Si hay un crimen que ha marcado la historia de la comuna 13 en Medellín es el del padre José Luis Arroyave, un sacerdote sin parroquia que dedicó los últimos años de su vida al trabajo comunitario en la que en ese entonces era la zona más peligrosa de la ciudad.
El padre Arroyave fue baleado por dos hombres encapuchados en junio del año 2002, a la salida de la iglesia Juan XXIII en el barrio San Javier; un crimen que estaría relacionado con los intentos del cura por ponerle fin a la confrontación armada en la comuna.
Este viernes 9 de septiembre, 14 años después del homicidio, la Sala Penal de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín sentenció a 8 años de prisión al desmovilizado de los Comandos Armados del Pueblo (CAP) Fredy Alonso Pulgarín Gaviria, alias la “Pulga”, quien decidió someterse a Justicia y Paz a cambio de contar la verdad sobre lo sucedido con el padre Arroyave y sus otras cientos de víctimas.
Pulgarín ya había sido condenado por la justicia ordinaria a 32 años y 6 meses de prisión por el asesinato del padre Arroyave, pena que purga en la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Itagüí.
Sin embargo, al someterse a Justicia y Paz, Pulgarín también tuvo que aceptar su responsabilidad por otras 107 conductas delictivas entre las que se cuentan desplazamientos forzados, rebelión, extorsiones y 19 homicidios en persona protegida.
Los hechos ocurrieron entre los años 1997 y 2002 en cinco barrios de la comuna 13. La “Pulga” aceptó ante la Fiscalía que ingresó al grupo ilegal porque amenazaron con matarlo a él y a su familia.
En el fallo de primera instancia dos de los magistrados hicieron salvamento parcial de voto. Uno de los juristas dice que en la sentencia se incluyeron circunstancias de mayor punibilidad que no fueron sustentadas por la Fiscalía y que se ordenó el pago de perjuicios a la familia de una mujer que fue asesinada, pero no por Pulgarín.
El otro magistrado considera que no debió aplicarse la máxima pena alternativa de Justicia y Paz (8 años de prisión) porque se trata de un miliciano raso y no de un cabecilla de la organización.
El fallo aún podría ser apelado ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. La audiencia continuará el próximo 23 de septiembre.
