El magistrado del Consejo Nacional Electoral, Felipe García, lanzó fuertes críticas a la reglamentación que hiciera esa organización para el Plebiscito por la Paz que se realizará el próximo 2 de octubre y señaló que el “afán” del Gobierno Nacional para hacerlo, hizo que no pensaran bien los procedimientos necesarios.
En especial, el magistrado aseguró que no hay claridad hasta el momento sobre la dejación de armas por parte de las Farc y consideró que podría haber una presión armada hacia la ciudadanía.
“En la medida en que exista el peligro de un constreñimiento por el mero porte de armas, sin necesidad de que se disparen, sino el hecho de que se pueda ver afectada la libertad del elector, esa garantía plena no se puede realizar”, señaló.
Falta de garantías para las campañas
El magistrado señaló que la reglamentación como tal no daría garantías a las campañas. Según su explicación, a partir de la convocatoria del plebiscito, las campañas tienen apenas quince días para inscribirse.
Solo con ese cierre, se podrán hacer los sorteos de los espacios de televisión para hacer difusión, propaganda por ambas opciones y no habría el tiempo suficiente para la difusión. Luego, se podrán presentar listas de jurados, no de testigos, hasta el siete de septiembre.
“Perdóneme, hasta la semana pasada hay reglamentación y a los seis días se cierra la posibilidad para los comités, que hasta ahora se están inscribiendo, de presentar jurados. Otra incongruencia producto del acelere de salir a hacer el plebiscito sin conciliar todos estos tiempos que requiere la organización electoral y que consagra la ley”, aseguró.
En criterio de García, estas falencias podrían implicar una “lluvia de tutelas” de parte de ciudadanos contra el CNE.
“La campaña entonces, en la práctica, tiene 15 días y eso choca con los principios de ley porque toda campaña debe ser mínimo de un mes. Ese mes no será real. No se pueden reducir esos tiempos”, dijo.
El magistrado señaló que la divulgación de los acuerdos es obligación del Gobierno desde la convocatoria hasta la fecha de realización, sin apreciaciones valorativas que busquen influir a los ciudadanos sobre cómo votar.
Ciudadanos en el exterior
El magistrado señaló que los colombianos en el exterior deberían poder inscribirse para votar, teniendo en cuenta que se estiman en cinco millones de personas, lo que es más del 13 por ciento del umbral de aprobación que se acordó para este plebiscito.
“La razón por la cual están en el exterior puede ser de cualquier naturaleza, pero yo les garantizo que muchos de ellos están allá no por voluntad propia sino porque tuvieron que irse del país por violencia. Deberían ser los primeros llamados a votar. Han debido poder hacerlo como dijo la Corte Constitucional”, dijo.
Servidores públicos
García explicó que los funcionarios públicos sí pueden hacer campaña, “entendida como un derecho de todos los ciudadanos a participar y, por lo tanto, a hacer proselitismo en favor de una u otra opción”. Esto incluye la manifestación pública de su opción de voto pero sin utilizar su cargo para influir o presionar indebidamente a sus subalternos.
Divulgación
Sobre los medios de comunicación, García dijo que se busca que haya un equilibrio en el espacio para cada opción y señaló sobre las críticas de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, que “esto recoge una norma de la Ley de Garantías. Equilibrio informativo que se le exige a todos los medios en todas las elecciones”.
Sobre la publicidad, explicó que el CNE utilizó el término propaganda para promover la campañas para el ‘Sí’ y el ‘No’ y que se puede contratar publicidad en Internet que se deberá reportar como gastos de campaña.
Para García, este plebiscito especial, como sólo tiene las opciones del ‘Sí’ y el ‘No’, se debió haber pensado en un voto obligatorio o no se debió cambiar el umbral de participación a uno de aprobación.
