A Marta Jaramillo le suena paradójico que la estructura que unirá el Noroccidente y el Nororiente de Medellín haya distanciado a los integrantes de su familia.
Si bien acepta que la construcción del puente Madre Laura les traerá progreso al barrio y a la ciudad lamenta que, sin quererlo, haya tenido que dejar su casa, la tienda que le daba el sustento y a su madre.
“Mi papá y mi mamá están negociando. Yo ya vendí”, dice.
Mientras tanto, a toda marcha, ingenieros y obreros—más de 815 en turnos de 24 horas— trabajan en el puente, el más grande de los intraurbanos que hay en el país.
La obra, que tendrá 786 metros de longitud, avanza en un 67 por ciento y por estos días los trabajos se enfocan en un tramo, que va sobre la autopista Norte, y que se espera esté listo a final de este mes.
Testigo de los avances es Leidy Johana Hernández, quien vive hace tres meses en el sector aledaño al puente y cree que la ventaja más importante es que unirá a Castilla con Aranjuez y que le servirá para llegar más rápido a la Autopista Norte.
“La desventaja que nos trae la obra es que el impuesto llegará más alto. Además, que el ruido se incrementará”, anota.
Alrededor del hierro de las vigas y el cemento de las vías aún se dejan ver los pedazos de ladrillos de algunas de las 487 casas que la Alcaldía debió comprar o expropiar para iniciar el megaproyecto.
Aunque sabe que esa labor siempre es traumática, Javier Darío Toro, secretario de Infraestructura de Medellín, afirma que para el puente Madre Laura, fue un éxito.
“Los conflictos sociales son pocos. No se han visto tanto”, añade, en tanto reporta que para llevar a cabo la obra las autoridades expropiaron a 20 familias, aunque por vía administrativa, excepto una que debieron sacarla, por la fuerza.
