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La Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp) se refirió este martes a los avances del proceso que adelanta con grupos armados que operan en Medellín y el Valle de Aburrá en el marco de la Paz Total, una de las banderas del presidente Gustavo Petro.
Según la dependencia, dicho proceso, que comenzaron hace cuatro meses, está en la fase de acercamientos y se ha dado bajo principios de confidencialidad y mecanismos de verificación de la reducción de la violencia, uno de los compromisos más importantes, que busca que cesen torturas, desapariciones y asesinatos. La Oacp aseveró que dicha fase ha incluido a más de 12 grupos que manifestaron voluntad de paz.
“Esta primera fase se sostiene sobre compromisos de ambas partes con la verdad, con no hacer trampas ni engaños y con abstenerse de incluir en el proceso a personas ajenas al mismo a cambio de pagos económicos”, manifestaron en un comunicado, este martes 24 de enero.
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Respecto a este proceso en Medellín y su área metropolitana ha trascendido que desde varias cárceles del país han llegado a la cárcel La Paz, de Itagüí, algunos de los jefes de estos grupos, como José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; y Albert Antonio Henao Acevedo, alias Albert, quienes en su momento fueron los hombres fuertes de la Oficina de Envigado y el último era el capo de la banda Pachelly. Entre los tres se puede resumir el narco que impera en el Valle de Aburrá.
El secretismo y las cartas de ida y vuelta han traído una ilusión extraña para los capos: creen que pueden quedar en libertad, supuestamente ha sido una promesa que les ha llegado directamente desde los enlaces que tienen con el Gobierno, algo que desmiente la Oacp.
“Las especulaciones sobre promesas de rebajas de penas, de no extradición o de excarcelación de líderes de estructuras armadas carecen de fundamento”, indicaron desde la oficina en el comunicado, en el que reforzaron la idea de que la Paz Total tiene como propósito la no repetición, la memoria y el respeto a las víctimas, con miras en lograr acciones que contribuyan a la seguridad urbana.
Hay que decir que, de cualquier forma, otras declaraciones que se han hecho desde el Gobierno Nacional han incluido propuestas como la rebaja de penas y otros beneficios, lo que ha causado polémica por la naturaleza de algunos de los grupos armados con los que se pretende negociar, que han estado más centrados en el narcotráfico.
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Sobre la fase de acercamientos, la Oacp destaca que se han dado todas las garantías a los participantes y que se optó porque fuera “absolutamente discreta”, lo que incluye mecanismos de interacción y comunicación confidenciales que permitan facilitar la confianza entre las partes.
Asimismo, indicó la entidad del Gobierno Nacional, los acuerdos son verificables, una labor que ha cumplido los facilitadores reconocidos por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. “Esta fase ha contado con la participación de testigos internacionales y de actores nacionales, eclesiales y académicos, que seguirán rodeando el proceso en su fase pública”, agregó la entidad.
Sobre el proceso también señalaron que se avanza hacia la construcción de un Espacio de Conversación Sociojurídica que respetará la autonomía de los diferentes poderes del Estado. Además, especificaron que los alcances de este proceso no desbordarán, bajo ningún parámetro, las competencias institucionales y que respetarán en todo momento los acuerdos existentes de cooperación judicial.
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz informó que los ciudadanos conocerán los detalles de la conversación sociojurídica cuando esta ya tenga una hoja de ruta terminada.