La orden era que a Kelly Yurany Orrego Correa la pusieran a trabajar lo más rápido posible. La orden fue acatada y la mujer ingresó en 2014. Ingresó el lunes 3 de marzo de 2014, pero sin firmar contrato y sin estar cubierta por la seguridad social.
Ella misma, en una comunicación conocida por este diario, pidió en forma reiterada que le pagaran los días que laboró, aunque legalmente no estaba habilitada para ello. Ella misma comentó que el 11 de marzo firmó el contrato e inició labores el 12 de marzo. La prisa en ponerla a trabajar, y el riesgo que implicaba, es que Kelly Yurany es la esposa de un aliado político del entonces gerente General, Gabriel Jaime Rico Betancur. Él se llama Édimer Felipe Graciano Zapata, muy activo en su página de Facebook como promotor actualmente de la aspiración a la Alcaldía de Medellín de Rico.
Rico no respondió la pregunta que se le hizo sobre este caso. Kelly Yurany, por su parte, en cuya tarjeta electrónica figura como Analista de Compras de Plaza Mayor, afirmó que “nunca he sostenido relación laboral directa con Plaza Mayor Medellín S.A. Mis servicios personales los he prestado y los sigo prestando a través de un tercero, con quien en un momento determinado tuve una diferencia contractual que ya fue resuelta. Respecto de mi esposo y las relaciones que éste sostiene en el ámbito político he mantenido la más respetuosa distancia”.
“Eso era normal en Plaza Mayor, para cumplir con los compromisos políticos”, concluyó un directivo de Plaza Mayor. El error, precisó, fue de Plaza Mayor, porque no podían aceptar que una persona, sin contrato y sin seguridad social, prestara sus servicios a la empresa. Pero tampoco debió enviarla Empleamos (empresa que no respondió la pregunta de este diario), porque resultaba riesgoso para todas las partes que, sin contrato, trabajara.
La señora reclamó lo que era justo, o sea que le pagaran, porque así fuera sin contrato, había prestado sus servicios.
Este tipo de casos no eran ajenos a la administración de Plaza Mayor. El 15 de febrero de 2013, un funcionario rechazó la que consideró una presión indebida que le estaba haciendo un contratista, por interpuesta persona. Por teléfono y email preguntaban insistentemente por el contrato de un señor Vargas, quien, dice el documento conocido por este diario, venía trabajando desde el mes de enero y, en consecuencia, ya le estaban debiendo un mes de trabajo.
El problema es que el contrato comenzaba su vigencia el 1 de febrero de 2013 y, por eso, a la funcionaria que estaba intercediendo por el contratista, se le hizo saber que está prohibido ejecutar contratos sin previamente formalizarlos, máxime si son cuantiosos, como era ese caso, porque lógicamente requerían de pólizas. Se lee en los documentos oficiales de Plaza Mayor que, dada la premura del contratista, el contrato fue enviado al gerente General.
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