El establecimiento público Aeropuerto Olaya Herrera, la entidad del distrito encargada de supervisar la operación de esa terminal aérea, se convirtió en el escampadero de varios políticos cercanos al alcalde de Medellín, Daniel Quintero.
A través de un puñado de contratos entregados a dedo, que además contienen objetos muy parecidos, durante los últimos dos años y medio la entidad viene desembolsando como un relojito cientos de millones de pesos en asesorías legales con una utilidad poco clara y que deja muchas preguntas en el aire.
Juan Carlos Vélez Uribe, antes uribista y ahora aliado de Quintero, y el liberal Jorge Iván Mejía Martínez, exsecretario de Planeación durante la actual administración, son las dos principales figuras beneficiadas de esa contratación que supera los $277 millones.
Si bien ambos políticos argumentan que su formación académica y experiencia laboral encajaría con los servicios pagados con recursos públicos, su vinculación ha levantado suspicacias por varias razones, no solo por el monto de esos contratos directos, sino por coincidir con más lazos que los unen al gobierno local y que sugieren la presencia de intereses más políticos que técnicos.
Además, para conocedores del funcionamiento de la entidad, aparece la pregunta de qué tan necesarias podrían ser esas asesorías, teniendo en cuenta que la operación del Olaya quedó desde 2006 en manos de un privado (Airplan) y desde entonces tiene como misión central supervisar la ejecución de esa concesión (Leer Paréntesis).
Curiosamente, los orígenes políticos de los dos principales beneficiarios no podrían ser más disímiles. Mientras uno es un político liberal de vieja data, que ha ocupado múltiples cargos en la Alcaldía de Medellín, el Concejo y la Gobernación de Antioquia durante las últimas dos décadas, el otro es un antiguo conservador y uribista que terminó aterrizando recientemente en la Alcaldía de Quintero con varias cuotas políticas.
Los contratos de Vélez
Pese a formarse durante casi toda su vida pública bajo el amparo del conservatismo y el uribismo, desde finales de 2019 Juan Carlos Vélez Uribe se convirtió en uno de los aliados políticos del alcalde.
Luego de trabajar como director de la Aeronáutica Civil durante los gobiernos de Pastrana y Uribe (entre 2001 y 2005), ocupar una silla en el Senado en 2007 como parte de la bancada de la U (en reemplazo del exsenador Mauricio Pimiento, procesado por parapolítica), y posteriormente ser uno de los políticos que rodearon al expresidente Álvaro Uribe en su fractura con el gobierno de Juan Manuel Santos en 2013, Vélez Uribe fue uno de los pioneros en la fundación del Centro Democrático. En 2015, se convirtió en el primer candidato de ese partido en competir por la Alcaldía de Medellín.
Sin embargo, en 2016, Vélez gerenció la campaña por el No en el plebiscito del Acuerdo de Paz y terminó rompiendo con su partido, a raíz de la publicación de una entrevista en el diario La República en la que afirmó abiertamente haber ideado una estrategia para manipular las emociones de los votantes. “(...) Estábamos buscando que la gente saliera a votar verraca”, dijo entonces.
Tras ser desautorizado por el expresidente Uribe y renunciar a esa colectividad, Vélez reapareció en la campaña por la Alcaldía de Medellín en 2019.
Aunque en aquella contienda fue contrincante del actual alcalde, defendiendo propuestas ideológicamente muy distintas, fuentes conocedoras de las movidas de esa campaña coinciden en que ambos se aliaron en la recta final; un viraje que luego coincidió con la aparición de Vélez en el comité de empalme (cuando fue encargado de los temas de seguridad) y que antecedió la llegada de varias fichas suyas al gobierno local.
Tal vez el nombramiento más relevante fue el de Rodrigo Foronda Morales, quien hizo parte del círculo más estrecho en su equipo de campaña para la Alcaldía y luego aterrizó en la dirección de la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas (APP). En esta última entidad, Vélez Uribe fue elegido como miembro independiente de su junta directiva.
Así mismo, otras figuras cercanas a Vélez han aparecido como contratistas de la APP, como es el caso del conservador Juan Alberto Gallego, que aspiró al Senado por ese partido en 2018 contando entonces con el apoyo del excandidato a la alcaldía.
Por cuenta de Gallego, también aparece Óscar Oswaldo Gómez, que aportó $100 millones a su aspiración al Congreso y en junio de 2020 reapareció como contratista de la APP, tal como lo denunció la veeduría ciudadana Todos Por Medellín en diciembre del año pasado.
Sin embargo, el enlace contractual directo entre Vélez Uribe y la Alcaldía llegó por cuenta de sus contratos firmados con el Aeropuerto Olaya Herrera, que suman un total de $154.410.531. El primero, firmado el 14 de abril de 2021, por $95.218.504; y el segundo, firmado el 26 de enero de 2022, por $59.192.027.
Para fuentes consultadas que participaron de la pasada campaña por la Alcaldía y fueron testigos de los acercamientos de Vélez y Quintero, este entramado de contratos no tendría más explicación que el pago de favores políticos a Vélez; una versión que rechaza el gerente del aeropuerto Olaya Herrera.
De exsecretario a asesor
Desde las toldas liberales, el segundo político que aparece en los contratos del aeropuerto es Jorge Iván Mejía Martínez, quien se desempeñó como director de Planeación de Medellín tras la renuncia a ese cargo de Análida Rincón en marzo de 2020 y luego fue reemplazado por Sergio López en abril de 2021.
Mejía Martínez es un líder de vieja data en el sector público local, desempeñándose en cargos como secretario general del Concejo de Medellín en 2019, secretario de Gobierno de Medellín y de Antioquia durante el paso de Aníbal Gaviria por ambas oficinas (antes del inicio de su actual periodo) y, sobre todo, concejal de Medellín.
