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Los seis hallazgos del informe especial de la Contraloría sobre Hidroituango

  • El megaproyecto anunció esta semana que la aseguradora Mapfre pagará la póliza por la contingencia. FOTO JOSÉ LUIS ARANGO
    El megaproyecto anunció esta semana que la aseguradora Mapfre pagará la póliza por la contingencia. FOTO JOSÉ LUIS ARANGO
20 de septiembre de 2019
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La Contraloría Nacional reveló en la mañana de este viernes dos hallazgos con incidencia fiscal y cuatro de carácter administrativo en la contingencia del proyecto Hidroeléctrico Ituango.

Los seis hallazgos del ente de control en el informe especial fueron:

1. Lucro cesante por no entrada en operación de la central de generación hidroeléctrica.
2. Ineficiencia e ineficacia en la gestión fiscal.
3. Disposición de los equipos, mantenimiento y conservación.
4. Uso de andamios y elementos de protección.
5. Estabilidad de las Obras del Proyecto Hidroituango.
6. Ítems nuevos en contratos de construcción de obras principales.

Sobre los dos hallazgos con incidencia fiscal (numerales 1 y 2), la Contraloría General anunció que la no entrada en operación del proyecto se estima que compromete $1.1 billones del erario mientras que la “Destrucción de

valor del proyecto” suma $2.9 billones.

Es decir que entre los dos hallazgos, el ente de control estima que se comprometen recursos por el orden de $4 billones.

Sobre el lucro cesante, o lo que dejará de percibir la empresa por no comenzar a generar energía en los plazos que tenía previstos, la Contraloría detalló contempló que incluso puede verse comprometida la estabilidad energética del país:

“La no entrada a tiempo del proyecto Hidroituango implica necesariamente suplir la capacidad de generación con la ampliación del parque de generación para inicios del año 2021, de otra manera el abastecimiento en el suministro de energía eléctrica puede verse comprometido”.

La Contraloría General detalló además que de acuerdo con la metodología implementada, la recuperación de la inversión sería de aproximadamente 35 años:

“El proyecto tendría un valor presente negativo de -$5.7 billones, por lo que se concluye que aún con un flujo de ingresos netos a perpetuidad (valor terminal) no es posible establecer un periodo finito para la recuperación de la inversión de capital en activos en el proyecto. Dato que, analizado en contexto con lo expresado por EPM, referente a que el proyecto tiene un horizonte de diseño de 50 años, permite sustentar la seria preocupación de la Contraloría General de la República, frente al futuro y viabilidad financiera del proyecto.

(Lea aquí Este es el expediente completo de las autoridades sobre Hidroituango)

Lo que responde EPM

EPM confirmó que recibió el informe de control excepcional a los recursos del proyecto de generación eléctrica - Hidroituango, elaborado por la Contraloría General de la República.

La empresa informó que estudiará el documento con un grupo de expertos y en los próximos días, con base en este análisis, hará pública su posición.

“La organización continuará colaborando con las autoridades en lo que la requieran y dando las explicaciones que correspondan”, añadió.

Cabe recordar que en mayo de 2018, en una auditoría de cumplimiento a Hidroituango, la Contraloría General de la República encontró 35 hallazgos sobre presuntas irregularidades constructivas y de licenciamiento ambiental.

De estos hallazgos ya había sido notificada la Autoridad de Licencias Ambientales (Anla), implicada en el informe de 442 páginas. El documento estipuló presuntas faltas, tanto disciplinarias como penales.

A 17 meses de iniciada la contingencia, la Fiscalía, la Procuraduría, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y la misma Contraloría tienen procesos en curso por hechos relacionados con el megaproyecto.

A la fecha, 13 funcionarios y exfuncionarios están vinculados a una investigación disciplinaria, existen 12 expedientes sancionatorios por presunto incumplimiento de la licencia ambiental, fueron identificados 39 contratos con posible riesgo fiscal y se realizaron dos imputaciones por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

La Anla impuso tres multas por $8.442 millones.

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