En noviembre de 2013, el gerente General y el secretario General de Plaza Mayor Medellín cambiaron al operador especializado de los parqueaderos, por una empresa a la que escogieron por, supuestamente, ser fuerte en inversión en tecnología. La nueva firma incumplió a tal grado el contrato, que en agosto de 2014 se detectó que no había un control del dinero y en octubre de ese mismo año se estableció que el recaudo seguía siendo manual y no se tenía sistematizado el proceso.
Esas denuncias las hicieron empleados de Plaza Mayor, están en 33 actas del comité de parqueaderos conocidas por EL COLOMBIANO y tienen que ver con un negocio que solo entre 2014-2015 generó 3.456 millones de pesos en ingresos.
La compañía Cinco SAS firmó un acuerdo de colaboración empresarial con Plaza Mayor el 30 de noviembre de 2013, el 1 de diciembre recibió 730 celdas de parqueo y se obligó a montar en los siguientes 30 días los modernos equipos. El operador recogería el dinero, lo depositaría en una cuenta de Plaza Mayor y esta le consignaría el 49 por ciento de los ingresos brutos en los primeros 15 días del mes siguiente.
Eso dice el acuerdo. Sin embargo, las actas revelan que Cinco SAS usó talonarios y recaudó manualmente dinero; incurrió en reiterados incumplimientos; hizo negocios sin consultar, como era su deber, y no instaló a tiempo la tecnología. Aun así, Plaza Mayor no le cobró ni un peso de multa ni le caducó el contrato, pese a que las partes, libremente, pactaron esas dos cláusulas. Veamos:
5 de diciembre de 2013. El acuerdo llevaba cinco días de vigencia y en la reunión se trató la “revisión contrato”. Entre los compromisos, quedó “establecer por ambas partes la mejor manera de recaudar el dinero”.
10 de febrero de 2014. “Se tienen talanqueras que están funcionando manual”, los dispensadores de tarjetas están en pruebas “y no quedan físicamente”. “Se hacen controles manuales, pero de manera más exigente”. A falta de equipos, “se manejan talonarios de facturación, con consecutivos divididos por pabellones”.
13 de febrero de 2014. “Cinco propone hacer un otrosí al contrato”. El acuerdo está en marcha, pero se discute “cómo es el plan de obligaciones de parte y parte” y “de qué manera Cinco obtiene lo que le corresponde”. Plaza Mayor no controlaba el dinero: “Cinco informa que del 1 al 17 de diciembre consignaron en la cuenta de Cinco, pero ya ellos hicieron el traslado a la cuenta de Plaza Mayor y a la fecha nos consignan en la cuenta nuestra. Plaza Mayor no le ha pagado a Cinco su 49%”. Aún se discutía el manejo del dinero: “Cinco propone que haya una cuenta compartida”.
13 de marzo de 2014. “El director de interventoría informa el papel que está cumpliendo en la reunión. Dado que se ha venido incumpliendo con varios artículos del contrato”. Dice el acta que “a la fecha, no se ha realizado otro sí prorrogando el tiempo de entrega de los equipos por parte de Cinco, porque ellos no han entregado el cronograma”.(Algo no cuadra. La auditoría que en abril de este año hizo la Secretaría de Evaluación y Control del Municipio de Medellín, afirma que el 19 de enero de 2014 se firmó un Otrosí, que le amplió a Cinco SAS hasta el “31 de marzo de 2014” el plazo para instalar los equipos. ¿Significa eso que, verbalmente, se ampliaron los otros plazos?).
28 de marzo de 2014. Hay dos actas del comité de parqueaderos, de dos reuniones a la misma hora. A una, fueron 7 personas, de las cuales 4 habrían participado, simultáneamente, en otra reunión del mismo comité. Lo relevante es que una de las actas recogió el “compromiso de instalación de toda la tecnología el 30 de mayo”.
