La Gobernación de Antioquia y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), propietarias del 52,88 % de la Sociedad dueña de Hidroituango, le propusieron ayer a EPM (dueña del 46,33 %) que les compre su paquete accionario a cambio de una participación directa del ente territorial en la empresa de servicios públicos.
El negocio, tal cual está planteado, tiene un trasfondo judicial, por los litigios en curso entre la Sociedad y EPM tras los retrasos en la operación de la futura central hidroeléctrica; y otro histórico, que se remonta a 2008, cuando el Idea se hizo a la mayoría de la Sociedad, episodio conocido como la toma hostil.
El ofrecimiento no es nuevo y tiene un antecedente cercano. A 55 días de terminar su mandato, en noviembre de 2019, el entonces gobernador Luis Pérez Gutiérrez puso sobre la mesa la misma propuesta, justificando que la movida salvaría el futuro del megaproyecto, toda vez que ahorraría pleitos que se pueden prolongar hasta por 20 años, y agilizaría la solución de problemas legales.
Pérez dijo que la moneda de cambio sería la entrega total o parcial de algunas hidroeléctricas que están en funcionamiento, con lo que se crearían las Empresas Públicas de Antioquia, robustecidas con las centrales que tiene el Idea.
Federico Gutiérrez, alcalde en ese momento, respondió que le parecía “una propuesta extemporánea” que requería un análisis profundo que ya no tenía tiempo de realizarse.
Los mandatarios recién elegidos dieron puntadas a su turno. El gobernador electo, Aníbal Gaviria Correa, dijo que la propuesta de Pérez le pareció “extemporánea y confusa”, incluso, la calificó como un “galimatías”; mientras que el alcalde electo Daniel Quintero consideró que era “una propuesta interesante” que se debía analizar en detalle.
Casi 20 meses después, la oferta vuelve a la mesa con otras condiciones. El gobernador (e) Luis Fernando Suárez formalizó la intención en una reunión ayer a la que asistieron el alcalde Quintero y los gerentes de EPM, el Idea y de la Sociedad Hidroituango.
Pleito millonario
El negocio, según justificó Suárez, evitaría un conflicto judicial que puede prolongar un enfrentamiento entre la Sociedad y EPM. En este frente hay otro antecedente clave. La junta directiva de la Sociedad aceptó el 6 de octubre pasado buscar un arreglo directo con EPM para dirimir los conflictos derivados de la contingencia que comenzó en 2018.
Una semana antes, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado había negado en segunda instancia el mandamiento de pago contra EPM, exigido por la Sociedad por $117.828 millones, tras los incumplimientos contractuales en la megaobra.
Uno de los puntos de la reclamación es el hito 7 consignado en el contrato Boomt, mediante el cual EPM se comprometió el 30 de marzo de 2011 a efectuar las inversiones para la financiación, construcción, operación y mantenimiento de la futura central.
Este hito contractual consistía en el cierre de las compuertas de desviación y el inicio del llenado del embalse, lo cual debería ocurrir, a más tardar, el 1 de marzo de 2018. Según la reclamación de la Sociedad, el hito 7 no se cumplió dado que las compuertas de desviación no fueron cerradas, “por cuanto, en contravía de las obligaciones contractuales, ni siquiera fueron instaladas”. La Sociedad añadió que en forma unilateral el contratista modificó los diseños del proyecto y decidió no instalar las compuertas, lo que configuró el incumplimiento.
Estas fueron las mismas razones que agitaron las disputas entre los gobiernos de Pérez y Gutiérrez.
Suárez dijo ayer que esta propuesta tiene su origen, precisamente, en el hecho de que EPM, como constructor del proyecto Hidroituango en el marco del contrato Boomt, tiene unas obligaciones con la Sociedad que no han sido cumplidas y son el motivo de varias demandas de esta Sociedad contra EPM.
“La solución de un conflicto con las complejidades y repercusiones de este no debería llevarnos a los escenarios judiciales, esta debería ser la última opción”, sostuvo.
El gobernador encargado expresó que este negocio le permitiría, en su justa y adecuada proporción, contar a la Gobernación con unos recursos seguros anuales producto de las utilidades de EPM.
La participación minoritaria de la Gobernación, “además de posibilitar sinergias en el territorio, sería un conveniente reflejo de la realidad de una muy importante presencia de EPM en toda Antioquia y estimularía el fortalecimiento del gobierno corporativo”, añadió Suárez en la misiva.
EPM respondió en un escueto comunicado que analizará con su equipo los alcances de la propuesta y la conveniencia para la organización y que informará la decisión adoptada.
Suárez manifestó la disponibilidad de adelantar reuniones de trabajo jurídicas y financieras para definir los términos de la negociación y darle a la opinión pública una respuesta definitiva.
Un dosis de historia
En junio de 1998 fue creada la Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero Ituango para impulsar de nuevo el proyecto. Los estudios que complementaron la factibilidad de la central y la elaboración del informe de impacto ambiental concluyeron en 2006. Ya con una ruta de estructuración en firme, prosiguió la negociación accionaria y la licitación de la obra.
