Líder de la Comunidad de Paz denuncia que les piden cuotas desde $500.000 hasta dos millones de pesos a comerciantes y propietarios de tierra.
Al asedio que ha sufrido por muchos años el corregimiento San José de Apartadó y en particular la Comunidad de Paz asentada allí, de parte de grupos armados ilegales se suma también el cobro de extorsiones del Clan del Golfo que no tendrían como fin el lucro económico sino la demostración de su dominio en la zona.
Arley Tuberquia, vocero de la Comunidad de Paz, asegura que en el último año ha habido un escalamiento de los ataques contra los pobladores en el territorio, incluso contra familias que no hacen parte del colectivo que él representa. Y lo último sería la exigencia de cuotas para respetarles sus vidas o para dejarlos trabajar en sus fincas.
Los cobros dependen de si se trata de un comerciante o propietaria de algún predio y las cantidades van desde 500.000 pesos hasta dos millones de pesos, e incluso habría ocurrido que a alguien le exigieron cinco millones de pesos “por dejar vivir a alguien o si no lo asesinaban”. Hasta ahora, apunta Tuberquia, ha conocido de por los menos diez casos.
Lo invitamos a leer: Asesinaron a madre e hijo dentro de una finca de la Comunidad para la Paz en Apartadó, Antioquia
“Lo más recurrente son los mensajes de texto o WhatsApp y llamadas telefónicas en las que les dicen ‘lo tengo ubicado’ o en otras ocasiones son más directos diciendo ‘no respondemos por su vida”, afirma Tuberquia, quien complementa que quienes amenazan se identifican como gaitanistas (miembros del Ejército Gaitanista, EGC, el otro nombre del Clan del Golfo).
De acuerdo con el líder, algunos han cedido, pero también, por esta razón, se habrían desplazado dos familias desde marzo hasta la fecha.
“Estos días, por ejemplo, salió de la zona una familia miembro de la comunidad porque dicen que no van a ceder a este chantaje, pero tampoco se pueden poner en riesgo”, expresó el líder comunitario.
Igualmente, le recomendamos: ¿Quién está detrás del asesinato de 2 campesinos de la comunidad de paz de San José de Apartadó?
Tuberquia sostiene que no es la primera vez que se sienten sofocados por los armados, porque de hecho ha sido el pan de cada día en varias décadas; sin embargo, esta relación tormentosa tiene momentos de mayor gravedad, como entre los años 2020 y 2021, cuando reunían a los pobladores para indicarles cómo debían comportarse y cuál era el impuesto, y ahora. En el área quienes cortan madera deben pagar un “impuesto” de 10.000 pesos por rastra y la cuota para quien venda una vaca son 50.000 pesos.
Aparte de esta exigencia de dinero hay otros hechos recientes que inquietan a la Comunidad de Paz: el asesinato de dos personas, madre e hijo, en una finca, el 19 de marzo de este año, la reunión que habrían hecho las AGC el 16 de abril pasado con las acciones comunales para hablarles en contra de la Comunidad de Paz y un robo de alimentos y maquinaria agrícola en el predio San Josecito, que es el núcleo de ese proyecto que enarbola la neutralidad frente a los actores armados. El fin habría sido provocar miedo, más que el lucro económico.
Fuentes de la Policía Urabá le dijeron a EL COLOMBIANO que conocieron de las presuntas “vacunas” a los campesinos de San José de Apartadó a través de las redes sociales, pero que no se ha presentado ninguna denuncia formal, no obstante que la Policía ha desarrollado campañas preventivas a través de las emisoras de la subregión con el fin de que la gente acuda a las autoridades cuando se presenten estas situaciones.
“De todas maneras estamos investigando y el Gaula tiene desplegada toda su capacidad en el área”, dijo la fuente de la Fuerza Pública.
Si quiere informarse mejor: Masacre de Apartadó fue declarada crimen de lesa humanidad
