En junio de 2018, en plena crisis en Hidroituango por el colapso de un túnel de desvío que represó el río Cauca a gran velocidad y generó la alerta de una avalancha sin precedentes aguas abajo de la presa, llegó una resolución de la Autoridad de Licencias Ambientales (Anla) que puso a sudar frío a todos en EPM.
Aunque dos años después la misma autoridad flexibilizó la restricción, apenas esta semana levantó la suspensión impuesta hace casi siete años, lo que en el papel confirma lo que es realidad hace rato, que la central dejó atrás sus peores días y se encamina a culminar la construcción de sus cuatro unidades restantes.
La orden de la Anla de 2018 estipulaba la suspensión inmediata de todas las actividades relacionadas con la etapa de construcción, llenado y operación del embalse y dejaba por fuera la ejecución del plan de seguimiento y monitoreo, las actividades, obras, trabajos y en general todas las medidas ambientales establecidas para controlar la emergencia.
Decía que el freno al plan regular de obras se mantendría hasta que se cumpliera al pie de la letra una serie de requisitos tales como la contratación de peritos expertos, nacionales o extranjeros, para que emitieran un dictamen detallado y objetivo sobre las condiciones de estabilidad de las estructuras principales y su operación futura bajo el escenario de los daños sufridos durante la contingencia.
La Anla explicó en su momento que para tomar la decisión tuvo en cuenta la evaluación que hicieron los peritos del cuerpo de ingenieros de Estados Unidos y la ONU en Hidroituango y que era necesario un dictamen pericial de expertos independientes para verificar si la construcción había generado inestabilidad en la montaña.
EPM se movió rápido porque la suspensión de las obras implicaría retrasos adicionales del proyecto. Por casi dos años este fue el principal freno de mano en la megaobra para avanzar en los planes de recuperación después de que se controló la emergencia.
Apenas dos meses después de la resolución, en agosto de 2018, EPM anunció que la firma chilena Skava, especialista en obras subterráneas, realizaría una investigación de las causas que originaron la crisis, el cual entregó en marzo de 2019 y reveló que el colapso del túnel de desviación se dio por deficiencias en el diseño y fallas por una erosión.
Un resquicio que abrió la puerta
En marzo de 2020, EPM recibió una respuesta que amplió el margen de acción de la restricción de 2018 y que en la práctica terminó normalizando los frentes de obra.
La Anla, que le contestó una petición al entonces gerente Álvaro Guillermo Rendón, dijo que EPM quedaba facultado para realizar las obras que, de acuerdo con su criterio técnico, se necesitaban “con el propósito de mitigar y reducir el riesgo asociado al proyecto hidroeléctrico”.
En ese documento la entidad aclaró que tanto el consorcio constructor como EPM podían avanzar en la instalación de los equipos de generación con el fin de “disipar la energía del agua embalsada y así garantizar la integridad del vertedero”.
La flexibilización de la restricción fue justificada en su momento por el riesgo que revestía la utilización indefinida del vertedero porque en ese instante no existía otra alternativa por dónde sacar agua del embalse, ni la posibilidad de revisar los cuencos (sitios donde cae el agua del vertedero) ni las bermas (escalas en los muros).
William Giraldo Jiménez, vicepresidente de Proyectos de Generación de Energía de EPM, precisó en esos días que la única manera de reducir de forma total el riesgo aguas abajo era con la instalación de los equipos del primer generador para empezar a producir energía.
Con ese aval sobre la mesa, las primeras cuatro unidades generan energía se terminaron de construir y empezaron a operar en noviembre de 2022 y noviembre de 2023.
El final de la 820
En la resolución 457 del pasado 13 de marzo, la Anla levantó la medida preventiva vigente desde 2018, aunque advirtió que la obra está obligada a dar estricto cumplimiento en todo momento a la normativa ambiental y a las obligaciones impuestas por la autoridad ambiental. Además, dijo que las actividades que fueron ejecutadas en el marco de la contingencia iniciada en abril de 2018 serán objeto de revisión y valoración.
Al final del documento de 374 páginas, la Anla dice que se cumplieron las condiciones impuestas por la autoridad y que “permiten verificar la superación de las causas que motivaron la medida preventiva”. Por lo tanto, concluyó, que una vez constatado que los fines de la norma en mención se consideran cumplidos, “no le queda camino distinto en términos de proporcionalidad y razonabilidad, que levantar la medida impuesta”.
Según el cronograma compartido por EPM, las unidades de generación 5 a 8 están previstas para entrar en operación entre el segundo semestre de 2026 y el primer semestre de 2027.
