El futuro de la hidroeléctrica Ituango está hoy pendiendo de un hilo —si cabe la expresión— luego de una jornada en donde la continuidad de los contratistas que hoy ejecutan los trabajos y la financiación por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) quedaran en tela de duda.
Mientras por un lado el alcalde Daniel Quintero está decidido a cambiar de contratistas, por otro el presidente Iván Duque prendió las alarmas ante el riesgo de que el BID corte la financiación del proyecto y cobre de manera inmediata la deuda que acumula, tal como le confirmó a EL COLOMBIANO una fuente de alta credibilidad que conoce los movimientos de esa institución.
Una jornada turbulenta
Todo comenzó en la mañana de ayer cuando la periodista Darcy Quinn en la FM reveló que el alcalde ya tenía decidido el cambio de contratistas.
Así mismo, durante las primeras horas del día, también se hizo pública una carta del representante legal del Consorcio CCC Ituango (conformado por las empresas Coninsa, Conconcreto y Camargo Corrêa Infra), Santiago García Cadavid, dirigida al gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo.
Al comienzo de la misiva, García arrancó revelando que en una reunión privada realizada el pasado miércoles 20 de octubre, el vicepresidente de Asuntos Legales de EPM, Jhonatan Estiven Villada Palacio, le pidió al Consorcio emprender una búsqueda de firmas constructoras a quienes entregar el contrato de la megaobra.
“Nos fue presentada por el sr. vicepresidente jurídico, en nombre de la Gerencia, la solicitud de que buscásemos una o varias firmas constructoras para cederles nuestro contrato”(SIC), se lee en el documento, con fecha del pasado jueves 21 de octubre. Allí, García Cadavid aclaró que, pese a esa solicitud verbal, EPM se ha negado a formalizar por escrito su deseo de que CCCI se retire de la obra.
Según explicó García en entrevista con este diario, la solicitud de Villada cayó en un ambiente ya caldeado por las declaraciones que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha venido profiriendo en varios medios de comunicación y en sus redes sociales, cuestionando el trabajo del consorcio constructor y planteando un escenario en donde este se quede por fuera.
Tan solo el pasado 16 de octubre, en una entrevista con el periódico El Tiempo, Quintero Calle sostuvo por ejemplo que las empresas constructoras debían asumir los pagos por los problemas en la obra y se mantuvo en que EPM avanza en un plan para un eventual cambio.
“Ellos buscan excusas legales para evadir su responsabilidad con el país. (...) los contratistas tienen la opción de ceder el contrato. De no hacerlo, EPM avanza en un proceso de selección objetiva. En principio el retraso era de 16 meses si los contratistas salían, hoy lo calculamos en 4 meses”, dijo el alcalde.
Según argumentó García, dado que por su cargo Quintero ostenta también el papel de presidente de la Junta Directiva de EPM, CCCI decidió exigir a la empresa sentar una posición formal sobre una eventual salida suya.
“Cuando firmamos la prórroga de este año se acordó que si alguna de las dos partes no quería seguir le tenía que indicar a la otra con seis meses de anticipación. Nosotros ya le hemos dicho a EPM que estamos dispuestos a seguir, pero ellos no nos han dicho si quieren que sigamos o no”, explicó el líder del consorcio constructor.
Según aclaró, aunque cuando venza la última prórroga firmada, el próximo 31 de diciembre, EPM tendrá plena potestad de decidir quién sigue al frente de la obra. Antes de esa fecha, el consorcio no tiene por qué ceder el contrato si no hay una inhabilidad, agregó.
Continuidad en vilo
Tras conocerse la carta de CCCI, el segundo sacudón sobre la obra vino por parte del BID, luego de que se conociera que al interior de esa institución se evalúa seriamente cortar la financiación sobre el proyecto en caso de que EPM tome la decisión de cambiar a los contratistas el próximo 31 de diciembre.
Aunque durante las primeras horas de la mañana esa situación era un secreto a voces, EL COLOMBIANO pudo confirmar con una fuente de alta credibilidad, que conoce las conversaciones en ese organismo, que se ve con preocupación los daños que podría sufrir el cronograma de obra en caso de que se vayan los actuales constructores.
A parte de cortar el flujo de recursos, la amenaza del BID vino por partida doble, ya que el banco también estaría dispuesto a cobrar por anticipado el abultado monto de recursos que EPM ya le adeuda, abriendo el camino para que más acreedores hagan lo mismo con la empresa, que ya tiene sus límites de endeudamiento al máximo.
