En las comunas de Manrique, Castilla, Popular, San Javier y Villa Hermosa, viven en precarias condiciones económicas la mayoría de personas que quedan con discapacidad física después de sufrir incidentes viales.
La alerta fue dada a conocer por la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, que realizó un estudio basado en el Registro de Localización de Personas con Discapacidad en Medellín de 2016, en el cual se analizó la situación de 3.178 personas que han acudido en busca de ayuda de la Dirección de Discapacidad de la Secretaría de Inclusión Social de Medellín.
Edwin Alberto Salazar, quien realiza una maestría en Epidemiología en la Facultad de Salud Pública de la U. de A., y que basó su tesis en este registro, dijo que de las 3.178 personas que sufren alguna discapacidad por incidentes viales y han buscado ayuda en la Alcaldía, 637 son residentes en las comunas de Manrique, Castilla, Popular, San Javier y Villa Hermosa, que combinan los estratos uno, dos y tres; mientras que en la de los estratos 5 y 6 como El Poblado y Laureles, el registro es de 26 personas (13 en cada comuna).
Alertó Salazar que 1.542 de las víctimas son varones, entre los 20 y los 59 años, que son, en su mayoría, quienes llevan el sustento a sus familias. Su nueva situación conlleva a la pobreza, la exclusión social y el abandono.
Otro aspecto preocupante, dijo Salazar, es que la mayoría de estas personas pasa de ser cotizantes a beneficiarios de los sistemas de salud subisidada o contributiva en Colombia, situación que impide la creación de un capital financiero fuerte que les garantice a estas instituciones la sostenibilidad futura.
Según estadísticas de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), en 2016, las 13 empresas que veden el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), pagaron 964.000 millones de pesos por incidentes viales en todo el país y este año, hasta ayer, la cifra estaba en 317.000 millones de pesos.
La investigación también reveló que el 86 % de estos discapacitados reconoce que tiene barreras para movilizarse por vivir en sitios de calles estrechas, sin aceras, con escalas, lo que les impide realizar sus actividades diarias con autonomía.
Durante los últimos seis mes de 2016, un total de 1.195 personas (el 38 por ciento) dijeron que estaban trabajando; 498 (el 16 por ciento) indicaron que buscaban empleo, y 311 (el 9,8 por ciento) reconocieron que la discapacidad era de tal magnitud que no podían trabajar y estaban sin una pensión.
