Coleccionistas de animales, padres que quieren complacer los caprichos de sus hijos o simplemente personas con la ilusión de subir de estatus son algunos de los perfiles de quienes compran fauna silvestre o exótica, incentivando así la red de tráfico que se esparce como plaga por todo el país.
En los últimos años este fenómeno criminal ha mutado. En diciembre de 2020, la Fiscalía General de la Nación anunció el uso, por primera vez, de la figura del agente encubierto para poner en evidencia a una red de traficantes que comercializa mamíferos, aves, reptiles y primates, entre otras especies, por grupos cerrados de Whatsapp, cuyos precios develados oscilan entre 100.000 y 1,3 millones de pesos.
La operación, que duró un año, fue liderada a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (Dipro), específicamente, el Área de Protección Ambiental y Ecológica.
‘Faunatic’ y ‘Exotic Colombia’, como se hacían llamar estos chats, estaban conformados por máximo 12 integrantes. La mayoría de las entregas de estos animales se hacía en ciudades como Barranquilla y Soledad (Atlántico), Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena.
EL COLOMBIANO tuvo acceso a los detalles de esta operación encubierta en medios virtuales que permitió la captura de cuatro de los traficantes y la recuperación de 27 especies.
La infiltración en la red
Un año duró la labor del agente encubierto, quien logró penetrar en dos grupos cerrados de Whatsapp, dedicados a la cría, compra y venta de especies como tigrillos, guacamayas, búhos, entre otros. Estos también se comprometen a conseguir lagartos y otros tipos de reptiles exóticos.
“El policía encubierto se caracterizó como una persona que tenía poder económico, que poseía unas propiedades en zonas rurales del país, que tenía negocios en otras ciudades y que era amante de los animales, en especial de los silvestres o exóticos”, comentó el coronel Jhon Harvey Alzate Duque, director de Protección y Servicios Especiales, sobre la aplicación de esta técnica de investigación avanzada, que es avalada por el Código Penal, para infiltrarse al interior de estas organizaciones criminales.
Explicó que se crearon unos perfiles falsos en redes sociales, así como una nueva cédula, con ayuda de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para evitar que se conociera su verdadera identidad”.
La operación contó con la ayuda de entidades bancarias y empresas de giros para el momento de realizar las transacciones de las compras de algunos animales como parte de la investigación.
El modus operandi
Según Alzate, el proceder de esta red de tráfico cambia constantemente para evitar ser detectados, por lo que fue una labor paciente y sigilosa lograr avanzar en el operativo.
Estos chats son, por lo general, depurados periódicamente o los eliminan para crear nuevos.
Para lograr acceder a los grupos, el agente encubierto, cuya identidad pidió ser reservada, se tuvo que ganar la confianza de los traficantes, ya que estos no ingresan a nadie que no esté previamente recomendado.
Ya adentro, a los miembros se les hacen preguntas sobre quiénes son, cómo llegan al grupo y qué especies poseen o les interesan adquirir.
Después de que se concreta la compra, los interesados deben pagar un abono por transacción virtual y los animales son “preparados”: a las aves les cortan las alas y a los mamíferos los amordazan y los amarran para ser camuflados en cajas a las que les abren huecos para permitir la respiración. Luego, son enviados por encomienda en buses de servicio público.
Las pruebas recolectadas por medio de la infiltración, como conversaciones, fotos y videos, ayudaron a dar con cuatro de los traficantes: Rafael Cruz Romero, alias ‘Ojitos’ o ‘Emmanuel’; Sebastián Bastos Peñaranda, alias ‘Sebas’ o ‘Andrés’; Alfonso Triana, alias ‘Miguel’, y Jeisson Humberto Triana, alias ‘Ángela’.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, cuya identidad también pidió ser reservada, les imputó los delitos, contemplados en el artículo 328 del Código Penal, por ilícito aprovechamiento y daño de los recursos naturales. Tres de los procesados aceptaron los cargos.
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