No cayó bien en familias propietarias de viviendas construidas por la firma CDO, la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de revocar las multas que había impuesto en diciembre de 2015 a Álvaro Villegas Moreno, Pablo Villegas Mesa e Ileana Arboleda Villegas, directivos de ese grupo constructor.
Si bien la resolución 66 de 2017 deja en firme la sanción económica contra cuatro firmas constructoras del Grupo CDO: Alsacia CDO S.A., Lérida CDO S.A., Vifasa S.A.S. y Calamar CDO S.A.S. por una suma cercana a los 3.800 millones de pesos, exoneró a los propietarios de la organización de una multa de 226 millones de pesos, “por no encontrarse prueba de su directa participación en los diseños y cálculos de los mencionados edificios”.
“Ya resulta que a Álvaro Villegas y Pablo Villegas les quitan las multas y no quieren responder por los daños causados. La culpa la tenemos nosotros por comprarle a CDO”, dijo Andrea Echeverri, dueña de un apartamento en Continental Towers, uno de los proyectos de esa constructora.
La SIC, en su resolución también ratificó la multa, que dentro del mismo proceso en el que estaban los Villegas, se estableció contra la directora de obra, María Cecilia Posada y el ingeniero calculista Jorge de Jesús Aristizábal, que deberán pagar 96 millones de pesos y 128 millones de pesos, respectivamente.
“Lo increíble es que esto tiene casi dos años, y en ese tiempo ni siquiera habían pagado y nunca lo van a hacer”, consideró Carlos Eduardo Ruiz, quien tenía una vivienda en Space.
La empresa CDO y sus filiales construyeron y comercializaron el edificio Space, al que se le desplomó la torres seis, y tras un dictamen de expertos de la Universidad de los Andes—que reveló malos procedimientos e incumplimientos de las normas—debió ser demolido totalmente por orden de autoridades de Medellín.
Al menos 540 familias de otros proyectos urbanísticos construidos por el grupo CDO fueron evacuadas por el Dagrd, máximo organismo de prevención de emergencias en Medellín, que consideró que eran inhabitables debido a los problemas estructurales.
Para Élkin Hernández, otro de los propietarios de una vivienda en Continental Towers, la decisión de la SIC demuestra que la tragedia de Space va camino a la impunidad.
