Es el tema que copa gran parte de la actual campaña política en la capital del Oriente. En foros y debates la pregunta obligada a los siete candidatos que están en la contienda es qué pasará con el cobro de valorización por $450.000 millones, que se distribuyó desde octubre de 2018 y se hizo efectivo desde marzo.
El tributo generó polémica desde el año pasado. La actual alcaldía justifica la contribución por la necesidad de recursos para actualizar la malla vial que presenta tres décadas de retraso. Si bien la mayoría de ciudadanos coincide en la necesidad de ejecutar las obras, el punto de la discordia fue que el 66 % del costo de este paquete de infraestructura fue cobrado a la ciudadanía.
En los primeros seis meses de facturación se recaudaron $63.000 millones (corte al 15 de septiembre de 2019), el 13 % del total, según la alcaldía.
Ana María Mejía Bernal, secretaria de Desarrollo Territorial de Rionegro, contó que el estimado es que en el primer año reciban $100.000 millones, por lo que dijo que el balance actual es positivo.
“Estamos contentos con el recaudo, es un porcentaje importante teniendo en cuenta que el pago es a cinco años. Creíamos que íbamos a estar en $55.000 millones”, opinó.
Fueron interpuestos 2.775 recursos de reposición por la comunidad, de los cuales 50 fueron favorables y otros 875 están pendientes de resolución. Este se presenta para que la alcaldía reconsidere el cobro facturado. Mientras se tramita se congela la obligación. Los otros 1.850 ya se contestaron. La alcaldía espera que a partir del segundo año de recaudo, ya con recursos fallados, el pago se incremente.
Radiografía del cobro
Según la administración, el número de contribuyentes a los que se les cobra es de 47.681. De estos, el 33 % (15.663) ya ha pagado de contado o ha financiado su carga (existe posibilidad de dividir el valor hasta en 60 cuotas). El resto de contribuyentes o está pendiente de la resolución de su recurso de reposición, o tiene tratamiento especial.
Esta última figura fue aprobada por el Concejo, con el Acuerdo 12 del 17 de julio de 2018, para que no tuvieran que pagar el tributo propietarios de viviendas de estratos uno al cuatro, siempre y cuando sean habitadas por ellos.
También están exentos el pequeño y mediano productor agropecuario (inscritos en el inventario de la Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario), el protector de bosque (certificados por la Subsecretaría de Ambiente) y los inmuebles culturales. Fueron presentadas 27.494 solicitudes para obtener dicho tratamiento y a la fecha se han aprobado 15.000. El estimado es que el Municipio saque de sus arcas $50.000 millones para cubrir el aporte de los beneficiados con dicho tratamiento. Otras 1.749 personas están en mora.
¿Cómo van las obras?
Con la valorización se ejecutan 29 de los 100 kilómetros que comprende el plan vial prometido por esta administración. Los 12 tramos que componen el paquete cuestan $674.513 millones (66 % lo financia la comunidad). La aplicación del mecanismo en Rionegro es general y no sectorizada, como el que se paga, por ejemplo, en El Poblado desde 2014.
Según Mejía Bernal, esta administración entregaría dos obras antes del 31 de diciembre. Otras siete quedarán en ejecución y tres no se alcanzarán a licitar. Será la próxima alcaldía la que empiece el proceso contractual desde cero. Estas son: Casa Mía - Ojo de Agua; Bomba Gualanday-San Antonio y Vía Las Torres, desde la Transversal 2 hasta la estación de Policía.
El que más avance presenta en la actualidad, con 95 %, es el Tramo 24, el cual comienza en la estación de Gualanday y termina en el comando de El Porvenir. Tiene 2,7 kilómetros y cuesta $35.372 millones.
¿Influyó la actualización?
Durante este cuatrienio (2016-2019) la administración adelantó una actualización catastral en zonas de expansión urbana, es decir, en lugares con potencial urbanístico que no se han desarrollado.
Según explicó en abril pasado el alcalde Andrés Julián Rendón, cuando este escenario se presenta, la ley permite catalogar los terrenos como lotes de engorde: “zonas quietas donde los dueños especulan” esperando que el precio de su propiedad aumente para sacar rentabilidad de ello.
“Lo que hicimos en 2017 fue gravar los predios a la máxima tarifa de predial que es de 33x1.000, y en 2018 subimos el valor catastral; porque no vale lo mismo una tierra catalogada como rural que otra urbanizable”, argumentó.
Consultada sobre si dicha actualización catastral influyó en las contribuciones para construir las vías, la secretaria Mejía respondió que no utilizaron los avalúos catastrales para calcular la valorización, toda vez que se contrató un estudio con la Lonja de Propiedad Raíz de Antioquia.
“Se hicieron unos avalúos puntuales y sectoriales en el Municipio y como la valorización es por beneficio general, se calcula con la capacidad de la tierra para generar riqueza. No tiene nada que ver con los avalúos catastrales”, explicó.
Otro cuestionamiento de la comunidad, compartido a este diario, es sobre la diferencia del cobro en propiedades contiguas. Ante esto, Mejía reconoció que hay contribuyentes que tienen que pagar más debido a que su predio o casa puede generar más riqueza que la del vecino.
