Antioquia

50 % de los municipios de Antioquia tienen su ordenamiento territorial caduco: Viva

El cambio de estatutos le permite a Viva una mejor respuesta, por ejemplo, frente a las emergencias, según María Fanery Sucerquia. FOTO camilo suárez

11 de diciembre de 2021

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La Empresa de Vivienda de Antioquia, Viva, espera culminar el año con cifras positivas en su balance financiero y avanzar en la reducción del déficit habitacional con la puesta en marcha de 37.309 soluciones de vivienda, de la meta global de 75.000 que se trazó el gobierno de Aníbal Gaviria. María Fanery Sucerquia, gerente de Viva, explica cómo revirtieron en dos años pérdidas por $10.000 millones que traía la entidad, y los logros en los 20 años de existencia de la empresa.

Hay grandes retos de vivienda en Antioquia por la brecha entre lo urbano y lo rural, ¿cómo llegar a las zonas más apartadas si los municipios no tienen muchos recursos?

“Viva tiene la meta en el Plan de Desarrollo 2020-2023 de 75.000 soluciones de vivienda, de las cuales el 30% es de la ruralidad porque las zonas urbanas tienen más demanda en términos habitacionales. Solo entre el Aburrá y Urabá se concentra el 55% del déficit habitacional. Hoy tenemos en marcha 37.309 soluciones. De las 75.000 soluciones, 18.500 son nuevas urbanas, 6.500 nuevas rurales, 17.500 mejoramientos de vivienda rural, 12.500 mejoramientos de vivienda urbana y 20.000 titulaciones o legalizaciones. Buscamos reducir un 20,6% el déficit cuantitativo y cualitativo”.

¿Hay dificultades con algunos de esos proyectos?

“Esas 37.309 soluciones están firmadas, tienen cierre financiero y convenios. La pandemia atrasó porque en 2020 no pudimos salir a territorio por las restricciones y la prioridad cambió en los municipios. Aún así hemos logrado que todos los municipios se vinculen a proyectos de vivienda”.

En la Agenda 2040, ¿qué sueñan las regiones?

“En todas las conversaciones, la vivienda aparece como un elemento necesario, porque Antioquia tiene un déficit habitacional de 393.640 soluciones y eso significa que 94.000 viviendas no existen. Las 300.000 restantes no son dignas para la vida y requieren mejoras locativas. Tenemos presión en las subregiones por el costo de la tierra y la construcción en la ruralidad. Los esquemas de ordenamiento territorial en el 50% de municipios están atrasados o con obsolescencia de más de 25 años. Eso implica que el costo de la tierra en la ruralidad va a aumentar. Por eso desde la Agenda 2040 estamos pensando cómo anticiparnos con mayor dinámica de desarrollo para planificar: si no lo gestionamos habrá hacinamiento y asentamientos subnormales”.

¿Cómo adelantan esa gestión para conseguir la tierra?

“Trabajamos con los alcaldes para titular predios que estén identificados en las zonas urbanas. En el 2020 no se tituló un solo predio por las dificultades de la pandemia y lo que hicimos fue un inventario en los territorios para hacer convenios con los municipios”.

¿Y hay un buen inventario de tierras?

“Muchos alcaldes han hecho de forma juiciosa esta tarea, identificando qué predios hay en el municipio o tramitando una línea de crédito que les abrimos con el Idea para que pudieran comprar terrenos. Terminamos 2020 con un inventario de más de 200 lotes”.

¿El cambio en estatutos y la transformación de Viva qué representa en sus 20 años?

“Viva se ha renovado internamente y hoy es una empresa sostenible, aunque la recibimos con una pérdida de $10.999 millones y con una caja negativa de unos $3.000 millones. En estos dos años estructuramos proyectos sostenibles y creamos tres unidades de negocio: Banco de materiales, Banco de proyectos de la Gobernación y nuestro tema misional de vivienda. Vamos a terminar el año con cifras positivas. Es probable que con una utilidad cercana a $10.000 millones”.

¿Y qué había originado ese déficit y esa caja negativa?

“Viva ha tenido en su misión el desarrollo de vivienda social, y para las grandes infraestructuras en las que se había comprometido en los últimos años; se necesitan grandes capitales para respaldar esos contratos. Recibimos más de 160 litigios que venían generando este déficit y, adicionalmente, esos elementos asociados a la sosteniblidad no estaban presentes. Con estas unidades de negocio buscamos generar recursos y pagar nuestros propios costos y gastos”.

¿Y cómo se soltaron de esos proyectos deficitarios?

“Empezamos a generar ingresos y a pagar. Hay proyectos que recibimos con gran complejidad, como el Central Park, la cicloinfraestructura en los proyectos con Indeportes o la construcción de escenarios deportivos, que en sus orígenes tenían dificultades en la forma como se contrataron. Entendiendo que esto no es un Gobierno que mira por el retrovisor, buscamos sacar adelante esos proyectos: ya finalizamos la ciclorruta de Carepa, que era una de las más complejas. Tenemos también definido lo de las ciclorrutas de Occidente y en Oriente venimos avanzando. Y en Yarumal tenemos la Colonia Agrícola que Viva tiene suspendida desde el 2018”.

¿Pero ya hay una ruta para desenredar este proyecto?

“No. Los socios definieron liquidar ese contrato. Lo que se está buscando es que nos reconozcan los $5.400 millones que invertimos allí. Ya tenemos un acuerdo de pago por $616 millones”.

¿Y el Central Park?

“Estamos en el proceso de liquidación del contrato. Avanzamos hasta el 86%. El resto de obras no quedaron ni financiadas ni dentro del alcance de Viva. Estamos en una tercera fase, en la que buscamos que a través de un contrato nuevo se puedan hacer rediseños que permitan superar los litigios, resolver los permisos con EPM y las obras para mejorar la pista”.

Pero mientras liquidan, las obras se deterioran...

“Viva todavía no ha recibido las obras, o sea, el subcontratista que tenemos allí es aún responsable hasta que culmine la liquidación. Esa ha sido la parte compleja para la comunidad porque, claro, las obras se ven como si estuvieran abandonadas”