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El transporte público individual y veredal en Caldas vive uno de sus períodos más turbulentos por cuenta de dos fallos judiciales que dejaron en la incertidumbre la prestación del servicio en estas dos modalidades que agremian a poco más 210 conductores al comprometer sus cupos para poder rodar con pasajeros.
Tal como lo mostró EL COLOMBIANO, el pasado 4 de mayo, de los 318 taxis que hay en el municipio 194 están en riesgo de suspender operaciones a raíz de un fallo emitido por el Juzgado Sexto Administrativo de Medellín que dirimía un pleito entre la Alcaldía de Caldas y la empresa Flota Caldas Ltda.
El asunto se remonta a 2015 cuando la entonces alcaldesa Mónica Raigoza contrató un estudio por $38 millones para determinar si había que aumentar la asignación de cupos para taxis en el municipio. Este sugirió hacerlo en casi 200.
En 2018, durante la administración de Carlos Durán, a través de tres resoluciones emitidas en julio de ese año, se expidieron 194 cupos para taxis que se repartieron entre las empresas TaxPoblado, TaxBelén, TaxBrasil y Sabatax. Flota Caldas Ltda –hasta esa fecha la más grande– quedó por fuera de la repartija por lo que la demandó y pidió su nulidad, alegando que el municipio no solo no había notificado con tiempo el reparto de cupos sino que también había incumplido con los requisitos para el estudio que avaló la expansión de los taxis ya que este debía contar con el visto bueno del Área Metropolitana y del Ministerio de Transporte.
Pese a que ambas entidades le indicaron a la Alcaldía que el estudio no era de su incumbencia, el 29 de septiembre de 2022 la jueza encargada del caso decidió que Flota Caldas tenía razón en el sentido de que la norma sí obligaba a Caldas a contar con el visto bueno del Área y del MinTransporte y ordenó declarar nulas las tres resoluciones, decisión que la actual administración no apeló.
El asunto había pasado sin mucho ruido hasta el pasado 21 de abril cuando a por lo menos cinco taxis se les venció la tarjeta de operación. Por ello, cuando fueron a renovarla por un año más, la actual alcaldía en cabeza de Mauricio Cano –hijo de un socio de Flota Caldas, hecho por el que ha sido objeto de reclamos pese a que alega que no tiene intereses allí– decidió no renovarles ni a ellos ni a los beneficiados del acto administrativo de 2018 aduciendo que está obligado a no hacerlo por el fallo judicial. A los cinco taxis que ya no pueden operar, con el paso de los días se les sumarán más hasta que el próximo 31 de julio los 194 taxis queden sin tarjeta de operación.
Conductores contra la pared
Ante esta situación que los tiene en un limbo legal los taxistas organizaron manifestaciones para hallar una solución pues aunque los carros quedarían quietos, las deudas y los impuestos seguirán “marcando taxímetro”.
“Tras la negativa del alcalde, la semana pasada le explicamos que si bien la jueza tumbó las resoluciones donde se adjudicaban los cupos, no tumbó las resoluciones con las que nos expidieron matrícula de servicio público, porque son dos actos administrativos diferentes. Además nosotros cumplimos todos los requerimientos de ley para acceder a ellas. Por ello él no tiene por qué negarnos las tarjetas de operación. Por eso habíamos acordado con él que este 26 de mayo se volverían a expedir las tarjetas, pero ese día la Alcaldía dijo que no iba a hacerlo”, agregó un vocero de los taxistas.
“Somos casi 180 propietarios y 200 taxistas que vamos a quedar sin empleo y endeudados con los bancos porque nosotros y nuestras familias que son casi 2.000 personas dependemos de estos vehículos”, dijo otro taxista.
Por su parte el alcalde defendió su postura indicando que de impartir nuevas tarjetas de operación estaría prevaricando. “Mis opositores ven este asunto como una oportunidad para decir que todo esto es culpa mía, como si yo hubiera firmado las resoluciones de 2018, pero lo cierto acá es que las familias y los propietarios fueron engañados por unos actos administrativos que no gozaban de validez jurídica”, apuntó.
Cano también dijo que él no ve en qué se favorecería la empresa ligada a su padre ya que esta no recibió ningún cupo. “Y eso de que al no dar las tarjetas quedamos sin competencia es falso porque hay otras tres empresas para repartir los 124 cupos”, dijo.
Veredales también afectados
Pero el transporte de taxis no es el único que quedó enredado en Caldas por una decisión judicial. Hace poco se conoció otro fallo que afecta el transporte veredal.
El asunto se remonta a 2001 cuando a raíz del Decreto Presidencial 170, el transporte veredal debía licitarse. No obstante –y de forma provisional– las alcaldías podrían adjudicarlas directamente para así no entorpercer este modo de transporte. En 2005 la Cooperativa de Transportadores de Caldas –pionera en esta actividad– se quedó por fuera del reparto directo de los casi 40 cupos para 19 rutas veredales pues estos terminaron en manos de las empresas de transporte del municipio por mandato de aquella alcaldía. Ante esto, a los dueños de los camperos les tocó pagar cupo en dichas empresas.
Por ello la Cooperativa demandó el reparto y el asunto llegó años después hasta el Consejo de Estado, el cual ordenó terminar con la provisionalidad en la asignación directa de rutas que ya llevaba más de 15 años en Caldas y licitarlas. Las empresas al quedar sin rutas habrían prescindido inicialmente de los camperos dejando en el limbo a los conductores y sus familias. Hoy operan con permisos temporales por dos meses.
“Luego del fallo a a favor de la Cooperativa, de un momento a otro la empresa en la que yo pagué $10 millones por el cupo me cortó los vínculos y me desafiliaron el carro. El gerente me dijo, ‘muerto el perro, muerta la chanda’. Ahora la empresa nos está tirando contra el municipio. Hubo un mal manejo desde las empresas y desde las administraciones pasadas que derivaron en todo lo que está pasando hoy”, apuntó un conductor de estas rutas.
Hay que hacer otro estudio
Según la Alcaldía, ante la no apelación del fallo, la única solución viable al tema de los taxis es la realización de un nuevo estudio metropolitano para determinar su cantidad de taxis en todo el Aburrá y que costaría $2.000 millones, por ello se adelantan diálogos con el director del Área.
“Lo otro es que otro juez suspenda este primer fallo, pero si lo ordena solo será mientras se haga el estudio”, apuntó Cano.
Sin embargo, los taxistas afectados creen que el anuncio es una maniobra dilatoria del alcalde para ganar tiempo hasta que rija la ley de garantías que congela los actos administrativos para que el chicharrón le quedase al próximo gobierno.
“Además hay otro problema, porque si estos cupos ya están adjudicados a otras empresas ¿usted cree que Flota Caldas va a recibirnos sin cobrarnos los cupos? Sabemos que no. Por eso los propietarios que compraron de buena fe, vamos a seguir sufriendo”, añadió un taxista.
Periodista de la Universidad de Antioquia. Al igual que Joe Sacco, yo también entiendo el periodismo como el primer escalón de la historia.