Con las propuestas de reforma del Acuerdo sobre la mesa, por parte del expresidente Álvaro Uribe, como las anticipó ayer EL COLOMBIANO, inicia una semana vital que marcará el rumbo la renegociación con las Farc.
Entre las principales solicitudes se encuentran la reclusión efectiva entre 5 y 8 años en sitios alternativos como granjas agrícolas, reemplazar la Jurisdicción Especial de Paz por una sala transicional en la Corte Suprema de Justicia, amnistías para guerrilleros que no sean responsables de delitos de lesa humanidad y garantizar la propiedad privada.
Al terminar la marcha por la paz en Cali, el senador Roy Barreras (La U) dijo que de las propuestas que presentó el expresidente Uribe, diez podrían ser viables, pero “acabar con la justicia transicional y la elegibilidad es acabar con la paz”.
Hoy se reunirán por segunda vez los voceros del No con los delegados del Gobierno y el próximo jueves habrá respuesta oficial. A la vez, en varias regiones del país continuarán las movilizaciones ciudadanas que piden prontitud en este proceso.
Para este nuevo capítulo es vital el bálsamo que recibió el presidente Juan Manuel Santos con el Nobel de Paz, que según los expertos es un aliciente para buscar consensos y persistir en la negociación.
La vigencia del plebiscito
Sobre el impacto en la renegociación que tuvo el galardón al presidente y las marchas, Fabio Pulido, director de la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad de La Sabana, dijo que se tienen que diferenciar del plebiscito.
“Una de las características de un Estado de Derecho es que la decisiones mayoritarias se tienen que reencauzar mediante reglas. Un Estado de Derecho no funciona por aplausómetros, el que suene más duro. Lo que pesa es la decisión que se tomó por medio de unas reglas, y por eso ahora se reencauza el Acuerdo”.
Para Patricia Muñoz Yi, docente de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, el Nobel es el apoyo a la voluntad del presidente de buscar la paz en Colombia y las movilizaciones dan cuenta de solicitudes al sistema, pero no invalidan los resultados en las urnas.
“El objetivo ahora, a través de diálogo nacional que se ha iniciado, es que se lleguen a unos mínimos de acuerdo entorno a lo ya escrito o a lo nuevo que se realice. Aún tenemos un terreno incierto sobre la mecánica a futuro. Ese nuevo Acuerdo debe responder al clamor de las tres partes”.
Muñoz agregó que la implementación del Acuerdo no es posible, pues según la Sentencia C-379 de Corte Constitucional era indispensable la refrendación. No obstante, esto no va en contravía con las facultades que tiene el presidente de continuar las negociaciones, lograr otros acuerdos y decidir si los somete de nuevo a refrendación.
Por su parte Olga Illera, directora del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, afirmó que el Nobel no debe interpretarse como una invalidación de la refrendación. Aunque sí es un llamado político a la continuidad.
“El Nobel le da un aire al presidente y al proceso, pero esto no lo aísla o vuelve inmune frente al estado del país. De otro lado, el someter todo a la legitimidad democrática del plebiscito fue un riesgo. No se vería bien que digan que como se perdió se salte el mecanismo que ellos mismos plantearon”, agregó.
“Complacer al pueblo”
Juan Carlos Rodríguez, director del Observatorio para la Democracia de la Universidad de los Andes, afirmó que el Nobel y las marchas, si bien no son argumentos para saltarse el plebiscito, son un espaldarazo a la paz, lo cual representa un mensaje claro para que no se dilate la negociación con imposibles.
“Según la sentencia de la Corte Constitucional se debe buscar es un nuevo Acuerdo, no complacer al CD sino que convenza a una mayoría suficientemente amplia en un nuevo proceso de refrendación”, explicó Rodríguez.
Para Juan David García, docente de Ciencia Política de la Universidad Pontificia Bolivariana, sería un error político desconocer el plebiscito, porque fue un proceso legítimo. Agregó que de las reuniones entre el Gobierno y sectores del No deberán salir propuestas de desarme y exigencias de justicia y verdad, con menos concesiones a las Farc.
El papel del Congreso
Para el profesor Pulido una de las salidas para lograr el Acuerdo sería utilizar los mecanismos institucionales ya dispuestos, como el Congreso.
El representante Iván Darío Agudelo (PL) dijo que no han abdicado ni los han revocado: “Es otro gran momento como el más importante de demostrar la grandeza de nuestras instituciones”.
El representante Horacio Gallón (PC) afirmó que no apoya esta posibilidad, porque fueron los conservadores los que pidieron que los acuerdos fueran refrendados. “Luego de que se llegue a consensos debe darse otro plebiscito”.
Según senador José Obdulio Gaviria (CD), el Acuerdo debería reducirse a normatividad sobre justicia (ley de justicia y paz, ampliando su vigencia, y ley 418 de 1997 y sus prórrogas). Agregó que allí está todo: desde desplazamiento hasta sitios de concentración temporal, suspensión de órdenes de captura y otorgamiento de amnistías.
Según el representante Nicolás Albeiro Echeverri (PC), en un Estado Social de Derecho lo ideal es que hubiese sido legitimado vía plebiscito, y aún así, todo tenía que ir al Congreso, “la diferencia es que ahora no serían notarios, sino que retomarían las facultades dadas al presidente”.
El senador Juan Diego Gómez (PC) respaldó que el Congreso sea el camino, pero basado en un mandato que establezcan los miembros de la mesa de acuerdo nacional.
Para la senadora Paola Holguín (CD) el Congreso puede avanzar en algunos puntos, pero no es tan sencillo, porque el plebiscito es un mandato popular de ajustar el Acuerdo. Al tiempo el representante Federico Hoyos (CD) afirmó que el Congreso representa a la ciudadanía y en el plebiscito se solicitaron cambios.
Al final de la semana se sabrá que puntos serán llevados a la mesa de La Habana y cómo les reciben las Farc.
