El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, entregó ayer al Gobierno Nacional y a las altas cortes las observaciones al borrador de decreto formulado por el Ministerio de Justicia, que pretende facilitar la prisión domiciliaria transitoria y descongestionar las cárceles como una medida para prevenir el contagio del coronavirus en las prisiones.
En el documento, de 17 páginas, que más parecen objeciones que observaciones, el fiscal explica que tras un detallado análisis en un comité de alto nivel interno en el que se consideró el borrador y las experiencias comparadas con otros países también afectados por la pandemia, se puede evidenciar que el borrador busca solucionar más un problema estructural en el sistema penal que prevenir la propagación del virus.
Por eso enumeró varias propuestas que implican la implementación de las leyes con las que ya cuenta la Nación para otorgar libertades, libertades condicionales y detenciones domiciliarias con el cumplimiento de algunos requisitos, garantizando la protección y el monitoreo de los reclusos y la ubicación de nuevos centros de detención transitorios que podrían ser ubicados incluso en bienes cuya administración están bajo la Sociedad de Activos Especiales. (Ver recuadros)
Sin embargo, estas propuestas no calaron en el Gobierno y la ministra de Justicia, Margarita Cabello, insistió en que es prioritario deshacinar las cárceles como un gesto humanitario con los reclusos, pero también con la guardia y el personal administrativo.
El cara a cara
Tanto el fiscal como la ministra asistieron a una sesión virtual de la Comisión de Paz del Senado en la que, en medio de un debate de control político, explicaron sus posiciones.
Tras escuchar a Barbosa, Cabello aseguró que no es cierto que la Uspec no haya ejecutado solo el 7 % de los recursos de inversión, sino que en el último semestre de 2019 se ejecutó y comprometió el 87 % del presupuesto asignado para toda la vigencia.
Además, la ministra aclaró que “si la SAE me tiene inmuebles y me los entrega disponibles y en situaciones que me aseguren salud y seguridad para los privados de la libertad, bienvenida sea la propuesta. A mí todo lo que me puedan dar para solventar junto con el Inpec y la Uspec esta problemática que nos angustia estamos totalmente agradecidos. Hasta ahora los dos inmuebles que nos ofrecieron, no reúnen las condiciones, incluso uno era un famoso prostíbulo del centro, que no reúne condiciones ni cuenta con sanidad, tocaría reestructurarlos y eso nos llevaría mucho tiempo. Esa posibilidad no existe”.
Ante la molestia de la alta funcionaria, el fiscal respondió: “Nosotros no hacemos ese decreto ni vamos a cargar con la responsabilidad de lo que suceda con este documento de aquí en adelante. Toda la responsabilidad estará en cabeza del Ministerio de Justicia”.
Desde la Contraloría
A la Comisión de Paz también fue invitado el contralor general Carlos Felipe Córdoba, quien estuvo a favor de la propuesta del fiscal: “Vemos con gran aceptación el hecho de que le presten ayuda a todas las cárceles con bienes de la SAE, que puedan extenderse a más de 40.000 presos que lo requieren. Bajo la administración de la SAE hay 43 hoteles que podrían ayudar a mantener a los reclusos, y otros bienes que pueden servir para la resocialización mientras se determina el futuro de los bienes en los procesos penales”.
En lo que todos están de acuerdo es en que hay que deshacinar las cárceles y hay que hacerlo pronto, porque esta es una emergencia que no da tregua ni tiempo para grandes planes.
