Una declaración del presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de La Montañita, vereda de Campamento, donde la comunidad expulsó una brigada del Ejército este fin de semana, levantó ampolla este lunes. El líder campesino sostuvo que en la zona confían más en las disidencias de las Farc que en el propio Ejército.
Pero Jainober Jiménez no es solo presidente de la JAC de La Montañita, sino que es presidente de la organización que aglutina a todos estos organismos de constitución civil en Campamento. En un tono conciliador, en conversación con EL COLOMBIANO, reconoce que su planteamiento puede ser polémico y entrega las razones de lo ocurrido durante el fin de semana.
Dice el líder campesino que en La Montañita son cerca de 50 los afiliados a la JAC y, por lo menos, más de 100 los habitantes. El poblado está a una hora o una hora y media del casco urbano; el tiempo varía si se viaja en moto o auto. “Lo que ocurrió es que la semana pasada había presencia del Ejército, se dejaron ver de la comunidad y luego les pedimos que se retiraran”, afirma.
Pero el pedido, en palabras de Jiménez, tiene fundamentos: según su versión, miembros del Ejército han vulnerado los derechos de la comunidad, adelantando operativos agresivos y “estigmatizando” a la comunidad. “Sé que esta declaración puede ser contraproducente, pero no tenemos tranquilidad cuando ellos están en el territorio”, expresa.
Y, a paso seguido, agrega: “Hacemos lo que hacemos para poder transitar, pero lo invitamos a nuestro territorio para que conozca lo que ocurre. La gente se escandaliza cuando el campesino dice estas cosas, pero no hemos recibido amenazas”.
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Las amenazas que menciona Jiménez tienen que ver con las versiones que, hasta el momento, ha entregado la Cuarta Brigada del Ejército respecto a lo ocurrido en Campamento. En principio, trascendió que la expulsión de los militares por parte de la comunidad fue resultado de la coacción del Frente 36 de las disidencias de las Farc, comandado desde el Estado Mayor Central por el temido Iván Mordisco.
Y aunque Jiménez insiste en que no hubo coacción alguna para la expulsión de los militares y que en la JAC no tiene participación ningún actor armado, reconoce que en la zona se han acostumbrado a vivir con los disidentes y que incluso, en ocasiones, dan línea sobre la resolución de conflictos en la comunidad.
Pero esta imagen recreada por Jiménez, en palabras de Óscar Yedid Zapata, reconocido líder derechos humanos en Antioquia y conocedor de los actores armados que despliegan operaciones ilegales en el Norte, es más común de lo que se piensa y no solo es frecuente en Campamento, sino en pueblos como Tarazá y localidades de Urabá y Bajo Cauca.
¿Qué ocurre entonces? Que el conflicto que aqueja a estas zonas es complejo porque impacta e involucra a la población de diferentes formas. El mismo Jiménez reconoce que la postura de la comunidad respecto a lo ocurrido con los militares no resultó de un consenso pleno, pero que la mayoría estuvo de acuerdo.
Aparecen aquí dos escenarios, explica Zapata: puede que la población no legitime necesariamente a los armados, quienes podrían coaccionar a organismos como las JAC, sino que la relación con el Estado está tan desdibujada y rota que por esa misma razón se habla de más confianza en los primeros que en los segundos.
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“Los líderes en estas zonas tienen mucha desconfianza en las instituciones. La gente siente que el Estado no soluciona los problemas y esto deja un espacio de poder que luego es coptado por las organizaciones criminales. La legitimidad sí se gana por imposición del poder armado, pero aunque los ilegales tienen culpa, también la tiene el Estado, por omisión”, sostiene.
Para Zapata, la neurálgica situación que afronta el Norte del departamento, incluyendo a pueblos como Yarumal e Ituango, se cimienta en el incumplimiento de algunos apartados del Acuerdo de Paz con esta guerrilla. Uno de los compromisos que concebía este pacto tenía que ver con la ocupación de los territorios más afectados y con la activación de garantías.
“Pero, desde la firma, en municipios como Campamento la violencia ha aumentado. Eso permitió que las disidencias crecieran en la zona. Entonces no es novedad lo que pasa en este municipio y puede que las comunidades sean sometidas por estos grupos”, insiste Zapata, quien además precisa que allí hay una particular alianza entre las disidencias de Mordisco y el ELN.
El panorama entonces es más que complejo y pone, de por medio, justo en un espacio donde la acción es más compleja, a los civiles. Confirma otra fuente experta en seguridad que la zona rural de Campamento es controlada por el Frente 36 y que es difícil afirmar que no haya presiones a la población, “en medio de un régimen de terror”.
Lo que dice el líder Jiménez, quien además insiste en que se visite la zona para conocer de cerca sus particularidades, es que allí hasta se formulan “manuales de convivencia” para tramitar las situaciones que el Estado no atiende. Y que el día en que se sientan acosados por parte de ellos, las disidencias, “también lo vamos a decir”.
