La pretensión era tan enorme como el nuevo edificio. Iba a ser el primero en Colombia, de carácter público, con certificación internacional de sostenibilidad. Sus 29 pisos eran el espacio que concentraría a los tribunales en una misma zona de Medellín.
Se trataba de un auténtico palacio que, al menos por ahora, no tiene un horizonte despejado y quedó reducido a imágenes y proyecciones de computador.
Precisamente, para los estudios y diseños, hace nueve años el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) invirtió $5.583 millones —según un balance financiero de la misma entidad— y cedió para este fin un lote de su propiedad ubicado a un costado del Centro Administrativo La Alpujarra, entre su sede y el edificio de Edatel.
Esta información fue entregada por quien fuera gerente del proyecto, el arquitecto Federico Cardona, que hoy se desempeña como presidente del Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible.
Así comenzó todo
Cardona reveló que en 2010 fue contactado para liderar la obra. En abril de ese año iniciaron los estudios en los que también participó el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ).
Esta entidad le expuso que era necesario buscar un nuevo espacio, pues el edificio José Félix de Restrepo, donde funciona actualmente el palacio de justicia, presenta déficit para la prestación de servicios y en temas de accesibilidad y seguridad.
A través del Idea se licitó el diseño arquitectónico y los estudios complementarios. Se constituyó la firma Consorcio Tribunales, que recibió el dinero del instituto, y se acordó que este aportaba el lote, pero la construcción quedaba a cargo del CSJ.
En febrero de 2011 entregaron la maqueta y la documentación para que la obra pudiera ser ejecutada. Incluso, subrayó Cardona, le comentaron que una parte de la torre quedaría para oficinas de Une - Millicom (así se llamaba entonces), “pero eso no quedó establecido en el diseño, sino que iba a ser posterior”.
Sobre el papel, el nuevo palacio abarcaba 49.000 metros cuadrados y era universalmente accesible, para lo cual, valga la redundancia, se subcontrató a Colombia Accesible, en cabeza de Berny Bluman, que estuvo a cargo de contemplar las adecuaciones necesarias para población de la tercera edad o con algún grado de discapacidad.
Cardona reveló que pidieron asesoría de arquitectos canadienses que habían desarrollado edificios sostenibles en su país con el fin de obtener la certificación internacional LEED, otorgada por el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos.
“Por eso el edificio contaba con ascensores, rampas, pisos con señales para ciegos, sistema de comunicación para personas con baja audición, imágenes de orientación en lengua de señas, entre otras cosas”, detalló.
Las terrazas eran verdes y la edificación estaba diseñada para usar agua lluvia en riegos y servicios sanitarios. La fachada era doble: tenía una capa de vidrio que reduce las altas temperaturas, pues esta impide que el sol pegue directamente en los ladrillos (ver fotografía).
Lo más importante, observó Cardona, era que contaba con una entrada independiente para los sindicados, de tal manera que no se cruzaran con los jueces en todo su recorrido hasta las salas de audiencia, algo que no contempla el actual palacio.
Agregó que la inversión estimada para la obra, según los diseños, era cercana a los $180.000 millones. Pero después de 2011 y hasta el sol de hoy no se ha concretado nada.
¿Qué pasó?
El tema no se volvió a tocar hasta 2014. En una publicación de EL COLOMBIANO, con fecha del 2 de noviembre de ese año, la magistrada del CSJ Gloria Stella López expresó que el proyecto estaba en etapa de oferta pública, entrega de activos a una fiducia y adjudicación de licitación.
Según ella, en 2017 estarían listos los nuevos tribunales, cuando concluyeran 30 meses de obras. Incluso el exalcalde Aníbal Gaviria manifestó públicamente que el edificio era un anhelo que le daría dignidad a los servidores de la justicia.
Para ese entonces ya no se hablaba de $180.000 millones, sino que la inversión fue estimada en $120.000 millones y en la torre aún quedaba espacio para la sede de Tigo - Une.
Entretanto, en junio de 2014 Ruta N se convirtió en la primera edificación pública colombiana en obtener la certificación LEED, arrebatándole esa posibilidad al nuevo emblema de justicia en la ciudad.
También pasaron otros cinco años sin que el edificio empezara a ser construido. Lo más “cercano” que existe es una pequeña maqueta que reposa en la sede del Idea.
El instituto confirmó que ya no participa del proyecto, pues su contribución terminó al ceder el lote que quedó en un fideicomiso constituido hace cuatro años por el Ministerio de Justicia.
Efectivamente, esta cartera aseguró que el proceso para ejecutar la obra sigue activo, pero en el edificio ya no estarán ni el Idea ni la Alcaldía de Medellín ni Tigo - Une, sino que será destinado exclusivamente para tribunales.
“Existe una fiducia a nombre de ese proyecto para desarrollarlo por $24.000 millones”, le dijeron a EL COLOMBIANO fuentes del ministerio.
La cifra guarda un abismo de diferencia con lo contemplado inicialmente e, incluso, con lo manifestado por el exalcalde Gaviria en 2014. ¿Cómo levantarán una edificación con las características mencionadas con menos de la sexta parte de lo presupuestado?
La respuesta es una incógnita. La cartera de Justicia también reveló que la tardanza para iniciar obras tiene que ver con la legalización del lote, que apenas lograría concretarse a finales de octubre y pasaría, por fin, al CSJ. “Las obras empezarían en 2021, luego de obtener licencias de construcción”, anotaron las fuentes.
La magistrada Gloria Stella López, quien sigue al frente de este proyecto, también se refirió a los diseños encargados por el Idea y adelantados por el arquitecto Cardona.
“Una cosa es lo que se contrató en su momento, esos diseños no cumplen con la norma de sismorresistencia que se actualizó luego de lo ocurrido con el edificio Space (...) hay que ajustarlos a la nueva legislación y hay que tener en cuenta que Tigo - Une ya no está en la sociedad”, aseveró.
Para este fin, indicó, existe la agencia inmobiliaria del Estado Virgilio Barco, que se encargaría de hacer nuevos estudios o replantear el material existente.
No obstante, el exgerente del proyecto desestimó que este no se ajustara a la normativa. “Eso no es así, cumplimos con la Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, incluso cuando nos adjudicaron hubo una actualización. Sin eso no nos hubieran dado la licencia. Además, la Ley Antispace (1796 de 2016) aún no es de obligatorio cumplimiento”, dijo Cardona.
¿Falta de planificación o detrimento patrimonial? Todo parece indicar que por estas fechas, como si fuera el ave fénix, el proyecto está resurgiendo de las cenizas y quizás tengamos una respuesta para el interrogante.
