Por primera vez en su historia, Emvarias enfrentará una audiencia pública para defender su plan de manejo y el estudio de impacto ambiental (EIA) con el que busca modificar la licencia y poder ampliar el relleno sanitario La Pradera, donde disponen sus residuos 48 de los 125 municipios antioqueños, incluidos los 10 metropolitanos.
El trámite, clave para el futuro ambiental y sanitario del departamento, se suma al debate que tiene el país sobre la viabilidad de los rellenos como modelo para la disposición de residuos. El último capítulo de esta problemática ocurrió en Santander, tras la orden judicial que ordenó el cierre del relleno Carrasco que presta servicio a Bucaramanga y 16 municipios más por daños estructurales que lo hacen peligroso.
Aunque debió cerrar en agosto, hoy sigue abierto bajo la figura de calamidad pública, pues su cierre exhibió el poco margen de maniobra que tiene el país para disponer sus basuras. Desde 2016 el DNP concluyó que de no enfrentar con soluciones diferentes el asunto a 2030, Colombia padecerá un panorama crítico que cada tanto asoma con el colapso, cierre o ampliación forzada de cada relleno.
La audiencia por La Pradera se hará mañana ante los representantes de 23 veredas que expondrán ante Corantioquia las implicaciones ambientales, sociales y económicas que, a su juicio, traería la puesta en marcha del vaso Piñuela, pensado para ampliar hasta 2030 la vida útil de un relleno, cuyo último vaso (Altaír) quedará obsoleto en 2023.
Además, denunciarán irregularidades e incumplimientos, algunas de los cuales se expondrán también hoy en el Concejo de Medellín. La audiencia pública, independiente de su resultado, significa un revés para Emvarias por los tiempos que contemplaba para tener lista la licencia de la Piñuela, pues la empresa esperaba tener luz verde de Corantioquia este mes y empezar entre enero y febrero de 2022 la construcción.
La directora de Corantioquia, Ana Ligia Mora, asegura que en diciembre estará lista la decisión de otorgar o negar la licencia, aún cuando no descarta que una vez finalice la audiencia y se complete la evaluación del EIA, surja la necesidad de elevar requerimientos a Emvarias.
Pero a Augusto Osorno, presidente de la junta de acción comunal Frisolera, una de las organizaciones solicitantes de la audiencia, esos tiempos no le cuadran, pues asegura que las comunidades elevarán 25 puntos sobre el EIA que requerirán respuestas de fondo que no se resolverían en este lapso.
Interrogantes y respuestas
Entre esos puntos, por ejemplo, interrogarán cuáles han sido las compensaciones por la contaminación hídrica, transformación de modos de vida, deterioro de suelos y en la calidad del aire realizadas durante este tiempo.
Sobre este cuestionamiento, Emvarias respondió que siempre ha dado cumplimiento a sus compromisos ambientales y sociales en torno a la implementación y operación del relleno sanitario La Pradera, hecho que se evidencia, apunta, con la inversión en el marco plan de manejo ambiental con componente socioeconómico de $2.487 millones en Donmatías, $2.521 millones en Santo Domingo y $3.142 millones en Barbosa. También con incentivos de regionalización por los vasos La Carrillera y Música de $10.924 millones y por el vaso Altaír en Donmatías, de $15.800 millones; Santo Domingo ($12.134 millones) y Barbosa ($12.483 millones), para un total, entre 2003 y 2021, de $51.352 millones.
Actualmente hay un proceso en el Consejo de Estado por el incumplimiento en el pago y ejecución de estas compensaciones que la empresa se comprometió desde 2002.
Las comunidades afectadas aseguran también que tras las modificaciones de la licencia ambiental primigenia del relleno nunca se ha socializado cabalmente como lo indica la normativa el estudio de impacto ambiental, caracterización y manejo ambiental.
