Un grupo élite de la Fiscalía Anticorrupción adelantó este lunes un proceso de recolección de información en la sede de la Alcaldía de Medellín. Con el particular, dijo la administración, se buscaba información sobre el exalcalde Alonso Salazar y el actual gobernador Aníbal Gaviria.
Según le confirmó la Alcaldía a este diario, la diligencia judicial tuvo como propósito acceder a las actas de los consejos de gobierno de Salazar y Gaviria, cuando fungieron como alcaldes de Medellín, el primero imputado por presuntas irregularidades en la construcción de Hidroituango.
Además de está información, precisó la Alcaldía, también se solicitó la documentación sobre la delegación en las juntas de EPM. La documentación solicitada correspondería a los años en los cuales se adelantaron procesos de contratación relacionados con Hidroituango.
Aunque este diario consultó a la regional de la Fiscalía para confirmar el procedimiento en cuestión, desde allí precisaron que la diligencia estaba siendo manejada por el “nivel central”. En particular, por la Fiscalía delegada para la Corte Suprema de Justicia.
Razones de la imputación
Salazar se cuenta entre los imputados por la Fiscalía General debido a supuestos malos manejos en las obras del megaproyecto hidroeléctrico. Las pesquisas del ente investigador se centraron, inicialmente, en presuntas irregularidades de contratación.
Resulta que la adjudicación directa del contrato Boomt, mediante una negociación con EPM, habría vulnerado principios esenciales de contratación pública previstos en la ley. Por ese motivo, se anunció la imputación del delito de interés indebido en la celebración de contratos.
Otro asunto referente a temas ambientales y que llamó la atención de la Fiscalía fue que en junio de 2015, EPM inició la implementación de un sistema auxiliar de desviación del río Cauca, así como la construcción de un tercer túnel.
Según el ente investigador, la empresa comenzó las obras sin tramitar previamente de una autorización de modificación de la licencia ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).