El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, le pidió a la Corte Constitucional que avale la Ley 1820 de 2016, que expidió el Congreso para regular las amnistías y tratamientos penales especiales que se concederán a los miembros de las Farc.
Esto, por considerar que lo allí contenido, en forma general, respeta las exigencias constitucionales e internacionales para este tipo de leyes.
En concepto enviado a la Corte, el Procurador Carrillo Flórez señaló que algunas disposiciones de la norma podrían no adecuarse a las exigencias mínimas constitucionales, si estas se interpretan de manera inadecuada, por lo que pidió condicionar algunos artículos.
En primer lugar, pidió que se entienda que la refrendación popular del acuerdo de paz que hizo el Congreso tienen carácter declarativo frente a una circunstancia ya ocurrida.
La Procuraduría estimó que a pesar de que a lo largo de la ley los graves atentados contra los derechos humanos están excluidos como delitos que pueden ser amnistiados, el artículo octavo no hace dicha precisión, por lo que es necesario incluirla a través del condicionamiento.
Como según la ley 1820 las decisiones sobre amnistías solo podrían ser revisadas por el Tribunal para la Paz, para la Procuraduría estas decisiones también deben poder ser materia de revisión a través de mecanismos como la tutela, de ahí la necesidad de incluir el condicionamiento.
Sobre las expresiones “Graves crímenes de guerra” y “grave crimen de guerra”, contenidas en los artículos 23 y 47, la Procuraduría solicitó que sean condicionadas para que se adecuen al sentido que, como referente, está contenido en el Estatuto de Roma, que regula la competencia de la Corte Penal Internacional.
Sobre el artículo 35, que dice que mas personas trasladadas permanecerán en las Zonas Veredales detenidos hasta la entrada en funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz y que luego quedarán en libertad condicional, siempre y cuando hayan suscrito el acta de compromiso, la Procuraduría señaló que ese beneficio no puede aplicarse a los máximos responsables de los delitos más graves y atroces.
Para la entidad es indispensable el condicionamiento de la expresión para garantizar que haya una efectiva justicia para las personas que cometieron ese tipo de delitos y a su vez que no haya impunidad.
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