Los crímenes y las frecuentes intimidaciones a la población civil, protagonizadas por el frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, obligaron a la Defensoría del Pueblo a emitir una Alerta Temprana de Inminencia (ATI 005 de 2024) para el municipio de Jamundí, en Valle del Cauca.
Uno de los hechos más recientes atribuidos a esa facción criminal, se registró el pasado domingo 25 de febrero en una vía del corregimiento de Ampudia, donde sus integrantes instalaron un retén ilegal.
Allí fue detenido un grupo de ciclistas, a quienes les practicaron requisas, inspecciones de cédulas y de celulares durante largo rato. Luego les dijeron que no podían movilizarse por allá sin la autorización de la guerrilla.
Además, en varias veredas han instalado pancartas con propaganda insurgente, lo que tiene asustada a la comunidad.
“Estos son solo dos hechos violentos que comprueban la necesidad de que los entes gubernamentales y las fuerzas de seguridad del Estado implementen acciones urgentes, excepcionales y prioritarias para proteger a los ciudadanos”, señaló este viernes Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo.
De acuerdo con un reporte del ministerio público, “el accionar de los disidentes que integran el Jaime Martínez está afectando principalmente a habitantes de la zona rural de Jamundí, a los indígenas de los resguardos Pueblo Nuevo y Kwes Kiwe Nasa; también a las familias campesinas residentes en los sitios conocidos como Villa Colombia, Ampudia, La Liberia, La Meseta, San Antonio, San Vicente y Puente Vélez; así mismo, a quienes habitan los corregimientos Timba, Potrerito, entre otros”
Los funcionarios de la Defensoría detectaron un incremento en los secuestros, homicidios, restricciones a la movilidad, retenes, extorsiones y hasta imposiciones de horarios. En caso de que las personas no cumplan estas exigencias, se exponen a desplazamientos forzados y ataques con granadas a sus locales.
“El grupo armado ilegal está buscando tener un control social a través de la instalación regular de retenes imprevistos sobre diversas vías terciarias, en donde exigen a las personas el carné de las juntas de acción comunal (JAC) que los acredita como vecinos de la región”, precisó la entidad.
“Si una persona no porta o no tiene el carné, es retenida por la guerrilla, incluidos adolescentes y mujeres. Las investigan, les cobran multas o las obligan a realizar trabajos forzados durante algunos días; en caso de no tener el dinero, la retención se puede extender varias semanas, al igual que los trabajos impuestos”, agregó Camargo.
El Estado Mayor Central está en una mesa de paz con el Gobierno Nacional desde octubre del año pasado, pero sus frentes no han cesado de atormentar a la población civil ni de atacar a las Fuerzas Militares. Incluso hay un cese el fuego bilateral pactado, que no ha sido suficiente para tranquilizar a las comunidades.
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