La directora del Dagrd, Laura Duarte, se marchó sin darle la cara a las comunidades. Del Isvimed se pegaron de un libreto sin responder interrogantes de fondo y de la secretaría de Medio Ambiente nadie asistió.
Pese a esto, Medellín dio este viernes 15 de julio un paso fundamental para darle un vuelco a la forma en la que ha enfrentado hasta ahora los impactos del cambio climático. Por 10 votos contra uno, el Concejo de Medellín acogió la solicitud de Declaratoria de Emergencia Climática que impulsó el Movimiento Laderas y el colectivo Estamos Listas.
Durante más de siete horas, decenas de líderes comunitarios expusieron argumentos que evidencian las amenazas latentes que tiene gran parte del territorio donde se asienta la mayoría de la población metropolitana: los barrios de borde de ladera y en cercanías a las quebradas, así como los sectores aledaños al río Aburrá.
En medio del consenso entre los cabildantes sobre la necesidad de transformar la lucha contra la crisis climática, desentonaron el concejal del Centro Democrático, Julio González, quien desestimó los argumentos de las comunidades y se marchó para que no hubiese quórum. y también Juan Felipe Betancur del Mira, con su voto negativo.
Así las cosas, Medellín podría sumarse a Bogotá y los departamentos de Tolima y Antioquia que tomaron la decisión histórica de declarar la emergencia climática.
La responsabilidad de que la ciudad tenga finalmente instrumentos reales para abordar la crisis climática recae ahora en el alcalde Daniel Quintero, quien deberá decidir si adopta las cinco líneas de la solicitud de declaratoria.
Es decir, que acepte acelerar la disposición de estrategias sociales, técnicas y financieras para brindar garantías a los pobladores en mayor situación de vulnerabilidad; le asigne un presupuesto específico al Plan de Acción Climática (hoy en letra muerta); cree una Comisión de Expertos Asesores en Cambio Climático con participación comunitaria; implemente la Política de Pública de Protección a Moradores y Actividades Económicas (que hoy solo está en el papel); y garantice que el Dagrd y el Isvimed por fin cumplan su rol para atender a las familias desplazadas en contexto de desastre, y aseguren el derecho a la vivienda digna de las personas ubicadas en zonas de riesgo.