Esta no es la primera vez que ese organismo amenaza con hacer efectivo el cobro de la deuda.
A finales de septiembre pasado se conoció que el BID Invest, el ala privada del BID, se había reunido con emisarios del Gobierno Nacional a quienes advirtió que si Hidroituango no empezaba a generar en junio de 2022, en un plazo de menos de 45 días le iba a exigir a EPM cumplir con sus compromisos.
Para ese mes, la deuda de EPM ascendía a 450 millones de dólares, que de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente equivaldría a más de $1,7 billones.
En caso de que más acreedores sigan el ejemplo del BID, EPM entraría en una crisis sin precedentes, ya que en total acumula una deuda por más de $22 billones.
Advertencia presidencial
Luego de la noticia del BID, el siguiente capítulo fue protagonizado por el presidente Iván Duque, que en una rueda de prensa otorgada en el marco de una inauguración de un parque solar en el municipio de Castilla La Nueva, en Meta, le salió al paso al ruido generado sobre Hidroituango.
En primer lugar, el mandatario confirmó que el BID se retiraría del proyecto en caso de que haya un cambio de contratista, expresando que ese escenario “pondría en riesgo la continuidad de la obra”.
Aunque en su pronunciamiento, Duque no hizo mención al alcalde, sus palabras cayeron como una crítica directa a sus gestión.
“Eso que hoy se ha conocido, que el Banco Interamericano de Desarrollo saldría si hay un cambio de contratistas tenemos que tomarlo muy en serio los colombianos, porque no podemos perder la presencia del BID”, dijo el presidente, que agregó: “El BID ha sido un organismo que genera credibilidad y confianza por sus prácticas sociales y ambientales. Una salida del BID puede poner en riesgo la continuidad de este proyecto”.
Esta es la tercera vez en menos de una semana en la que Duque advierte que no se pueden cambiar los contratistas. Lo hizo durante la entrega de Pacífico 2, cuando planteó que las pólizas deberían activarse para salvar el proyecto.
Así mismo, durante un discurso para la gala de El Colombiano Ejemplar, el presidente insistió en que la entrada en operación de Hidroituango no puede sufrir contratiempos por su importancia para el futuro energético del país.
“No podemos tener un solo retraso, una sola demora que ponga en riesgo la entrada en vigencia de un proyecto que puede llegar a representar la más grande oportunidad de generación y al mismo tiempo de transmisión cuando entre la energía a ser distribuida en el territorio”.
Obras en suspenso
El ‘tatequieto’ de Duque y el BID se produce en medio de un escenario en el que ya comenzaron a hacerse las cuentas de cuánto sería el nuevo contrato que tendría que firmar EPM.
Aunque en un principio se había hablado de $4,5 billones de pesos que faltan por ejecutar, tanto el alcalde como el gerente señalaron la semana pasada que habían “recalculado” ese monto y que faltan al menos $6,1 billones de pesos por ejecutar.
Este incremento se transformó en una nueva preocupación, ya que la firma de un contrato de estas dimensiones se produciría en medio de un ambiente caldeado y minado por cuestionamientos a la transparencia de la Alcaldía y EPM.
En paralelo a estas dudas, también entran en el radar que el cambio de constructores tendría que hacerse en un tiempo récord, toda vez que si se cambian los contratistas, los nuevos tendrían que arrancar trabajos a más tardar el primero de enero; es decir en 69 días.
De ser así, es posible que nunca antes en la historia de Colombia se haya hecho un proceso de contratación por ese monto tan alto en ese corto tiempo. Sin duda, los organismos de control tendrán que estar alertas para que esa movida se haga con toda la rigurosidad y la transparencia que un proyecto de esta magnitud, que puede afectar a todos los colombianos, requiere.
Cabe recordar que desde hace más de un año, el Sindicato de Profesionales de EPM (Sinpro) denunció que detrás de todo el ruido había un plan b del alcalde Quintero, que quería volver a contratar con una empresa china. Y la historia parece estar dándoles la razón. Entre las empresas que EPM invitó a Hidroituango para eventualmente asumir la obra están la china Sinohydro, de dudosa reputación según el Banco Mundial, y el Grupo Ethuss, del polémico William Vélez.
$6,1
billones de pesos es el costo de las obras restantes en Hidroituango.
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