“La metodología para distribuir la valorización general depende del valor unitario de la tierra. Este se desprende del estudio de la Lonja de Propiedad Raíz. Seguramente la casa esquinera pagará más que la del vecino que vive en la mitad de la manzana. También depende de cuántas viviendas se pueden construir por hectárea según la zona”, sostuvo.
¿Qué pasará a futuro?
Seis de los siete candidatos a la alcaldía están en contra de la valorización. Consultados por EL COLOMBIANO (ver recuadros inferiores), manifestaron su intención de modificarla o buscar las salidas jurídicas para retrotraer el cobro.
El hecho es que, según Mejía, 80 % del costo del paquete de obras —unos $512.000 millones— quedará contratado.
Por ello, el gobernante que llegue y quiera modificar la dinámica del actual tributo, deberá buscar fuentes alternativas para sustituir los recursos que están comprometidos en contratos con privados.
“Si el gobernante que llegue quiere suspender el cobro, debe conseguirse el dinero para pagar los compromisos que quedan con los contratistas. Es un poco difícil porque, ¿de dónde se sacarán esos recursos? Nosotros hicimos las obras por valorización porque los recursos propios del Municipio no son suficientes para un plan vial como este”, concluyó la secretaria .
Candidato, ¿qué hará con la valorización si gana la alcaldía? (En el orden en que aparecen en la Registraduría).
Hernán Ospina Sepúlveda. Partido Liberal. “Tenemos que revisar la metodología aplicada que se hizo en el derrame. No obedece a principios de equidad y justicia, se hizo sobre una base catastral desactualizada. Mi propuesta es rebajar el 50 % del tributo. El dinero saldrá de la liquidación de la Empresa de Seguridad del Oriente, la Empresa de Desarrollo Sostenible y Somos (Movilidad). Habrá un desmonte de una nómina paralela y dejaremos de pagar arrendamientos de oficinas para atención al público. El ahorro será de $70.000 millones al año”.
Mauricio Rendón González. PRE. “Es una valorización desmedida que no consultó la capacidad de pago de los actores. Llegando a la alcaldía nos toca revisarla muy bien para que económica, jurídica y técnicamente la podamos echar para atrás. El 90% de las obras están concentradas entre Gualanday, Porvenir y Llanogrande. No se está hablando de los puentes, deprimidos y la otra circunvalar que necesita Rionegro. Las cosas como se hacen se deshacen, buscaremos concertación y revisaremos qué podemos hacer contractualmente”.
Carlos Ignacio Osorno Uribe. Polo. “Cuando salió la valorización fui el que más la atacó. Hay una acción popular que interpuse, respaldada con 7.000 firmas. Estoy en contra. Si soy elegido, buscaremos, dentro de los parámetros que la legalidad me permita, tumbar la valorización y ver cómo se puede lograr una compensación a los ciudadanos. No es un tema fácil y es entrar en promesas difíciles por el actual escenario fiscal. Lo que se está ejecutando se tiene que terminar, toca hacer un análisis práctico de las consecuencias contractuales”.
Laura Emilse Marulanda Tobón. Rionegro te llevo en el corazón. “Es un tema que preocupa mucho, es una valorización tipo expropiatoria. Las personas están vendiendo los predios para pagarla. Nos comprometemos a revisar la distribución y la carga para hacerla ajustada a la ley. Revisaremos el monto para que la gente pueda pagar según su capacidad. Lo que vamos a hacer es modificarla, no podemos decir que la vamos a tumbar porque es un impuesto legal que está soportando unas obras, pero cómo se calculó en Rionegro, no es legal. Tenemos que recalcularla”.
Fernando Valencia Vallejo. Rionegro primero la gente. “Nosotros demandamos la valorización. Consideramos que el alcalde se abrogó competencias del Concejo. Esperamos que los jueces nos den la razón. Siendo alcalde, le estamos proponiendo a la comunidad revisar y hacer reavalúos nuevos. En Rionegro se está cobrando por el valor de la tierra y no por la capacidad de pago. No queremos engañar la gente, otros dicen que no se va a cobrar. Si lo del tren ligero no se da, podemos sacar recursos para compensar la plata de las obras que quedan contratadas”.
Rodrigo Hernández Alzate. Unidos por Rionegro. “El elemento diferenciador de la valorización en Rionegro es que se convirtió en social. De manera progresista se decidió cobrarle más a los que tienen más y menos a los que tienen menos. Eso ha contribuido a que el proyecto salga adelante y se estén ejecutando 9 de los 12 tramos. No hay nada que hacer, la valorización ya fue decretada. De manera irresponsable hay candidatos que prometen tumbar el cobro. Es imposible porque primero tienen que decir qué fuente reemplazará esos recursos de valorización”.
Carlos MAURICIO Martínez F. Movimiento Más Oportunidades. “Haremos una revisión profunda porque se ha tenido en cuenta la capacidad productiva de la tierra y no la capacidad de las personas. Vamos a tratar de aliviar la carga que hoy tienen los ciudadanos. Buscaremos recursos adicionales, propios o financiados, para hacer una rebaja en el cobro. Esta depende del estudio que hagamos y de la capacidad de pago de las personas. Revisaremos la contratación y los tramos, y haremos una buena interventoría para mirar qué contratos podemos refinanciar”.
