La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, visitó esta semana el Bajo Cauca antioqueño para medirle el pulso a la deforestación que allí se vive por cuenta de la minería ilegal. La funcionaria respaldó el acuerdo que propende por la formalización de las actividades mineras en la zona, con miras a reducir las afectaciones por mercurio, y se comprometió a acelerar el proceso de restauración ecosistémica de la subregión.
En conversación con EL COLOMBIANO, la ministra le pasó revista al plan de reforestación que propuso el gobierno pasado para esta zona, se pronunció sobre la alerta que emitió la Procuraduría respecto a los operativos de control a la minería ilegal mediante la fuerza pública y mostró su preocupación por la destrucción a la que ha conducido la búsqueda de oro en Ciénaga Colombia, complejo que abastece de agua a Caucasia y Cáceres, anunciando una intervención inmediata.
Ministra, estuvo recorriendo el Bajo Cauca con el gobernador Gaviria, ¿qué panorama encontró?
“El panorama, como todos sabemos, es bastante complejo, pero estamos avanzando en entender la problemática en toda su dimensión y en verificar las acciones que el gobierno regional está cumpliendo. También ratificamos el compromiso de fortalecer ese trabajo para avanzar significativamente en frenar la deforestación y en empezar a restaurar la región ecosistémicamente”.
Desde 2021, el anterior ministro de Ambiente venía haciendo una serie de anuncios sobre el megaproyecto de restaurar 110.000 hectáreas degradadas en el Bajo Cauca por la minería, ¿se ha avanzado en algo?
“El proyecto va avanzando. Me pareció importante la red de viveros liderada por mujeres que se ha establecido. Es una iniciativa que genera arraigo social. Ya las mujeres están viendo la actividad como un complemento a sus ingresos y están con un sentido de apropiación. Me parece fundamental que esta red de viveros se esté haciendo con especies nativas. Lo que sí vimos también fueron obstáculos para avanzar en la implementación de este proyecto a una escala más grande, uno de ellos es la tenencia de la tierra y las economías ilícitas que no permiten avanzar en todo el potencial que tiene esta estrategia. Otra cosa interesante fue ver el avance con fincas ganaderas. Ahí podemos progresar mucho más. Pero en el Consejo Regional contra la Deforestación vimos que la escala actual del proyecto versus la realidad de la problemática arroja que todavía no es una escala suficiente. Porque mientras estamos perdiendo 10.000 hectáreas cada año, el proyecto avanza en las 1.000 restauradas aproximadamente. Ahí vemos un gran déficit. Lo que acordamos es que hay que hacer una estrategia más fuerte para controlar la deforestación y empezar en firme la rehabilitación ecológica. Nos llevamos como Gobierno Nacional la tarea de entender más a fondo el problema de tierras para encontrar las vías jurídicas que permitan una intervención de más hectáreas en menos tiempo”.
Con el ministro Carlos Correa hablamos sobre este proyecto, pero siempre patinó a la hora de explicarnos cómo van a hacer para verificar que se está cumpliendo con una restauración y no se va a quedar en la siembra de árboles, que es en lo que terminan muchos de estos proyectos.
