Si se verificaran con rigor absoluto estándares y protocolos de seguridad en la minería en el departamento, contadas unidades de explotación podrían seguir funcionando. Expertos de la Universidad Nacional en Medellín calcularon en 95 por ciento el incumplimiento en la materia, y por elevada que parezca la cifra, para otras autoridades, el estimativo podría quedarse corto.
“Si vamos a ser absolutamente rigurosos, hay que cerrar yo creo que el 100 por ciento de las minas. Hay grados de tolerabilidad, pero otras condiciones no son negociables”, considera la gerente de Salvamento Minero de la Agencia Nacional de Minería, Catalina Gheorghe, luego de una revisión obligada por los más recientes accidentes mineros en Amagá que cobraron la vida de 14 personas.
Trabajar de rodillas y soportar temperaturas superiores a los 40 grados, son condiciones en las que señala incumplimiento al decreto 1335 de 1987.
Tan solo en este municipio, uno de los que tienen mayor tradición minera en el departamento, Germán Usme, el sepulturero, ha contado 34 muertes en socavones en los últimos seis meses. Las tragedias en las minas La Cancha y Camelot dejaron 14 víctimas.
Para Antonio Romero Hernández, director del Grupo Ígnea de la Universidad Nacional y profesor de la Facultad de Minas, la inseguridad se debe a la informalidad. “Las empresas organizadas y las grandes mineras, con un control eficiente del Estado, tienen buenos manejos, pero la gran mayoría de minas no tiene esa capacidad y está trabajando de una manera completamente errónea”, asegura.
El profesor Romero indica que el país está en una escala muy baja si se compara con Perú y Brasil, en organización y gerencia de la actividad.
