El edil de la comuna 2 de Medellín, Fausto Arroyave, califica los avances que se han tenido para pagarles a los ediles y las edilas de la ciudad como “pasos históricos que han sido difíciles de conseguir y que hoy celebramos”.
Tuvieron que pasar más de cinco años para que, por fin, la ley que permite el pago de los honorarios a estos representantes ciudadanos se pueda hacer de manera legal por parte de la Administración Municipal.
El anuncio más reciente sobre este tema se dio este fin de semana, cuando la Alcaldía de Medellín anunció que la Ley 2086 había sido sancionada por el presidente de la República, Iván Duque, cumpliendo uno de los requisitos fundamentales para que el proceso siguiera su curso. Tras ese anuncio, “solo falta que el Concejo reglamente la norma para que se empiecen a efectuar los pagos a los miembros de las Juntas Administradoras Locales (ediles)”, según aseguró la Alcaldía.
“Hay que entender este paso como un gran logro, en períodos anteriores se había querido avanzar pero no había voluntad política ni administrativa. En este caso se hicieron los trámites necesarios desde diferentes frentes para llegar a la firma presidencial, eso es importante”, resaltó el edil Fausto Arroyave.
Ahora bien, según le confirmó la Secretaría de Inclusión Social a EL COLOMBIANO, el decreto que se gestionará en el Concejo será para pagarle $ 7.200.000 a cada edil anualmente. Lo que representaría unos honorarios de $600.000 por mes, algo apenas representativo para un cargo de elección popular que exige recorridos, juntas y procesos administrativos.
Sin embargo, Arroyave explica que, pese a que el monto inicial podría verse como bajo, es un avance en el proceso que deberá continuar para seguir avanzando en el camino. “Hay un camino por seguir, eso está claro. Los ediles queremos que Medellín avance en ese proceso para pasar a Distrito Especial de Colombia y ahí seguiríamos, paso a paso, avanzando en esa tarea”, dice.
Las funciones de los ediles y las edilas seguirán siendo las mismas en sus comunidades: velar por la ejecución de los recursos del presupuesto participativo, que son los que se usan para los proyectos elegidos por las comunidades en materia de educación, recreación, vías y todos aquellos que se consideren prioritarios.
Los antecedentes
Dicha propuesta, viene en curso desde antes de 2015. En ese año, la Alcaldía de Medellín logró que la propuesta de Ley pasara los debates por el Congreso pero no alcanzó la firma de la Presidencia de la República para ese entonces, en cabeza de Juan Manuel Santos.
Cuatro años después, el actual alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, incluyó dentro de sus propuestas para la Alcaldía asegurar ese pago de honorarios y, tras posesionarse en el cargo, incluyó ese punto en el Plan de Desarrollo Medellín Futuro. Así las cosas, el Concejo aprobó $ 12.000 millones para el cuatrenio de la presente administración.
Ahora bien, la decisión que fue gestionada por la Administración Municipal de Medellín no solo cobija a esa ciudad, sino que abre paso para que todas aquellos territorios con más de 100.000 habitantes lo hagan. No obstante, el pago de los honorarios estará sujeto a varios límites y restricciones y no será obligatorio para los Municipios.
Por ahora, al proyecto le espera la aprobación del Concejo de Medellín, quien ha dado su visto bueno en diferentes ocasiones. En un informe publicado por este medio el pasado 7 de noviembre, por ejemplo, el concejal Luis Bernardo Vélez opinó que, sin duda, los ediles merecen un pago por sus labores. “Es un acto de justicia con personas que trabajan por la comunidad y tienen muchas limitaciones económicas en sus vidas. El beneficio de dignificarlos va en favor no solo de ellos y sus familias sino también de las comunidades”, dijo Vélez en esa ocasión.
Así mismo, el también concejal Carlos Alberto Zuluaga aclaró puntos claves de la Ley que fue sancionada por el presidente Iván Duque. “Hay que precisar que lo que la Corte autoriza pagarles son honorarios, no un salario ni prestaciones sociales ni aportes a pensión, es más bien una manutención y las alcaldías no estarán obligadas a pagar, pues la sentencia dice que pueden, no que tienen que pagarles”, recalcó el corporado.