21 de mayo de 2014. Cinco SAS hizo un negocio con Nice Car para el lavado de autos en los parqueaderos. “Marvin Acevedo (director de Interventoría) recordó que el contrato establece que “el colaborador tiene el deber de informar. Plaza Mayor debe de (sic) ser socio en todos los negocios que se hagan. Claudia (Londoño, directora de Cinco SAS) lo asume como un aprendizaje para otra próxima vez”. También se reiteró que “la fecha límite de entrega de tecnología estará para el 30 de mayo”.
13 de junio de 2014. “Ana María manifiesta que ella considera que es necesario tener instalada toda la tecnología y que es necesario tener en cuenta la resolución de tarifas que rige hasta diciembre de 2014”.
18 de julio de 2014. Bajo el subtítulo “cobros manuales” se reportó que el pabellón verde funcionaba en forma manual, que “el punto de pago automático no ha llegado”, que los usuarios se estaban llevando las tarjetas, razón por la cual se previó para un evento que “cuando se agoten las 400 tarjetas se va a realizar cobros manuales”.
11 de agosto de 2014. El único tema fue el recaudo de los parqueaderos. “Carlos Jaramillo informa que no coinciden los consecutivos de los tiquetes. Don Carlos informa que no hay control del dinero, este sugiere que los consecutivos deben estar relacionados en la planilla de recaudo. Claudia muestra una consignación que se hace así, pero Gladys informa que hay consignaciones y que ella no trae los soportes porque son muchos”. Así mismo, “Ana María informa que se encuentran malos la talanquera y que solo hay una persona y que es difícil controlar la entrada”.
14 de agosto de 2014. El gerente General, Gabriel Jaime Rico Betancur, asistió a la reunión del Comité de Parqueaderos, junto con el gerente Financiero y Administrativo, David Rodríguez Restrepo. “El gerente hizo énfasis en lo importante que es para Plaza Mayor la presentación y trato que dan los empleados de Cinco a los clientes y usuarios que nos visitan”. Ante esto, Claudia Londoño, dijo que Cinco se comprometía “a mejorar los aspectos de atención al cliente y presentación personal de sus empleados”.
25 de agosto de 2014. “Ana María manifiesta la preocupación porque el sistema detector de placas no existe y es necesario consultar este tema con la gerencia de Plaza Mayor”.
10 de septiembre de 2014. Han pasado más de diez meses desde el inicio del contrato con Cinco SAS y en el punto de tecnología, se consignó que “en este sentido el abogado David Ángel informa que hay incumplimiento”.
Ni cinco de experiencia
Desde 2005, los parqueaderos de Plaza Mayor fueron manejados por Aparcaderos Autonorpe, sociedad creada en 1967. Adriana Carola Peláez Gómez, su gerente General, afirmó que el negocio es rentable. Sus cuentas indican que entre enero de 2010 y noviembre de 2013 le entregó 2.581 millones de pesos a Plaza Mayor, mientras que esta última dice haber recibido 2.635 millones de pesos en ese mismo período.
Autonorpe siempre se ganó ese contrato en licitaciones. En 2013, antes de vencerse el último que ejecutaron, les dijeron que bajo esa misma modalidad se escogería al operador. Pero no fue así.
El 29 de noviembre de 2013, a la 1:37 p.m., Peláez Gómez recibió un email del supervisor del contrato, Juan Álvaro Rendón Puerta. Este último es el mismo funcionario que, de palabra, y por decisión de “los de arriba”, prorrogó un contrato de jardinería y mandó a hacer un pájaro de 15 millones de pesos.
“Hola, por orden de gerencia General y secretaría General el contrato de parqueadero se da por terminado el 30 de noviembre de 2013, por tal razón a las 0:00 horas se debe entregar el parqueadero a la señora Ana María Zarrave, coordinadora de inmobiliario y a la empresa Cinco SAS”. En ese momento el gerente General era Gabriel Jaime Rico Betancur y el secretario General, Fernando Córdoba Carmona.
