Si hubo un momento difícil en los 40 días que duró la renegociación, fue cuando se puso en la mesa la exigencia de que los responsables de delitos de lesa humanidad no participaran en política, por lo menos mientras pagaban la sanción establecida por el Tribunal de Paz.
Ese día, sábado 5 de noviembre, las conversaciones se extendieron hasta la media noche y el ambiente estuvo tan pesado que incluso se rumoró que las Farc se habían parado de la mesa. Al día siguiente trabajaron por comisiones en la mañana, y en la tarde volvieron a reunirse los plenipotenciarios de ambos lados de la mesa. Humberto de la Calle dijo entonces que estaban en diálogos “dificilísimos”.
Sin embargo, sobre este asunto no se lograron modificaciones. El presidente Juan Manuel Santos dijo: “un punto que reclamaban muchos de los del No era que los jefes guerrilleros no pudieran ser elegidos. Yo entiendo que este es el sentir de muchos ciudadanos. En la mesa de La Habana los negociadores del Gobierno insistieron mucho en ese punto para responder a esa preocupación. Tengo que decirlo con franqueza, aquí no se logró avanzar”.
El mandatario agregó: “es muy importante que los colombianos entendamos que la razón de ser de todos los procesos de paz en el mundo es precisamente que los guerrilleros dejen las armas y puedan hacer política dentro de la legalidad. Las Farc tienen un origen político y su intención hacia el futuro es poder hacer política sin armas”.
Punto estratégico
“Desde mi postura más personal este tema era muy sensible y tenía que haberse recogido, es muy sofístico plantear que ese es el objetivo del acuerdo, algunas de las propuestas eran que no pudieran ejercer cargos públicos quienes fueran condenados mientras duraba la condena, no era una pérdida de los derechos políticos para toda la vida, habían fórmulas relativamente sensatas y me parece un defecto que no se haya incluido”, explicó Jorge Giraldo, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Eafit.
Giraldo asegura que no conocer el texto definitivo dificulta el análisis, porque si por ejemplo se contemplara un escenario en el que las curules en el Congreso para las Farc debieran peleárselas en franca lid con los demás partidos políticos “compensaría bastante las cosas”, porque la participación política es un doble filo. “De un lado no es bueno que una persona condenada por un delito de lesa humanidad ocupe un cargo de representación pública, pero por el otro es una carga para las Farc, es muy complicado para cualquier organización incluir en una lista que va a competir electoralmente personas que tienen encima una condena semejante”.
El objetivo de las Farc
De acuerdo con Iván Garzón, director del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana, “para las Farc se convirtió en un punto de honor que los cabecillas de ahora terminen su vida políticamente y en ese sentido desoyeron la razón de la prudencia que hubiera aconsejado que fueran otros los protagonistas de esas curules”.
Aseguró también que el discurso del Gobierno dejaba ver que en este punto serían inflexibles: dijeron muchas veces que “era que era preferible ver a Timochenko echando discursos que echando bala en el monte”, lo que envió el mensaje de que esa no era una línea roja y que más bien era un acuerdo tácito.
Sin embargo, Miguel García Sánchez, director del Observatorio de Democracia de Los Andes, es claro que ese era el objetivo de las Farc y es lógico que una guerrilla política busque tener representación en las más altas esferas nacionales. “Esa es la columna del acuerdo, si se miran otros procesos de negociación en el mundo el proceso principal es el tránsito a la participación política y por eso las Farc cedieron en otros puntos delicados, como la justicia”.
Para García, el asunto hay que verlo en perspectiva de lo que es la justicia transicional. “El M-19 pasó directamente a la participación política sin pasar por la justicia, ahora las Farc lo harán en paralelo”, manifestó.
