El pasado 21 de febrero, en medio de una lectura de sentencia contra el Bloque Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia, la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenó a la Fiscalía investigar a un comerciante del municipio de San Vicente (Antioquia), conocido como el Primo, por supuestamente ordenar la muerte del campesino Gustavo Adolfo Quintero Ospina el 2 de junio de 2004.
La decisión y petición del tribunal, conocida como una compulsa de copias, se tomó por la confesión de un paramilitar, postulado a Ley de Justicia Paz, que involucró al mencionado comerciante en el hecho violento, al acusarlo de ser una persona que aunque al parecer no hacía parte de las Autodefensas, habría ayudado con dinero, apoyo logístico, información sobre objetivos militares u órdenes a los grupos armados ilegales, por lo que entraría a ser parte de lo que se conoce como terceros civiles.
Este caso hace parte de la investigación de los tribunales de justicia y paz en el país (Bogotá, Medellín y Barranquilla), que compulsaron 16.772 copias a la Fiscalía en los últimos 8 años para que investigue a terceros civiles, agentes del Estado e integrantes de organizaciones al margen de la ley, por, supuestamente, haber financiado o auspiciado el conflicto armado en Colombia (ver glosario).
El magistrado Juan Guillermo Cárdenas Gómez, presidente de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, explicó que el compromiso de Justicia y Paz es que “una vez se obtenga una noticia criminal o por lo menos una versión de la que se pueda desprender la comisión de una conducta punible, la obligación es compulsar las copias”.
Y lo que sigue es que la Fiscalía inicie investigaciones para que la justicia ordinaria actúe. “Cotejados los nombres mencionados y dado que varios de ellos se repiten en las distintas compulsas, se ha concluido que estas hacen referencia a: 2.311 terceros civiles, 1.835 Agentes del Estado no combatientes y 1.417 Agentes del Estado combatientes”, concluyó.
Sobre esto, el magistrado Cárdenas dijo que, aunque “estamos hablando desde la versión de los postulados, otra cosa es lo que digan los involucrados, si estuvieron obligados o no a realizar esos aportes o esas ayudas a los grupos ilegales, eso ya lo dirá la investigación”.
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