Rico Betancur le aseguró a este diario que él no dio tal orden; dijo que el contrato de concesión con Autonorpe era de tres años, terminando en septiembre de 2013, y que a él y a Córdoba Carmona se les presentó como dueño de Cinco SAS Carlos Augusto Palacio Olaya, representante legal principal, y Jackelina de la Cruz Palacio Olaya, como suplente.
Cinco SAS no sabía de parqueaderos. Datos del Registro Público Mercantil indican que esta sociedad nació el 10 de noviembre de 2003 con el nombre de Te Instalamos y dedicada a servicios de transmisión de radio y televisión por suscripción. El 15 de marzo de 2013 cambió el nombre a Compañía Integral Negocios de Colombia SAS. Sus servicios son variados. Van desde redes domiciliarias de telecomunicaciones, hasta estudios de mercado, pavimentaciones, construcción de parqueaderos, de acueductos y alcantarillado, amén de la representación de empresarios nacionales y extranjeros.
En su auditoría, la Secretaría de Evaluación y Control de Medellín reveló que aunque el negocio era la operación de los parqueaderos de Plaza Mayor, Cinco SAS certificó experiencia en “mejoramiento y adecuación de alcantarillado, diseño, construcción, mantenimiento e instalación de redes, construcción, alcantarillado y obras complementarias, compra de materiales y servicios de levantamiento de mapping”.
(Vea aquí la Auditoría del Municipio de Medellín a los parqueaderos de Plaza Mayor y otros temas)
Rico Betancur manifestó que a esta sociedad, Cinco SAS, se le tomó en cuenta su experiencia en temas de tecnología, contratación de recurso humano, terciarización, recaudos y manejo de cartera, “los cuales están directamente relacionados con el contrato de colaboración empresarial” que se firmó. También “se revisó su capacidad de realizar la inversión en tecnología, necesaria para tener unas instalaciones modernas, logrando para Plaza Mayor un ahorro importante en este tema”.
Juan Gonzalo Ángel Restrepo, quien fuera “el rey de la televisión por cable” en Colombia, le señaló a este diario que más o menos en el 2000, cuando era presidente y propietario de CablePacífico, Carlos Augusto Palacio Olaya se inició como contratista, vendía instalaciones y, entre otras actividades, tendía redes.
“Empezó de abajo para arriba y cuando yo vendí la empresa hace 10 años a Telmex (2006), hoy llamada Claro, la empresa de Carlos que mencionas ya contaba con más de 500 empleados y era el contratista más eficiente con sucursales en varias ciudades. Yo vendí CablePacifico, y desde eso no sé qué tipo de relación ha venido llevando Carlos con Claro, pero supongo que muy buena, pues como te digo era el más eficiente de todos los contratistas”.
Ángel Restrepo y los Palacio Olaya fueron socios en Market Express (en liquidación, según registros). Importaban desde China fibra óptica, cable coaxial y otros elementos para la construcción de redes de telecomunicaciones, a bajos costos. Traían grandes volúmenes y vendían a otras empresas. “Pero, dijo Ángel, tuvimos mala suerte, ya que Carlos Slim es dueño de la empresa Condumex, que fabrica cable y otros elementos en México, y suspendió las compras de CablePacifico, el mayor cliente, por lo que tuvimos que cerrar el negocio”. Fuera de eso, precisó el empresario, desde hace 10 años no ha tenido negocios con Carlos y Jackelina.
(Vea aquí la respuesta del empresario Juan Gonzalo Ángel Restrepo).
Sin licitación
A esa compañía, Cinco SAS, le entregaron directamente el negocio de los parqueaderos. ¿Por qué?
Una empresa mixta, con capital público inferior al 90 por ciento, no se rige por el Estatuto General de Contratación, sino que se sujeta a su manual de contratación, le explicó a este diario el 30 de septiembre de 2015 Uriel Sánchez Zuluaga, a la sazón gerente General de Plaza Mayor.
