Hace un mes llegaron, liderados por un hombre al que llaman Joel. Se apoderaron de la tierra, levantaron ranchos, talaron árboles. El 6 de junio los sacaron de sus casas improvisadas, pero volvieron horas más tarde, con más fuerza, y construyeron ranchos de nuevo. El 13 de junio los desalojaron, pero prometieron volver, y así lo hicieron pronto.
Esa es la historia del último mes de La Florida, una propiedad rural de más de 230 hectáreas en el corregimiento El Tres, en Turbo. Es una tierra llana en la que pasta el ganado y crecen árboles de teca. Sus propietarios, que conforman una fiducia, no saben cómo se extendió el rumor de que el predio era un baldío y podía ser ocupado. Joel llegó con varias familias ese 3 de junio, alegando que esa tierra no tenía dueño, cosa que sostiene hasta hoy, y que la comunidad podía hacerla suya.
Sobre el suelo levantaron lo que hoy es casi una unidad residencial de ranchos. En el primer operativo, el del 5 de junio, capturaron a tres hombres que andaban con una motosierra dentro del predio. Con ella tumbaron árboles que daban sombra al ganado. Los invasores están seguros de que es un baldío y por eso lo pueden ocupar.
Joel se ha encargado de estructurar un discurso alrededor de la ocupación. Dice que es el representante legal de Agrovipaz, una fundación encargada de levantar el rancherío, al que bautizaron Veintitrés de Enero. “De acuerdo al estudio que se hizo, este terreno es un baldío de 38 hectáreas. Hace siete años ocupamos un espacio y ahora vamos a terminar con las hectáreas que nos faltan”, ha dicho Joel. La ocupación del predio tiene tres versiones, cada una tejida por los protagonistas. Mientras los ocupantes dicen que tienen el derecho, los dueños, a través de su abogado, alegan que tienen los títulos de la tierra y que no es un baldío. Y así fuera, agregan, tampoco tendrían por qué tomárselo a la fuerza, pero esa es otra discusión. El abogado de la fiducia, Juan Fernando Navarrete, se ha quejado porque la Policía se cansó de sacar a los ocupantes.
La tercera versión es de la Policía, que dice que está mediando en el problema y que no es cierto que no esté haciendo nada. John Jairo Mendoza, comandante del Distrito 2 de Turbo, explicó que el caso está en la inspección de Policía y que desde allí debe salir la orden para un nuevo desalojo.
Pero, como en todas las versiones, se echa la culpa a otro de los protagonistas. El comandante contó que, en efecto, ya sacaron a los invasores dos veces: “Los desalojamos con el Esmad y entregamos el predio a un representante de los dueños. Les dimos varias recomendaciones para que esto no volviera a pasar, pero no pusieron de su parte, y así es muy difícil”.
Las recomendaciones eran poner ganado, vigilancia privada y trabajadores, pero dice el comandante que eso no se hizo. Se convirtió casi en un juego de gatos persiguiendo ratones.
Navarrete ha estado al tanto de la invasión, viajando cada tanto a Turbo. Se ha atrevido a decir que los lotes, parece, los están vendiendo: “Hay una serie de delitos que están cometiendo. No solo la invasión, sino también estafa (...) Creemos que la Policía, pese a que ya pasaron las 48 horas posteriores a la ocupación, tiene la potestad de hacer otro desalojo”.
Así como cada parte tiene su versión de los hechos, lo propio hacen los invasores. Manuel Álvarez, por ejemplo, argumentó que el 90% es población desplazada por la violencia. “Lo que estamos buscando es tener vivienda digna. Yo vivo en Turbo, no tengo vivienda, y pago $750.000 de arriendo”, contó.
Raúl Pérez, periodista de la región, recogió varios testimonios. Estas personas alegan que no tienen casa y que, como ciudadanos, les corresponde al menos un pedazo de tierra. Pérez ha caminado el terreno y contó lo que ha visto: “Tumbaron muchos árboles para hacer ranchos. Ahora están ahí, con muchos niños. Hay muchas personas con necesidades, pero otras que han aprovechado”.
En voz baja se comenta que la ocupación tiene el aval del Clan del Golfo, grupo al que le convienen estas situaciones de caos para seguir delinquiendo.
El tiempo ha jugado en contra de los dueños del predio. En la primera invasión llegaron 100 personas y ahora, según los líderes, hay 732 familias. No hay cifras oficiales. Se ha
