Al proyecto de ley que regulará el sistema de fotodetección en el país solo le falta la conciliación y la sanción presidencial. Con su entrada en vigencia, según el Ministerio de Transporte, se cambiará el enfoque lucrativo por uno preventivo y de seguridad vial.
En Medellín, en lo corrido del 2017 se han impartido 159.472 comparendos bajo esta modalidad. Muchos ciudadanos se quejan porque las cámaras están escondidas o mal señalizadas, y manifiestan que los comparendos son ilegales.
EL COLOMBIANO le resuelve algunas inquietudes sobre cómo está funcionando este sistema en la ciudad, y en qué medida cambiarán las condiciones actuales con la entrada en vigencia de la nueva ley.
¿Cuántas cámaras hay y quién las ubica?
María Patricia Zúñiga, subsecretaria legal de la Secretaría de Movilidad, explicó que en Medellín hay 40 cámaras de fotodetección que están rotando en 70 puntos identificados mediante estudios técnicos que consideraron factores como accidentalidad, nivel de infracciones, jerarquía vial y flujo vehicular. Señaló que aunque la concesión de la operación fue otorgada a Une, es la Secretaría de Movilidad la que determina cómo rotan y dónde se ubican.
Para Fabio Giraldo, que dirige una empresa de asesoría para certificar la legalidad de las fotomultas, las cámaras están mal localizadas e incluso generan congestión, por lo cual cree que fueron puestas en sitios estratégicos con el afán de recaudar.
¿Cómo se reparte el dinero de las multas?
El contrato firmado en 2006 por la Alcaldía de Medellín, con vigencia hasta 2025, estableció que luego de descontar 10 % del total de cada comparendo que va al Sistema de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit), de lo restante, Une queda con el 70 % y solo el 30 % le corresponde a la Secretaría de Movilidad.
¿Por qué las fotomultas las opera une?
La razón que aduce Zúñiga, es que por medio de la concesión con un privado como Une, la Secretaría se libra de costos de instalación y operación, ya que, dijo, tampoco habría presupuesto para asumirlos.
“Une implementó el sistema con sus recursos, la Secretaría no puso un peso. Aplican un modelo financiero que tiene previstos todos los gastos, y si en el camino tienen aliados o subcontratos, es tema de ellos. Nosotros nos entendemos con Une”, dijo Zúñiga.
¿Qué cambios habrá con la nueva ley?
El Ministerio de Transporte tendrá seis meses para expedir la reglamentación. Dentro del proyecto se contempla que las cámaras estén señalizadas con mínimo 500 metros de anticipación.
Además, garantiza el debido proceso. La notificación se deberá hacer en los tres días hábiles siguientes a la validación del comparendo, mediante diversas modalidades (correo certificado, electrónico, notificación por aviso, etc.). A partir de ahí, el ciudadano tiene 11 días hábiles para presentarse ante el Tránsito.
¿Y los que ya estaban operando?
La ley no es retroactiva, por eso los contratos vigentes seguirán igual, aunque deberán adaptarse a la reglamentación que expida el Ministerio, para lo cual se les concederá 90 días.
Para Fabio Giraldo, esta es una de las mayores preocupaciones, porque en su opinión el privado siempre buscará lucrarse. “La ciudadanía no sabe cómo funciona la detección de esas cámaras, ni tampoco quién las calibra, a la Secretaría de Movilidad le falta más claridad sobre este tema”, apuntó.
Aún así, señaló que con su empresa de asesoría ha podido determinar que el 50 % de las infracciones fueron indebidamente notificadas, por lo cual se ve con buenos ojos la llegada de la ley, que, en teoría, brinda más garantías a los conductores.
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