Cualquier decisión puede salir del río revuelto en el que se convirtió el Concejo de Medellín. Aunque la moñona del alcalde Daniel Quintero hace un par de semanas con la elección de la mesa directiva para 2022 anticipaba un ambiente favorable para las iniciativas de su gobierno, ayer tuvo un revés que no tenía en el “presupuesto” y que no sufría ningún alcalde desde el año 2000.
Todo porque las comisiones primera y segunda negaron, en primer debate, el proyecto de acuerdo 074 por medio del cual se establecía el presupuesto general de Medellín para 2022. La alcaldía proponía un monto inicial, incluidos el nivel central y los establecimientos públicos, de $6,5 billones, un 6,6% más respecto al presupuesto inicial propuesto y aprobado para 2021, que fue de $6,1 billones.
Sin embargo, hubo críticas reiteradas durante la presentación de los montos de cada dependencia por reducciones a las secretarías de Cultura y Ambiente.
La decisión, tal como ocurrió con la mesa directiva, tuvo “votofinish”. Votaron a favor de la iniciativa presentada por la administración seis concejales: Lucas Cañas, Fabio Rivera, Jaime Cuartas, Babinton Flórez, Aura Marleny Arcila y el recién posesionado Carlos Romero (ver nota anexa).
Y de forma negativa se pronunciaron Dora Saldarriaga, Alfredo Ramos, Daniel Carvalho, Daniel Duque, Sebastián López y Simón Molina.
Aunque había 14 votos en juego, sumando las dos comisiones, las cuentas se descuadraron porque las concejalas Lina Gañán y María Paulina Aguinaga, pertenecientes a la comisión segunda, no pudieron participar luego de que comenzara a regir ayer la sanción de su partido que les quitó el derecho a voto.
¿Entonces por qué fue negada si quedaron 6-6? De acuerdo con el artículo 56 del reglamento interno del Concejo de Medellín, en caso de empate en la votación de un proyecto de acuerdo se procede con una segunda votación en la misma sesión o en una posterior, según lo estime la plenaria. Si en esta oportunidad se presenta nuevamente un empate, se entenderá negado el proyecto que se discute, lo que terminó pasando ayer.
¿Qué consecuencias tiene?
Tras conocerse la decisión, el secretario de Hacienda, Óscar de Jesús Hurtado Pérez, dijo que la administración insistirá con este presupuesto porque “no nos gusta la dictadura fiscal, no nos gusta un presupuesto por decreto”.
Confirmó que utilizarán un recurso que les queda antes de proceder por decreto, posibilidad que contempla el Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 6 de 1998), que faculta a la alcaldía para adoptar por decreto el presupuesto si el Concejo no lo expide dentro de los términos establecidos.
“Podemos revisar cifras secretaría por secretaría, proyecto por proyecto. Muchos cuestionarios fueron allegados y los contestamos todos explicando los proyectos y estamos dispuestos a seguirlos revisando”, se defendió Hurtado.
El recurso que le queda a la alcaldía es una solicitud al Concejo para que dentro de los cinco días siguientes se someta ante la plenaria la decisión final. Si esta considera fundados los argumentos de la negación del proyecto, este se archivará. Por el contrario, si la plenaria decide que el proyecto sea nuevamente considerado, la iniciativa pasará a la comisión tercera para que se repita el primer debate.
Esta comisión está integrada por Juan Felipe Betancur, Juan Ramón Jiménez, Luis Carlos Hernández, Julio González, Luis Bernardo Vélez, Albert Corredor y Nataly Vélez, sin embargo, estos dos últimos no podrán votar por la sanción vigente de su partido.
En plata blanca, de recibir el aval de la plenaria para que se repita el primer debate, el gobierno de Quintero tendría la mayoría en la comisión tercera para que apruebe el presupuesto. Aún, si algo fuera del “presupuesto” ocurre, a la alcaldía le quedará la opción de expedir el decreto.
La última vez que pasó
No es la primera vez que el Concejo de Medellín le niega a una administración su proyecto de presupuesto en primer debate. Un hecho similar ya había ocurrido a inicios de este siglo.
El 10 de octubre del año 2000 la administración del entonces alcalde Juan Gómez Martínez radicó el proyecto de presupuesto número 241. Casualmente, el 9 de octubre del mismo año se publicó la Ley 617 de ajuste fiscal, cuya influencia en la discusión del presupuesto generaría acalorados debates.
El 18 de octubre de 2000, los presidentes de las comisiones de Presupuesto y de Plan del Concejo devolvieron el proyecto de Acuerdo 241, aduciendo que no se ajustaba al estatuto orgánico de presupuesto del municipio y a la nueva ley de ajuste fiscal.
Luego de analizar las objeciones, el 23 de octubre el Municipio presentó otro proyecto de presupuesto. El 22 de noviembre los concejales ponentes presentaron el informe para primer debate y recomendaron negar y archivar el proyecto de Acuerdo porque lo consideraban ilegal y porque no se ajustaba a la recién implementada Ley 617.
El alcalde Gómez presentó la apelación y para el 30 de noviembre se designó una comisión accidental para estudiarla. Esta confirmó el concepto que sustentaba la decisión de las comisiones. Finalmente, luego de 61 días, a la municipalidad le correspondió decretar por dictadura fiscal el presupuesto de Medellín por valor de $791.564 millones para 2001
