Los líderes de los cinco movimientos que conforman el Pacto por Medellín, uno de los dos comités promotores de la Revocatoria a Daniel Quintero, se reunieron ayer en el parque de los Pies Descalzos para hacerse visibles ante la ciudadanía, tal como lo afirmó Julio González, máximo representante del colectivo denominado Corporados Primero Antioquia.
“Nos pedían que mostráramos la cara, aquí estamos para eso”, comentó el también abogado y profesor, quien además se refirió al costo que tendría el proceso, algo que ha generado controversia en los últimos días por la dimensión de ese gasto en un periodo de dificultad fiscal.
De acuerdo con Alexander Vega Rocha, registrador Nacional del Estado Civil, el monto que el Ministerio de Hacienda tendría que desembolsar para las eventuales votaciones de revocatoria, que son 72 en todo el país, incluidas 5 grandes ciudades (ver paréntesis), estaría cerca de los $430.000 millones.
En este sentido, según González, en el caso de Medellín, la etapa de votación podría tener un valor por el orden de los $400 millones.
“Esos son los topes, no significa que tengamos ese dinero porque esto lo hacemos con las uñas, pero la ciudadanía lo quiere hacer y vamos para adelante”, apostilló el promotor.
Costo de la democracia
Luis Alfonso García, líder del movimiento Alianza Reconstrucción Colombia, coincidió en que, de momento, la promoción a la revocatoria de Quintero se ha realizado con base en el voluntariado y aseveró que el Pacto por Medellín no maneja grandes capitales.
“Nosotros prácticamente no le pagamos a nadie (...) la única publicidad que se ha hecho es por redes sociales, que tampoco ha tenido ningún costo”, detalló.
Aunque reconoció que habilitar las urnas para una eventual votación a la revocatoria representaría un gasto público, según sus palabras, no solo es una actividad necesaria sino obligatoria para el Estado.
“La Constitución de 1991 –expuso García– creó una cosa que la gente todavía no ha entendido: la democracia participativa. Entonces el pueblo sigue participando en política y tiene el derecho de revocarle el mandato a los alcaldes”.
Meta antes de tiempo
Respecto a la recolección de las 92.000 firmas necesarias para convocar a las urnas, Julio González nuevamente enfatizó en que la meta del comité es reunirlas para finales de agosto o mediados de septiembre, de tal manera que, de acuerdo con sus expectativas, no se gastarían los dos meses de plazo contados desde el pasado 16 de julio.
Así mismo, nuevamente señaló que los promotores tienen el propósito de recoger más de 100.000 firmas, toda vez que existe la posibilidad de ver invalidada una parte de las rubricas consignadas en las planillas oficiales.
“Aquí hay ganas de salvar a la ciudad y de verla retornar a sus cauces. Este es un movimiento por la recuperación de Medellín para que vuelva a ser la Tacita de Plata que queremos todos los antioqueños”, mencionó el líder de Corporados Primero Antioquia.
Entretanto, recordó que, en caso de ser canalizadas todas las firmas, la Registraduría tiene un término de 45 días para revisarlas y luego convocar a las urnas.
Paralelamente, desmintió que existan disputas internas entre los cinco movimientos que conforman el Pacto por Medellín.
En esa línea, defendió que “cada grupo tiene sus propias dinámicas, tiene su propia forma de hacer las cosas y eso se respeta. La causa común es la revocatoria de Daniel Quintero”.
Denuncian amenazas
Andrés Felipe Rodríguez, presidente del movimiento Medellín Cuenta Conmigo y vocero del Pacto por Medellín, denunció que los recolectores de firmas han reportado amenazas.
“A la fecha hemos recibido más de 25 amenazas que han sido hasta con armas de fuego y se han registrado tres agresiones físicas”, dijo Rodríguez.
Recientemente –relató el promotor– uno de los recolectores fue hostigado en inmediaciones de la estación Parque de Berrío del Metro. No obstante, precisó que alcanzó a refugiarse en un centro comercial mientras recibía apoyo del equipo.
A causa de la señalada situación, conforme a sus declaraciones, “mucha gente ha tirado la toalla con el tema”, por lo que desde los cinco movimientos consideran que está en juego el ejercicio de la democracia.
Por ahora, según precisó, las amenazas se han puesto en conocimiento de varias entidades estatales. Entre ellas la Personería de Medellín, cuyo titular, William Yeffer Vivas, expresó no tener conocimiento del asunto.
Por su parte, al ser consultada sobre el asunto en cuestión, la Alcaldía aseguró que desde allí se cree en los procesos democráticos y se brindan “todas las garantías”.
Adicionalmente, desde la administración local contestaron que “se protegen las vidas de todos los ciudadanos”
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Mil firmas deben recolectar los promotores de la revocatoria en Medellín.
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