La Fiscalía de la Corte Penal Internacional anunció que “revisará cuidadosamente todo cambio posible” en el acuerdo de paz que se había alcanzado entre el Gobierno y las Farc el pasado 26 de septiembre, teniendo en cuenta la victoria del No en el plebiscito nacional.
Así lo indicó la oficina de la Fiscal Fatou Bensouda al publicar el informe anual de actividades sobre los países que tiene en examen preliminar, como Colombia desde el 2004, aunque solo tiene competencia para revisar violaciones al Estatuto de Roma que se hayan cometido desde el primero de noviembre de 2009.
De acuerdo con el informe, la revisión de los cambios se hará “en la medida que resulte relevante para el examen preliminar, así como todo proyecto legislativo posterior relativo al establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas para los máximos responsables por los crímenes más graves”.
En el documento de nueve páginas publicado en la página web de la Corte Penal Internacional, se concluye que Colombia continuará bajo examen y que se seguirán “los desarrollos relativos a las negociaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y las Farc, así como con el Eln”.
La Fiscal de la CPI hizo un análisis de la Jurisdicción Especial para la Paz, como quedó fijada en el acuerdo firmado en Cartagena, sin tener en cuenta los cambios anunciados el sábado pasado. Allí señala que todavía “no ha adoptado una posición específica o final respecto de la Jurisdicción Especial para la Paz, la cual todavía no ha entrado en funcionamiento”.
En ese sentido, considera el despacho de la Fiscal que la JEP “parece estar diseñada para determinar la responsabilidad penal individual, hacer que los perpetradores rindan cuentas y para descubrir la verdad integral, y a la vez procurar satisfacer los objetivos sancionatorios de disuasión, retribución, rehabilitación y restauración”.
No obstante, señala que “el cumplimiento de estos objetivos no dependerá únicamente de los procedimientos y condiciones establecidos en el Acuerdo, sino también de la efectividad de las restricciones a la libertad impuestas sobre los individuos, cuya naturaleza aún debe precisarse claramente”.
En ese sentido, la Fiscalía de la CPI anuncia que tendrá en consideración si llegara a existir “alguna laguna sustantiva en las leyes aplicadas por las autoridades competentes de la Jurisdicción Especial para la Paz, como las relativas a la responsabilidad del superior, que podría socavar su capacidad para proceder de manera genuina en relación con los casos potenciales que podrían surgir de una investigación en la situación”.
La Fiscalía de la CPI explicó que este año ha tenido un intercambio de información con las autoridades colombianas, tanto del Gobierno Nacional, encabezado por el exministro de Justicia, Yesid Reyes, así como con ONG y el poder judicial sobre los casos que tiene en examen.
Se indicó que con el exministro Reyes se intercambiaron opiniones especialmente sobre la Jurisdicción de Paz y el acuerdo sobre víctimas alcanzado en La Habana. Igualmente se reseñó el anuncio de septiembre en el cual se aplaudió el Acuerdo como un logro histórico y una oportunidad que “requerirá una auténtica rendición de cuentas – que por definición incluye sanciones efectivas – a fin de fomentar una paz sostenible”.
Investigación por falsos positivos
Ya sobre el examen específico, la Fiscalía de la CPI indicó que ha identificado casos potenciales sobre los cuales podría abrirse una investigación que versaría no sobre el Estado colombiano sino sobre personas y sobre los máximos responsables de los crímenes más graves.
Esos casos potenciales son cinco y están relacionados con “falsos positivos presuntamente cometidos por miembros de once brigadas, en cinco divisiones de las Fuerzas Armadas colombianas, entre 2002 y 2010”, por los cuales se han identificados a los comandantes de turno en cuyo mando se habrían cometido más de estos crímenes.
Sin revelar a qué casos se refiere, la Fiscalía de la CPI señaló que ha recolectado información sobre las sentencias dictadas por los jueces por estos crímenes, así como su magnitud, escala, forma de comisión e impacto, reseñando que hasta febrero de 2016, los tribunales habían dictado 817 sentencias condenatorias contra 961 miembros de las fuerzas armadas, por casos de falsos positivos.
“A julio de 2016, la Fiscalía General de la Nación estaba investigando 2.241 casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas Armadas, por un total de 4.190 víctimas. Según las sentencias remitidas a la Fiscalía por las autoridades colombianas, desde 2012, dos coroneles, dos tenientes coroneles, doce mayores, ocho capitanes y veintinueve tenientes han sido condenados por este tipo de conducta”, dice el reporte.
Ahora, aunque se han iniciado investigaciones contra al menos catorce comandantes por conductas relacionadas con los potenciales casos identificados, para la Fiscalía de la CPI la información es limitada.
Desplazamiento forzado
El otro punto crucial en el examen que hace la Fiscal Bensouda es el desplazamiento forzado. En este informe se destacó que en Justicia y Paz se han dictado 10 condenas contra 43 paramilitares, incluido Ramón Isaza Arango, quien fue condenado por 91 cargos de desplazamiento forzoso, así como a Arnubio Triana Mahecha, Ramiro Vanoy Murillo y Salvatore Mancuso.
Si bien se destacó que la Dirección Nacional de Análisis y Contexto (Dinac) de la Fiscalía General de la Nación está llevando a cabo investigaciones por desplazamiento forzoso y otros crímenes graves cometidos por miembros de las Farc y el Eln, para el despacho de la fiscal Bensouda es necesario que haya “información más detallada acerca del alcance y el tipo de actividades investigativas realizadas por las autoridades colombianas sobre esta cuestión”.
Falta mucho por violencia sexual
Sobre este ítem, la Fiscalía de la CPI destacó la condena a Ramón Isaza por doce cargos de acceso carnal violento en persona protegida, cuatro cargos de acto sexual violento en persona protegida, dos cargos de prostitución forzada o esclavitud sexual, y uno de aborto forzado.
Indicó que si bien se han adoptado algunas medidas para priorizar los casos sobre delitos sexuales o de género atribuidos a todas las partes en el conflicto, “los procesos vinculados con delitos sexuales relacionados con el conflicto contra los líderes de las Farc y el Eln siguen en etapa de investigación”.
“En preparación de un escenario de posconflicto, luego de la adopción del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las Farc, la Fiscalía General de la Nación ha indicado que las investigaciones relativas a los comandantes de las Farc serían transferidas a la Jurisdicción Especial para la Paz una vez que esta jurisdicción esté operativa”, precisó la Fiscalía del CPI.
En el reporte, se cuestiona además que “hay muy poca información sobre los procesos criminales en curso relativos a presuntos delitos sexuales por parte de fuerzas estatales” pues este año le fue remitida a la Fiscalía de la CPI “información sobre solamente una condena (en primera instancia y confirmada en apelación) dictada contra un miembro del ejército de bajo rango”.
“En este contexto, a pesar de la profunda reforma del modelo investigativo de la Fiscalía General de la Nación, dirigida a enfocarse en los máximos responsables por crímenes sexuales y por motivos de género, los procesos nacionales por este tipo de crímenes contra miembros de las Farc, el Eln y las fuerzas estatales parecen limitados”, concluye el reporte.