En igual sentido respondió Rico Betancur, quien agregó que “cumpliendo el manual de contratación de Plaza Mayor, se realizó un estudio de mercado con varias propuestas, tanto en materia de operación como de tecnología, para encontrar un modelo de negocios que permitiera mayores beneficios para Plaza Mayor”.
Otra fue la versión que, el 20 de noviembre de 2015, María Catalina Bolívar Castaño, secretaria General (e), le dio a la Junta Directiva: “actualmente se cuenta con un contrato de colaboración empresarial con la empresa Cinco SAS, con esta empresa no hubo un proceso de selección que estuviera contemplado en el manual, porque un contrato de colaboración es un contrato atípico y no está regulado por la ley comercial, pero se hizo un estudio de mercado y Cinco SAS se ajustaba a las necesidades de Plaza Mayor”.
El 27 de abril de 2016, Juan David Pérez Ortíz, actual gerente General de Plaza Mayor, corrigió esa última versión, al afirmar que “la figura del acuerdo de colaboración empresarial sí se encontraba contemplada de manera expresa el 30 de noviembre de 2013” en el Estatuto de contratación de la entidad. También señaló que hubo una selección directa de Cinco SAS, a la que no le pidieron una mínima experiencia en operación de parqueaderos ni le exigieron que mostrara sus estados financieros, con lo cual, vale anotar, era imposible determinar qué tan robusta podía ser en materia de inversiones.
¿Como tienda de barrio?
En diciembre de 2013, cuando le entregaron los parqueaderos de Plaza Mayor, Cinco SAS no estaba preparada para operarlos.
La primera evidencia la aportó el supervisor del acuerdo, Juan Álvaro Rendón Puerta. En el correo, antes citado, le manifestó a la gerente de Autonorpe: “pongo a consideración la posibilidad de alquilar los equipos que están instalados durante el período de 15 días y qué costos tendrá este servicio”.
Autonorpe dijo que no y Cinco SAS se vio en líos para honrar los compromisos que adquirió con Plaza Mayor, como lo evidenciaron las actas del comité de parqueaderos.
Los problemas denunciados por los empleados de Plaza Mayor en esos documentos internos, coinciden con la alerta que, el 23 de septiembre de 2015, le hizo a este diario un ciudadano, quien vía email pidió investigar algo que le parecía extraño en el trabajo de Cinco SAS: “Durante meses, creo que un año, dijeron que iban a poner máquinas y así se la pasaron un año, atendiendo el servicio con tiquete en mano, un recibo de papel como si fuera una compra cualquiera en una tienda de barrio”.
Y agregó, la misma fuente reservada, que el manejo era tan artesanal, que no se sabía quiénes eran clientes, quiénes pagaban por meses o quiénes eran ocasionales. A esa fecha (septiembre de 2015), “sigue siendo un parqueadero que no expide facturas ni tarjetas, no es automatizado a pesar de tener unas máquinas. Al lado de las máquinas siempre hay un joven anotando y operando”.
El ciudadano se preguntó por qué una empresa como Plaza Mayor no había contratado a una firma seria y con experiencia y por qué, como lo había visto con sus propios ojos, “se hacen anotaciones en un cuaderno, como si fuera una natillera”.
El informante estaba bien documentado. Así lo corroboró esta acta del comité de parqueaderos de Plaza Mayor del 15 de julio de 2014.
En esa ocasión, Claudia Londoño, de Cinco SAS, informó “que el gerente de Cinco tomó la decisión de consignar el dinero en una cuenta de ellos” y añadió que la decisión se tomó porque no se había llegado a un acuerdo en algunos eventos. El gerente financiero y Administrativo de Plaza Mayor, David Rodríguez Restrepo, se opuso al incremento de tarifas y sostuvo que “no ha visto señalética, falta el punto de pago automático, tecnología”.