“Tienes razón. Es un punto en el que quedamos de trabajar conjuntamente en comisión técnica entre Ministerio y Gobernación, porque sí noté que es un modelo más de reforestación, de especies nativas eso sí, pero que no hay un diseño de restauración ecológica más a fondo. Debemos avanzar en eso. Hay un proceso de experimentación en el sentido de que son suelos muy degradados. Están probando cuáles son las especies que pueden aguantar las condiciones de esos suelos y es interesante que el proyecto está avanzando en probar fertilizantes naturales. ¿Qué posibilidades hay? Creo que sería posible que con apoyo de las plantas de tratamiento de aguas residuales en Medellín y Bello pudiéramos generar los sustratos que traigamos al Bajo Cauca para recuperar estos suelos. Hicimos también mucho énfasis en la necesidad de hacer fitoremediación para sustraer mercurio y que hay que hacer una evaluación del impacto del mercurio en el suelo. Son temas técnicos que hay que mejorar, pero yo resaltaría mucho las redes de viveros de mujeres porque es algo que sí le puede dar sostenibilidad al proyecto en el tiempo. También queremos revisar el tema de las compensaciones ambientales. Sobre este tema se tienen que hacer proyectos más grandes, como lo debe hacer, por ejemplo, EPM frente a Hidroituango y también es necesario viabilizar la creación de empresas de restauración ecológica con las comunidades. Las mujeres dieron esa visión para crear una economía de restauración y allí hay un enorme potencial en el Bajo Cauca. El problema, reitero, es la falta de control de economías ilícitas y el tema de poder intervenir predios con problemas de titulación”.
Ese tema de las compensaciones ha enfrentado a las comunidades con EPM, en el caso de Hidroituango, pero también hay empresas mineras. ¿Cómo harán para que las empresas realmente se comprometan a hacer compensaciones ajustadas a las necesidades de las regiones?
“Es que es una obligación legal, porque en la licencia ambiental se les otorgan unas obligaciones que tienen que cumplir. Con la Anla estamos haciendo un balance en lo relacionado con las compensaciones que contemplan las licencias y queremos llegar a unos procesos de trabajo de muchos actores regionales para garantizar que estas compensaciones sean relevantes. El Ministerio está evaluando el manual de compensaciones. Entonces tenemos dos trabajos: uno de seguimiento más riguroso con la Anla a los procesos de licencia y otro con los planes de trabajo que están atados a las necesidades regionales de recuperación ecológica. Vamos a garantizar que estas compensaciones sean acordadas con las comunidades y entren a hacer parte de los acuerdos sociales”.
Justamente esta semana la Procuraduría lanzó una alerta en la que le solicitó al Gobierno Nacional reanudar los operativos de control con la fuerza pública contra la minería ilegal en el Bajo Cauca. EL COLOMBIANO estuvo en noviembre y presenció cómo en la nueva directriz la fuerza pública cambió la confrontación con los mineros en operativos por el diálogo. Incluso vimos cómo les devolvieron las minidragas y motobombas tras un acuerdo de palabra de que no volverían a explotar en ese sitio. ¿El Gobierno se va a ratificar en este nuevo enfoque o va a acatar la solicitud de la Procuraduría y reanudarán operativos de choque?
“Hay que poner este proceso en contexto, porque esa directriz hace parte de los acuerdos a los que llegamos durante el paro que hubo en el Bajo Cauca el semestre pasado. El Gobierno está cumpliendo esos acuerdos en el sentido de avanzar en la caracterización de la minería porque vamos hacia una transición, entonces esto es un proceso temporal. Pero una vez termina la caracterización, que falta poco, se debe crear un acuerdo de fondo con los mineros. Ahora, lo que sí me preocupó fueron las denuncias que recibí sobre la situación de la Ciénaga Colombia que abastece de agua a la población de Caucasia y Cáceres. Quedé comprometida en el Consejo Regional de Deforestación de articular con las autoridades para llegar a una solución, porque no se puede permitir daños de esta índole contra una fuente de agua que abastece a ciudadanos. Esperamos poder hacerlo de manera consensuada, pero sí o sí se tiene que intervenir la situación en la Ciénaga. En ese lugar toca acelerar el acuerdo social de fondo que nos permita ir quitándole trabajadores a las economías ilícitas para que entren a formar parte de la defensa social y ambiental. Tenemos el compromiso ya de muchas personas que quieren migrar de la minería a otras economías sostenibles. Los gobiernos Nacional y local deben avanzar en la creación de esas oportunidades. Reconocemos la alerta de la Procuraduría, pero tenemos que poner esto en contexto. Lo de la Ciénaga Colombia me preocupa y lo vamos a intervenir de inmediato”.
