Aunque el acuerdo de cese
al fuego definitivo entre el Gobierno y las Farc siga marchando, la “paz estable y duradera” que ambas partes pregonan se tardará en llegar a Colombia.
Desde enero hasta agosto del presente año, según las cifras del Ministerio de Defensa, han ocurrido 8.079 homicidios en el país, 148 secuestros, 167 actos de terrorismo, 50 muertes en combate de miembros de grupos armados ilegales, 29 integrantes de bandas dados de baja, 84 uniformados de la Fuerza Pública asesinados en actos del servicio y 900 heridos.
La magnitud de estos datos, en tiempos en que las autoridades hablan del posible fin del conflicto, refleja que si bien un actor armado saldría del mapa criminal, otros grupos seguirán atormentando a la población y enfrentando a las Fuerzas Armadas.
La guerrilla del Eln y la banda “los Urabeños” (o “clan del Golfo”) son las principales amenazas para la seguridad nacional. Junto a ellos figuran otras Estructuras Tipo A (de influencia jerarquizada en varios departamentos), según la clasificación de la Fiscalía, como la Disidencia del Epl (o “los Pelusos”), el “Bloque Meta” y los “Libertadores del Vichada” (estos dos últimos denominados también “Puntilleros” por la Policía).
Las Estructuras Tipo B (influencia en varias ciudades) también están al acecho, como “la Constru”, “la Oficina” y “los Rastrojos”, que al igual que las otras se dedican al narcotráfico, el sicariato, la extorsión, el desplazamiento forzado y el tráfico de armas.
Para John Marulanda, consultor en seguridad y defensa, “el mapa de la seguridad en un posible posacuerdo es muy complejo, por una razón: los cultivos de coca están creciendo de forma desbordada, y ese es el origen del 90 % de los problemas en seguridad de Colombia y Latinoamérica”.
Señala que la eventual desmovilización de las Farc favorecería al Eln, que ya se está fortaleciendo en Arauca, Catatumbo, sur de Córdoba y Bolívar, y comenzó a esparcirse en Cauca y Nariño.
“Y bandas como ‘los Urabeños’ y ‘la Constru’ están creciendo en las fronteras con Panamá, Venezuela y Ecuador”, afirma, pues “el problema está en que el crimen seguirá activo en sitios donde no hay presencia del Estado”.
A este panorama se suma una incidencia cada vez más visible de la delincuencia común. La estadística del Mindefensa indica que en el último año se incrementaron varios delitos contra la seguridad ciudadana, en especial el secuestro simple (aumentó 16,7 %), atracos a entidades financieras (11,7 %), robo de vehículos (7,2 %) y el hurto a personas (3,7 %).
