Aunque muchas fueron las denuncias sobre presuntas irregularidades en el examen que presentaron los funcionarios de la Rama Judicial para aspirar a cargos de jueces y magistrados en diciembre de 2014, el resultado no fue el que esperaban y terminaron por rajarse en la prueba.
Colprensa tuvo acceso en exclusiva a estos resultados en los que se confirma que de las 27.690 personas que presentaron la prueba, 1.341 la pasaron, es decir tan solo el 6,2 por ciento de los funcionarios inscritos podrán tener acceso a las vacantes de la Rama Judicial.
Así, de los 1.341 que aprobaron la prueba unas 243 personas quedan en lista de espera para asumir las vacantes de magistrados, mientras que los 1.098 restantes esperan para ocupar los cargos como jueces. Todos ellos deberán realizar cursos de capacitación de cara a los nuevos retos que les esperan a la Rama Judicial.
“Me parece preocupante, es un indicador de que se necesita mas capacitación. Aunque no conozco los exámenes y no sé bien si estaban bien hechos o no, por lo que asumiendo que fueron correctamente formulados eso es un indicador importante de que la ciudadanía no está en buenas manos”, dijo Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas.
Agregó que esto es un llamado al Gobierno Nacional para que se les brinde mayor capacitación a los funcionarios.
Y es que estos resultados refuerzan el último informe realizado por la Corporación Excelencia en la Justicia sobre el funcionamiento del Sistema Penal Acusatorio, el cual muestra que son seis problemas que presentaría el nuevo sistema los cuales dejan por el piso la percepción que la ciudadanía tiene de la justicia.
Entre los factores que contribuyen a la ineficiencia del sistema penal se encuentra el famoso principio de oportunidad que no logró su objetivo, pues lo evidencia el hecho de que menos del uno por ciento de las salidas en libertad se han producido bajo dicha modalidad. Le siguen los constantes aplazamientos de las audiencias. Sus causas principales son el cruce de agendas, la dilación por parte de los abogados y el no traslado de los internos a salas de audiencias.