La representante del operador “informa que a partir de hoy se vuelve a consignar en la cuenta de Plaza Mayor”. Rodríguez Restrepo anotó que “el gerente de Cinco no puede cambiar las condiciones del contrato, porque se está haciendo recaudo de dineros públicos”. El mismo ejecutivo advirtió que “cualquier incumplimiento del contrato da causal de terminación unilateral del contrato”.
Y es que, libremente, las partes pactaron que en caso de incumplimiento, Plaza Mayor le podría imponer administrativamente a Cinco SAS multas sucesivas entre dos y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (o sea entre 1,3 y 3,4 millones de pesos), “cada vez y para cada caso de infracción de las obligaciones emanadas del presente contrato”.
De no pagarlas en 10 días hábiles, dice el mismo contrato, las multas se harían efectivas con cargo a la garantía de cumplimiento, “sin perjuicio de que se declare la caducidad”. Esta última sanción quedó plasmada en la cláusula trigésima primera y, en caso de declararse, Cinco SAS tendría que pagar como cláusula penal “una suma equivalente al 10 por ciento del valor del acuerdo al momento de la imposición de la multa”. Tal cuantía, se añade, sería un pago parcial por concepto de perjuicios ocasionados a Plaza Mayor.
A juicio de Juan David Pérez Ortiz, Plaza Mayor sí podía, como de hecho lo hizo, pactar las multas, pero “lo que no es posible es imponerla de manera unilateral”, dado que esa facultad solo la tienen las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Por eso, en caso de ser necesario poner una multa, “se debe acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para que la imponga”.
Con respecto a la caducidad, Pérez Ortiz afirmó, de manera reiterada, “que la misma no se encuentra pactada” en el acuerdo suscrito con Cinco SAS y que la alusión a esa figura jurídica “puede ser a causa de un error en la redacción del contrato”.
Cinco cumplió: exgerentes
A la pregunta de si lo denunciado por su mismo comité de parqueaderos no era suficiente motivo para declarar la caducidad del contrato, el exgerente Gabriel Jaime Rico Betancur manifestó que “jurídicamente la terminación de un contrato de forma unilateral y sin cumplir los requisitos legales, genera costosas demandas que ponen en riesgo el patrimonio público. Existen pólizas y garantías suficientes en los contratos para respaldar cualquier tipo de incumplimiento”.
Consultado sobre si él dio la orden de continuar con el contrato de Cinco SAS, a pesar de las presuntas irregularidades, Rico expresó que “en lo que recuerdo, hacia abril de 2014, ante las quejas frecuentes de usuarios y en redes sociales, se detectaron fallas en la comunicación del personal que laboraba en el parqueadero, la recolección de basuras y por ejemplo problemas de insuficiencia de personal en los eventos de gran formato. Para todo eso se hicieron comités de parqueaderos, seguimiento semanales, auditorías y planes de mejoramiento”.
En concepto de Rico Betancur, durante el tiempo en que él estuvo como gerente General de Plaza Mayor, Cinco SAS “cumplió con las obligaciones establecidas en el acuerdo de colaboración empresarial”, al que se le hicieron ajustes y planes de mejora.
Su sucesor, Uriel Hernando Sánchez Zuluaga, también declaró que el acuerdo “en sus diferentes líneas de ejecución se ha desarrollado de manera satisfactoria en los términos del contrato, según las verificaciones y reportes de los responsables”.
Y el actual gerente, Juan David Pérez Ortiz, precisó que bajo la responsabilidad de la secretaría General, al contrato con Cinco SAS se le hicieron modificaciones, mediante dos otrosí. En el número 1, le ampliaron al operador el plazo para instalar los equipos hasta el 31 de marzo de 2014. Y en el 2, se prescindió de la estación de pago automático, por razones técnicas, y se establecieron los equipos que se deberían aportar para la operación.
Pérez Ortiz afirmó que “no le corresponde a la actual administración pronunciarse frente a situaciones que pudieron haber implicado incumplimientos contractuales del aliado en años y administraciones anteriores”, pero que de presentarse, tomará las medidas establecidas en el acuerdo.
