La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra la empresa Ingecon S.A.S. y siete funcionarios y exfuncionarios de la Gobernación de Antioquia, entre los que incluye a Luis Pérez Gutiérrez, Luis Fernando Suárez y Aníbal Gaviria Correa, por un presunto detrimento patrimonial en la pavimentación de vías del Suroeste.
El proceso se abrió por las afectaciones al erario causadas al Departamento en la ejecución del contrato de obra para la ampliación, rectificación y pavimentación de las vías Puente Iglesias – La Ye – Líbano y La Lorena – Maratón, en Támesis. El detrimento, según el órgano de control, llegó a $22.814 millones.
El documento, del 3 de junio, también vincula a representantes de tres interventoras, dos supervisores del contrato y los tres últimos secretarios de Infraestructura de Antioquia: Gilberto Quintero, Juan Pablo López y Santiago Sierra.
Lista de irregularidades
El contrato de obra 4600010093 se suscribió con Ingecon el 24 de julio de 2019; por medio de este se ejecutaron recursos producto de la valorización de los habitantes del corregimiento Palermo, en Támesis. Se suponía que las obras a realizar en 22 kilómetros tendrían una duración de 18 meses, aún así, estas se habrían dejado inconclusas por irregularidades que motivaron la intervención de la Contraloría.
Algunas de las que menciona el texto fueron: dos suspensiones (la primera de ellas tras nueve meses de iniciadas las obras y que movieron la fecha de finalización de enero a abril de 2021); deducciones de pagos con sobrecostos por más de $64 millones; y la instalación de elementos en la obra con aprobación de la Secretaría de Infraestructura, pese a que no había soportes técnicos.
En otro aparte del documento, la Contraloría indicó que aunque la interventoría ya había identificado desde el 12 de marzo de 2020 retrasos en la obra, Ingecon solicitó seis prórrogas tanto a los supervisores de la misma, como a la Secretaría de Infraestructura, alegando que la pandemia los tenía afectados, pese a que las obras solo se pararon seis días por culpa del virus.
Las solicitudes no se aprobaron porque la empresa no allegó los justificantes de la medida.
“Se identifica que la obra requería prórroga con el fin de cumplir el objeto contractual y que el término de ejecución del contrato venció sin que finalmente se hubiesen ejecutado la totalidad de las obras”, se lee en el texto de la Contraloría.
Otro asunto que resaltó la Dirección Colegiada es que ni los interventores ni los supervisores ni el contratista notaron que en el contrato de 2019 no fueron incluidos para su pavimentación y ampliación nueve puentes centenarios que también hacían parte de los tramos a intervenir. Estos hoy están en riesgo de caer y dejar incomunicada la zona.
En un balance final, el 6 de junio de 2021, se concluyó que la obra apenas tenía asfaltado el 11% de los 22,2 kilómetros propuestos. Además, la falta de construcción de estructuras de drenaje y de contención amenaza con afectar lo ejecutado.
“Estas irregularidades se dan por deficiencias en la planeación, seguimiento, control y monitoreo de la interventoría y la supervisión en la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto por parte del contratista de obra, así como en la coordinación y ejecución del contrato entre las partes, lo que implica tener una obra inconclusa, en proceso de deterioro y sin prestar el servicio a la comunidad y por tanto, una lesión al erario en la cuantía indicada”, se lee.
Citados a versión libre
Por estas y otras irregularidades, la Contraloría identificó como presunta responsable fiscal —aparte de los interventores y supervisores— a Ingecon S.A.S., pues esta debió manifestar las inconsistencias en la retención de impuestos, tasas o contribuciones; y ejecutar las actividades necesarias para culminar las obras contratadas, “situaciones que al no ser desempeñadas, coadyuvaron a la producción del presunto detrimento patrimonial”, señala la Contraloría.
Frente a los gobernadores, el ente señaló que “Pérez, Gaviria y Suárez no ejercieron el debido control y vigilancia sobre la actividad precontractual y contractual ni iniciaron acciones que permitieran la culminación de la obra (...). En resumen, omitieron ejercer actividades destinadas a exigir la terminación de las obras. Todo ello, coadyuvó con el presunto detrimento patrimonial que aquí se endilga”. Y de Quintero, López y Sierra, la entidad dijo que no solo eran los responsables de la planeación, sino también de la selección y ejecución adecuada y pertinente de los recursos para la realización de la obra, tarea en la que habrían fallado.
“Omitieron ejercer las acciones derivadas del contrato y la ley, destinadas a exigir la terminación de la ampliación, rectificación y pavimentación de las vías en plazo, lo que culminó en la no terminación, su abandono y no prestación de utilidad para la cual fue contratada”, se lee.
Al final del documento aparece que otro de los alcances de la apertura es que la Contraloría citó a los presuntos responsables a rendir versión libre entre el 6 y el 8 de septiembre. Se espera que los gobernadores Pérez, Gaviria y Suárez realicen el trámite el 7 de ese mes.
