El reportero de este diario fue tachado de “espía” por uno de los concejales.
En una carta de tres páginas, que ya fue remitida al Concejo de Medellín, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó lo sucedido en ese recinto público el pasado 30 de noviembre. Ese día, durante la elección de la mesa directiva del Concejo, un periodista de EL COLOMBIANO dejó encendida una grabadora y fue tachado de “espía” por varios concejales. Para la FLIP, el hecho generó “un ambiente de hostilidad e intolerancia frente a la prensa”.
La FLIP consideró que la reacción de los concejales al ver la grabadora fue desproporcionada y recordó que los concejales son funcionarios públicos y deben propender por la libertad de prensa. “Se someten, según la Corte Constitucional, voluntariamente a un escrutinio público riguroso y a un mayor grado de tolerancia . Su mayor exposición en el escenario público fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad sobre su gestión”, expresó la FLIP.
En particular, el mensaje fue enviado a tres concejales. A Juan Ramón Jiménez, del Partido Conservador, quien tomó la grabadora y no quiso devolverla al periodista; a Carlos Mario Romero, del movimiento Independientes, quien acusó al periodista de estar caminando “sigiloso” y de esconderse “debajo de una gorra”; y a Lina Marcela García, quien renunció al Centro Democrático y dijo que lo que estaba haciendo el periodista era “ilegal”. García, incluso, propuso que los archivos de la grabadora fueran borrados.
Los concejales argumentaron que la sesión no debía ser grabada, pero la FLIP contraargumentó: “Por ser el recinto donde precisamente se ejercen las funciones constitucionales y aquellas previstas en el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, debe primar la transparencia y la máxima para habilitar y promover la veeduría pública”.
El punto más crítico de lo ocurrido fue que los concejales Lina García y Carlos Romero dijeron a los técnicos de sonido que eliminaran el archivo que se había recolectado. La FLIP rechazó este accionar y concluyó: “Este tipo de acciones son incompatibles con la protección que tiene la libertad de expresión tanto en el ámbito constitucional como en los convenios internacionales. Se trata de actos arbitrarios que equivalen a una censura previa e imponen responsabilidades excesivas sobre las expresiones de discursos especialmente protegidos, como lo son los asuntos de interés público”.
Los concejales implicados han dicho que no devolvieron la grabadora, en un comienzo, porque el periodista no estaba identificado como tal.
El audio, finalmente, no fue eliminado y al periodista se le devolvió la grabadora, pero el hecho llama la atención sobre la importancia de la libertad de prensa y la responsabilidad de los funcionarios públicos.