Al interrogante de si él puede afirmar que en ese contrato ha existido un manejo eficiente y transparente de los ingresos generados por los parqueaderos, Pérez Ortiz expresó que en su administración vienen revisando todos los contratos, “apoyados en todo momento por las entidades que actualmente nos realizan auditorías. De este proceso han surgido recomendaciones y correctivos que ya estamos implementando”.
Cruzados de brazos
Los auditores de la Secretaría de Evaluación y Control de Medellín conceptuaron que ante los incumplimientos de Cinco SAS, Plaza Mayor no tomó acciones para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, en cuantía de 300 millones de pesos. Así mismo, se incumplió el principio de planeación, que busca evitar, entre otras cosas, “que el desarrollo de los procedimientos de contratación sean producto de la improvisación, de la mera discrecionalidad de la empresa o de sus trabajadores, desligadas del interés corporativo y de las necesidades reales de la empresa”.
La auditoría, fechada 13 de abril de 2016, documentó más incumplimientos: no se hallaron evidencias de la implementación total de medidas para brindar seguridad a los usuarios de los parqueaderos; en los informes de supervisión no hay claridad frente al seguimiento de las obligaciones de Cinco SAS, “donde Plaza Mayor haya dejado evidencia del incumplimiento reiterativo del colaborador”.
Y, afirmaron los auditores, a pesar de los incumplimientos, Plaza Mayor le pagó desde el comienzo a Cinco SAS su 49 por ciento de participación en los ingresos, lo cual podría estar afectando el equilibrio económico del contrato, un tema cuyo ajuste quedó contemplado en el acuerdo.
¿Y el dinero?
La historia de este negocio empezó, y así mismo termina, con un presunto mal manejo de la plata. La auditoría en mención afirmó que “el transporte del dinero diario por parte de Plaza Mayor, desde la oficina destinada por el administrador del parqueadero, hasta la sucursal bancaria, se hace sin protocolos de seguridad”. No se tiene póliza de manejo del efectivo que ampare el riesgo “y las garantías solicitadas y aportadas por el Colaborador no se evidenciaron aprobadas por parte de la entidad contratante”.
Los auditores confirmaron lo denunciado atrás por los empleados de Plaza Mayor, en el sentido de que Cinco SAS, sin autorización, subarrendó unos espacios para un lavadero de carros. El arrendatario, Invernegos SAS, se comprometió a pagar mensualmente 800.000 pesos, IVA incluido, más el 12 por ciento del precio de venta de cada servicio que prestara.
Sin embargo, no se halló el soporte de ese 12 por ciento, un ingreso del que Plaza Mayor también debía recibir su parte y tampoco se evidenció que el arrendatario estuviera pagando los servicios públicos.
Al ser consultada sobre ese 12 por ciento, la Coordinación Inmobiliaria entregó una carta de Cinco SAS a Invernegos SAS, con fecha 15 de agosto de 2014, en la que la primera le dio a la segunda la facultad del no pago de esa obligación. Para los auditores, ese oficio carece de validez, porque se debía modificar a través de un subcontrato. Por lo tanto, añadieron, Plaza Mayor debe cuantificar y cobrar ese 12 por ciento de cada servicio prestado por Invernegos SAS y recuperar el costo de los servicios públicos.
A mano, aún en 2016
La auditoría tampoco evidenció la existencia de una base de datos para el seguimiento y control de los tiquetes de cortesía entregados a los diferentes públicos de Plaza Mayor: “este se hace a través de la “Planilla tiquetes de cortesía”, donde se relaciona en forma manual el mes, fecha de uso, cantidad de tiquetes, consecutivo, evento y firma de recibido; adicionalmente, existe una planilla a la cual le falta el campo “firma de recibido”.
