias podrían ser muy peligrosas porque es uno de los micos que le quieren meter a la paz total. “Los presupuestos para la sujeción podrían pactar cualquier cosa, como por ejemplo la no extradición. Ese es el mico que yo veo ahí, porque no puede estar tan amplia, cuando lo correcto es que los presupuestos para la sujeción deben estar en norma”. Y en eso coincide el mandamás de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, quien tras la conversación con el fiscal dijo que “se abre la puerta para que los narcos se cuelen, es un proceso descomunal de impunidad para los delincuentes”. Sin embargo, el Ministro de Justicia aseguró que simplemente no incluyeron el mecanismo en el articulado porque se va a seguir abordando en un diálogo director entre Estados y eso no tiene por qué pasar por el Congreso.
Traquetos se ganarían 3 millones de dólares
Una de las críticas más fuertes del fiscal Barbosa tiene que ver con que el proyecto no se apegó a lo que ya existe en la Ley de Extinción. Entonces, cada narcotraficante que se acoja al proceso podrá quedarse hasta con 11.500 millones de pesos de su riqueza ilícita, es decir que cada delincuente se embolsaría 2,8 millones de dólares solo por entrar a la paz total.
“Más allá de pensar en darles plata a los victimarios, que este sea el mecanismo para entregar directamente esa plata a las víctimas”, propuso Barbosa. El congresista Juan Espinal, del Centro Democrático, aseguró que con este tope “a los bandidos se les va a lavar la plata derivada de las actividades ilícitas”.
La Fiscalía tiene en riesgo su autonomía
El proyecto contiene un artículo que se ha vuelto la manzana de la discordia entre la Fiscalía y el Gobierno. Resulta que en un apartado se estaría obligando al ente investigador a pasar todos sus expedientes a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz con el objetivo de que en esa instancia conozcan los perfiles de los criminales con quienes van a tener acercamientos en la paz total. Según el ministro Osuna, esto no es un más que una colaboración armónica entre poderes. Pero Barbosa, que ya ha tenido roces con el comisionado Danilo Rueda, lanzó una fuerte declaración para rechazar este punto del articulado. “¿Cómo así que obligan a la Fiscalía a entregar toda la información judicial, expedientes e indagaciones en el marco de los acercamientos que el alto comisionado está haciendo?, ¿dónde quedó la separación de poderes? Quiero recordarle al Gobierno que el Fiscal no es subalterno del Ejecutivo”, dijo Barbosa.
Se enreda la reparación a las víctimas
Dentro de las críticas del jefe del ente acusador también cayeron las víctimas, específicamente por la reparación que está contemplada como colectiva y no de manera individual. Esto es algo que preocupa en el sentido de que, aunque se acató la observación que se hizo al Consejo de Política Criminal, no se pensó en una reparación cuidadosa y efectiva para cada víctima. “¿Le estamos diciendo a cientos de colombianos a los que les han vulnerado todos los derechos que los van a meter en una bolsa colectiva? Es mejor hacer reparaciones individuales”, exigió.
Mientras crecen las críticas, la polémica se enciende porque el Fiscal insiste en retirar el llamado de urgencia con el que se radicó el proyecto con el fin de que el debate en el Congreso sea rápido. Sin embargo, el Gobierno sigue mostrando resistencia frente a la petición.
Lo cierto es que si no lo retiran, Barbosa hará más lobby entre los partidos para buscar la forma de frenarlo. La pregunta es: ¿tiene toda esa influencia?