En su caso, su vinculación con el aeropuerto llama la atención por producirse luego de su salida de uno de los cargos más importantes de la Alcaldía y coincidir con su participación activa en la campaña presidencial en favor del Pacto Histórico en Medellín, en la que el grupo político del alcalde Quintero jugó un papel preponderante.
Cabe recordar que además de costarle al alcalde un proceso en la Procuraduría por su presunta participación en política, al menos siete secretarios renunciaron a sus cargos y se volcaron a las calles a hacer proselitismo.
Al ser consultado sobre esa actividad política, el exsecretario de Planeación argumentó que no se relacionaría con el alcalde Quintero, sino con el grupo de liberales de la región que se sumaron a la campaña de Gustavo Petro.
La vinculación de Mejía Martínez con el Olaya Herrera se da por tres contratos firmados desde 2021, que juntos suman $122.653.204. El primero, firmado el 24 de agosto de 2021, por $24.800.000; el segundo, firmado el 26 de enero de 2022, por 44.100.000; y el tercero, firmado el jueves 28 de julio, por $53.753.204.
Tanto en el caso de Vélez como en el de Mejía llama la atención que los objetos de los contratos son muy similares, apareciendo reseñados como asesorías para planificar el sistema aeroportuario regional y apoyar el direccionamiento estratégico de la entidad; una tarea en la que también aparece vinculado un tercer contratista, identificado como Fernando Peláez Arango, que a su vez también registra otros cinco contratos entre 2020 y 2022, por un valor total de $210.393.119.
En total, sumando los diez contratos entregados a estas tres personas, la entidad ha destinado desde 2020 al menos $487.456.854 en el pago de esas asesorías; una cifra que si bien no parece muy alta teniendo en cuenta el presupuesto total de la entidad no es nada despreciable si se compara con los recursos que se destinaron para costear su planta de personal permanente entre enero y diciembre del año pasado, que ascendió a $1.433 millones.
Es decir, que solo en el caso de estas tres personas sus contratos equivaldrían a más de una tercera parte de ese último rubro. ¿Para qué tantos asesores asignados a tareas tan parecidas?, ¿es necesario ese gasto, teniendo en cuenta que la misión principal de la entidad no es operar el aeropuerto?
La entidad responde
Para conocer su versión sobre este tema, EL COLOMBIANO solicitó una entrevista con el gerente del establecimiento público Olaya Herrera, Jesús Alberto Sánchez Restrepo, quien declinó de la misma aduciendo tener su agenda copada.
No obstante, la entidad remitió un pronunciamiento escrito con base en un cuestionario en el que se pidió aclarar el contexto de esos contratos y responder directamente al manejo político que se le estaría dando a la institución.
En ese escrito, Sánchez Restrepo controvirtió que los objetos de los contratos entregados a Vélez, Mejía y Peláez fueran similares y argumentó que cada uno cumpliría un papel distinto en sus asesorías.
Mientras en el caso de Peláez, sostuvo, su labor se enfocaría en temas jurídicos; en el de Mejía, se enfocaría en temas urbanos; y en el de Vélez, en el “mantenimiento de relaciones estratégicas con sectores gubernamentales y de servicios de transporte aéreo”.
“Cada uno de los contratos corresponde a un frente específico con un alcance particular de cara a los propósitos misionales de la entidad; como es de conocimiento público el sistema aeroportuario de la ciudad (Aeropuerto José María Córdova – Aeropuerto Olaya Herrera) enfrenta desafíos mayúsculos, en cuanto a la operación, desarrollo de infraestructura y su incorporación en áreas urbanas de alto impacto social, todo esto demanda atención experta por un grupo interdisciplinario”, escribió el funcionario en su respuesta.
Al ser interrogados por el tema, tanto Vélez como Mejía se defendieron argumentando que esos contratos no obedecerían al pago de favores políticos y que en los sistemas de información de contratación pública reposan los informes de ejecución en donde han documentado su trabajo.
Sin embargo, al ser interrogados sobre sus trabajos concretos, ambos políticos dijeron estar apoyando un estudio asociado al proyecto de trasladar el aeropuerto de la ciudad.
“Como experto en temas aeronáuticos, por haber sido director de Aerocivil durante 4 años y haber estado realizando asesorías y consultorías aeronáuticas por varios años, en una reunión que sostuvieron el señor alcalde de la ciudad y el anterior director de la Aerocivil, Juan Carlos Salazar, (...) me invitaron a que participara en el proceso de reubicación del aeropuerto de Medellín”, expresó en un pronunciamiento escrito Vélez Uribe, refiriéndose a sus contratos con el aeropuerto.
En igual sentido se pronunció Mejía Martínez, argumentando que por su experiencia política y trabajos sociales, había sido contactado por la entidad para estudiar el posible traslado del aeropuerto a otra zona.
“Mi función ha sido de asesoría en temas como, por ejemplo, hacer un estudio sobre el impacto de la posible transformación del aeropuerto, en particular en relación con el tema del espacio público y el medio ambiente”, dijo Mejía.
Ambas versiones contrastan con la versión entregada por el gerente Sánchez, que aseguró que cada uno estaría ocupado en tareas diferentes.
Cabe recordar que el debate por el posible traslado del Olaya Herrera cobró especial fuerza en abril de 2021, cuando la Alcaldía le propuso al Concejo cambiar el objeto social de la entidad.
Curiosamente, aunque ese proyecto de acuerdo se hundió con 12 votos en contra y solo 8 a favor el 27 de abril de 2021, siete de los diez contratos en cuestión fueron firmados después de esa fecha.
$487
millones de pesos en asesorías se ha gastado el Olaya Herrera desde 2020.