La empresa dice que esta afirmación no es cierta porque las modificaciones de la licencia ambiental van aparejadas con las socializaciones correspondientes a las metodologías implementadas; así mismo, para el caso actual del vaso la Piñuela, la empresa ha hecho socializaciones desde 2020 para que la comunidad, los municipios y las autoridades de control conozcan el componente biótico, abiótico y socioeconómico.
Además de esto, en la audiencia los representantes de las veredas pedirán mayor claridad acerca de por qué Emvarias ha contratado solo con dos de las veredas en zona de influencia del relleno; Asocomunal Barbosa, con dos contratos en 2009 y 2013, pero particularmente por qué una sola: la JAC La Pradera, ha recibido contratos entre 2006 y 2020 por casi $6.600 millones.
EL COLOMBIANO también le interrogó qué pasa si Corantioquia decide no dar la licencia y qué ha hecho Emvarias, (en qué años y con qué inversiones concretas), para desarrollar nuevas tecnologías para la gestión de residuos que permitan superar el modelo actual de relleno.
Respondió que el relleno sanitario La Pradera actualmente es la única solución para el manejo de residuos sólidos del área metropolitana y 40 municipios más del departamento y, en ese sentido, el no tener la modificación de la licencia ambiental para el nuevo vaso generaría una emergencia sanitaria de grandes proporciones, razón por la cual, durante varios años la empresa ha venido planeando y estructurando este proyecto, el cual se radicó desde el 12 de enero del presente año, para que Corantioquia dentro de sus competencia analice la solicitud.
Sobre el segundo punto respondió, sin la precisión solicitada, que en conjunto con EPM, como casa matriz, Emvarias está haciendo la gestión operativa y adelanta estudios y consultorías relacionados con el aprovechamiento del biogas, proyectos west to energy y evaluando la mejor alternativa para la ciudad, en cuanto al tratamiento y disposición de residuo residuos sólidos.
El problema de fondo
Tal como apunta la directora de Corantioquia, hay una discusión más profunda y compleja y es la responsabilidad de la ciudadanía y gobernantes en la acelerada obsolescencia del relleno.
Mora reconoce que Corantioquia ve con preocupación que los 48 municipios, casi el 40% del departamento, lleven sus residuos a La Pradera. Y esto ocurre, en gran medida –apunta– porque la ordenanza Basura Cero de 2016 y los planes municipales para gestión de residuos no están pasando del papel.
La directora de la entidad dice que la meta hacia la que debería estar transitando el departamento es que al relleno llegara el 20% de todos los residuos generados y lograr aprovechar el 80% restante con reutilización y separación en fuente, economía circular, entre otros. Hoy, muchos municipios no llegan ni al 17% de aprovechamiento, algo en lo que Mora dice que le cabe responsabilidad tanto a los gobernantes como al ciudadano.
Pero Freddy Uribe Roldán piensa que esta sigue siendo una mirada superficial del problema. El director y cofundador de WES International le ha presentado dos veces de manera formal a EPM, al Área Metropolitana, a Emvarias, la Gobernación, Minambiente y decenas de municipios un modelo de gasificación por plasma, un sistema de tratamiento que produce energía a partir de estos residuos.
La tecnología consiste en una planta que contiene un reactor que desintegra basura con láser y la convierte en syngas, que una vez enfría produce vapor que posteriormente mueve unas turbinas para producir energía. También se pueden comercializar otros derivados con alto mercado industrial.
Según los cálculos que ha hecho WES, por cada tonelada que se envía a La Pradera se pagan 10 dólares. Con esta tecnología se podría cobrar la misma cantidad por recepción de basura y además recibir ingresos por venta de energía, estimados en 12 centavos de dólar por kilovatio.
Con estos cálculos, una planta para 1.000 toneladas diarias costaría US$255 millones y se recuperaría la inversión en 8 o 9 años y en adelante arrojaría utilidades para los municipios, explica. Hoy, asevera Uribe, el país sigue enterrando la plata y prolongando, cada 5 o 7 años con ampliaciones, un desastre ambiental y sanitario que será inevitable si no se marca punto final a la era de rellenos sanitarios