En julio de 2008 tuvo lugar la conocida toma hostil, momento en el que el Idea le ganó la puja por el control accionario de la Sociedad a EPM comprando poco menos del 6 % de los accionistas minoritarios y el 0,81 % de la Empresa de Energía de Bogotá, movida que le costó $98.966 millones y que generó una polémica mayor. Así, el Idea se quedó con el actual paquete de 52,88 % de las acciones y EPM conservó el 46,5 % de la Sociedad.
En enero de 2010 se convocó a una subasta para entregarle al mejor postor el megaproyecto. A la etapa de preclasificación pasaron cuatro firmas brasileñas, una surcoreana, una china y EPM. Pero cuatro meses después, el 27 de mayo, se suscribió un acuerdo de voluntades entre EPM y la Sociedad para que la primera se encargara del proyecto.
El 30 de marzo de 2011 se firmó el famoso contrato Boomt (Build, Own Operate, Maintain and Transfer, por sus siglas en inglés), mediante el cual EPM Ituango, en ese entonces filial de EPM, se obligaba a efectuar las inversiones para la financiación, construcción, operación, mantenimiento y entrada en operación comercial.
La construcción, según el contrato, demoraría ocho años y la operación 42. El proyecto deberá transferirse de nuevo a sus dueños en 50 años. Finalmente, el 28 de agosto de 2012, EPM adjudicó al Consorcio CCC Ituango (integrado por la firma brasileña Camargo Correa y las colombianas Conconcreto y Coninsa Ramón H.), la construcción de las obras civiles principales.
El debate que comienza
Nicolás Posada, director del Comité Intergremial de Antioquia, opinó que el negocio se debe analizar pensando en el futuro de Medellín y Antioquia, y no en los intereses de los gobiernos de turno. “Lo importante será que el Departamento garantice que la inversión de recursos de Hidroituango y el flujo futuro de ingresos estimados por la obra estén asegurados en igual cuantía o superior”, agregó.
Esa posición la comparte Lina Vélez de Nicholls, presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia: “Serán fundamentales tres condiciones. Primero, que haya claridad sobre el acuerdo pendiente entre el Departamento y EPM en relación con el pleito por el contrato Boomt; segundo, el hecho de que EPM pase a ser la propietaria del 100 % de Hidroituango no debe dar vía libre para que la hidroeléctrica cambie su rumbo, porque se debe terminar la obra. Y, tercero, es fundamental que en todo el proceso se respeten rigurosamente los principios del Gobierno Corporativo de EPM”.
Mauricio Restrepo, gerente de EPM entre 1995 y 1998, llamó la atención en la composición accionaria. Consideró, primero, que la venta de la participación de la Gobernación y el Idea a EPM “es un gana-gana” que resolvería el conflicto de intereses que siempre ha tenido la segunda, al actuar al mismo tiempo como socio y contratista. Sin embargo, para que la Gobernación tenga participación en EPM, indicó, primero se tendría que adelantar una transformación jurídica de EPM, lo que conllevaría después a una modificación sustancial de sus estatutos.
Pero no solo EPM y la Gobernación de Antioquia deberán analizar la propuesta. “La Asamblea espera que el gobierno le explique la conveniencia a largo y corto plazo. Vamos a comenzar a asesorarnos y a pedir conceptos de la academia y los expertos”, expresó Jaime Cano, diputado y presidente de la Asamblea, la misma que se reunió ayer en la tarde con el gobernador (e) para estudiar la propuesta.
Por su parte, el economista, abogado y asesor empresarial, José Roberto Acosta, recordó que, como dicta el refrán, pedir no es vender ni ofrecer es comprar. “En esta propuesta de negocio falta poner el precio, porque en la oferta no se menciona ningún monto (...) Para valorar empresas hay herramientas técnicas, pero el resultado es un arte y en mi experiencia de tres décadas salen precios que no tienen mucha explicación, pero que otros calculan. Ese es el trabajo que, a mi juicio, le compete ahora a las juntas directivas”.
Esa valoración del negocio será clave. “Como lo veo, por ningún motivo se puede hacer canje o cambio de acciones de Hidroituango por acciones de la empresa. Eso sé que no está contemplado (...) Lo que revisa EPM ahora es si la pretensión económica de la Gobernación para esa venta es viable y esos valores no se han revelado. Tiene que ser un monto razonable para EPM”, dijo a este diario el presidente del Concejo de Medellín, Jaime Cuartas.
Posada, de Intergremial, asegura que “la propuesta es cambiar una inversión por otra. Medellín no va a dejar de recibir ingresos o utilidades a los que está acostumbrada desde EPM, porque si bien repartiría utilidades con el Departamento, tendría las de Hidroituango”.
Vélez de Nicholls recordó que “ha sido un anhelo histórico del Departamento tener participación accionaria en EPM, no solamente por lo que podría significar en utilidades, sino por la necesidad de mejorar la prestación de servicios públicos en los municipios de Antioquia; además el agua que provee EPM en su mayoría proviene de municipios por fuera de Medellín”.
La decisión marcará el curso de las aguas que llegan y saldrán de Hidroituango
98.966
millones de pesos pagó el Idea en 2008 para hacerse con la mayoría accionaria.