En cuatro planillas entregadas a los auditores, en el campo “fecha de uso” no se puso el año al que corresponde la entrega de tiquetes de cortesía, excepto en dos días; “y solo se evidencia la relación de tiquetes entregados hasta mayo 17, faltando las planillas con relación de tiquetes de los meses enero a julio de 2014 y de junio a diciembre de 2015”.
Así mismo, en la planilla de cuadre diario del mes de octubre de 2015, Cinco SAS relacionó 328 placas de vehículos que entraron con tiquetes de cortesía, por valor superior a 3,3 millones de pesos, entre el 1 de octubre y el 30 de diciembre de 2015, “sin estar los tiquetes relacionados en las planillas de tiquetes de cortesía entregados por la Coordinadora Inmobiliaria. Igualmente, no se evidenció base de datos de los tiquetes de cortesía recibidos por Cinco SAS, durante la vigencia 2014, como tampoco de los meses enero a octubre de 2015”.
La pesadilla del recaudo
Sobre el tema de los recaudos, los auditores estatales tomaron una muestra de seis días, con el registro de ingreso de vehículos del sistema AIDI Parking, de Cinco SAS. Las fechas fueron, 10 y 29 de diciembre de 2014, 28 y 30 de julio y 2 y 18 de diciembre de 2015.
Esto hallaron: En los seis días, el valor registrado en el sistema de Cinco SAS fue de 22 millones 48.400 pesos, pero Plaza Mayor recibió 44 millones 25.350 pesos. Los auditores analizaron los recaudos diarios y “no se logró identificar la diferencia”.
Adicionalmente, la Coordinación Inmobiliaria no entregó soporte del recaudo del parqueadero en el formato establecido, “ni soporte de consignación del recaudo efectuado en los días 28 y 30 de julio y 2 y 18 de diciembre de 2015, por valor de $36.684.750”.
Por último, la auditoría afirmó que “los valores registrados en el extracto bancario, equivalentes a $10.722.650 y $11.970.900, no corresponden con el valor del cierre recibido por Plaza Mayor, en los días 28 y 30 de julio de 2015”.
(Vea aquí: ¿Cinco SAS recaudó dineros del parqueadero de Plaza Mayor sin tener contrato firmado?)
¿Qué dice Cinco SAS?
El 2 de mayo de 2016, EL COLOMBIANO le formuló a Cinco SAS seis preguntas sobre la operación de los parqueaderos de Plaza Mayor. Jackelina Palacio Olaya, su representante legal, argumentó que, para hablar, debía pedir permiso a Plaza Mayor y solicitó que se le enviara las preguntas a la dirección de la empresa, como efectivamente se hizo y que se complementó con el envío a dos direcciones electrónicas, y públicas, de dicha sociedad.
El 3 de mayo, la ejecutiva envió la siguiente respuesta:
“Yo como representante legal de la Compañía Cinco SAS tengo conocimiento que Plaza Mayor le ha suministrado a Usted sendas respuestas a las preguntas que se me enviaron vía celular, por lo que considero innecesario dar respuesta a las mismas.
De otra parte llama la atención que Usted como profesional del periodismo solicite información relacionada con los ingresos de la Compañía Cinco SAS, cuando se trata de información privada y legalmente amparada con el derecho a la reserva. Nuestro deber de suministrar dicha información es frente a una autoridad de vigilancia y control y este no es el caso. Por tanto, no procederemos a suministrar dicha información”.
Fuentes:
33 actas del Comité de Parqueaderos de Plaza Mayor
Gabriel Jaime Rico Betancur, exgerente PM
Uriel Sánchez Zuluaga, exgerente PM
Juan David Pérez Ortiz, Gerente General PM
Adriana Carola Peláez Gómez, gerente de Autonorpe.
Juan Gonzalo Ángel Restrepo, exsocio de los dueños de Cinco SAS
Jackelina Palacio Olaya, representante de Cinco SAS.
Correo con denuncia de un ciudadano, que pidió reserva.
