La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que luego de varias jornadas de exhumaciones y cotejos forenses en los cementerios municipales del Urabá Antioqueño, se identificaron a dos nuevas víctimas del conflicto armado y se reportaron siete nuevos hallazgos forenses de cuerpos no identificados.
Según explicaron desde la magistratura, de estos siete hallazgos, uno fue recuperado en Apartadó, dos en Turbo y cuatro más en el municipio de Carepa, Antioquia, durante las intervenciones realizadas por el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP y de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas que llegaron hasta allí por órdenes judiciales impartidas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP para proteger zonas de interés forense.
Agregaron que estos hallazgos permitieron dar respuesta a una familia que durante 14 años se encontraba en la búsqueda de Kenedy de Jesús Barrera Gaviria y de otra familia que buscaba a Jhon Jarvi Cañas Cano.
“Gracias al cruce de información entre la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Medicina Legal y la Unidad de Víctimas, con apoyo de la Gobernación de Antioquia y la Organización Internacional para las Migraciones, a fin de mes su familia podrá darle digna sepultura”, explicaron.
Igualmente, aseguran desde la entidad que estos hallazgos se han efectuado tras contrastar los aportes a la verdad entregados por los comparecientes de la fuerza pública que vienen participando en el proceso restaurativo del caso ilustrativo de Dabeiba, adscrito a los casos 03 y 04, en Turbo, sumado a los testimonios de víctimas.
Según los reportes más recientes entregados por la entidad, solo en esta zona del Urabá se han reportado 32 hallazgos y de los cuales 27 se han encontrado en Carepa y cuatro más en Turbo. Luego de estas labores de prospección y exhumación en terreno, todos los hallazgos documentados se encuentran en proceso de identificación en los laboratorios de Medicina Legal.
“En el marco de las jornadas de prospección y exhumación que se están llevando a cabo en la región, la JEP ha atendido integralmente, hasta el momento, a por lo menos 300 víctimas. Estas acciones se enmarcan en la implementación de estrategias psicosociales con aquellos que padecieron el conflicto en esta zona del país”, explican desde la JEP.
Estas jornadas están en el marco de la medida cautelar adoptada por la magistrada Nadiezhda Henríquez, relatora del Caso 04, que investiga la situación territorial del Urabá, Bajo Atrato y Darién chocoano, y que además protege los cementerios de Mutatá y otros lugares de enterramientos clandestinos en Apartadó. Por su parte, los magistrados Alejandro Ramelli y Gustavo Salazar, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, impulsan las medidas de protección en el cementerio de Turbo.
