La compañía canadiense GranColombiaGold rechazó las acciones que se dieron en medio del paro minero en Segovia y Remedios Antioquia, donde una explosión rompió una de las tuberías del acueducto Doña Ana, propiedad de la empresa y que surte de agua a más de 1200 habitantes del corregimiento La Cruzada de Remedios, incluyendo La Unidad Educativa La Salada y el Batallón Especial y Energético Vial N. 8.
El denominado ‘Cartel de los explosivos’ comercializan los elementos detonantes que en su mayoría provienen de la industria militar colombiana, Indumil, de manera ilegal y que son usados para realizar atentados en contra de las autoridades o para la minería ilegal en el Bajo Cauca y Nordeste antioqueño.
De acuerdo con la empresa minera, la fuerza pública dispuesta por la Gobernación de Antioquia, para garantizar la seguridad en estos municipios, no ha sido suficiente, a pesar de las denuncias pertinentes que ha presentado la compañía a raíz de las vías de hecho registradas durante los días de paro.
Según confirmó GranColombiaGold, en Segovia y Remedios continúan “la obstrucción de las vías públicas el cierre total del comercio y la violación a los derechos de los niños, al trabajo y a la libre locomoción”.
De igual manera, la multinacional manifestó su preocupación por la llegada de grupos indígenas que llegaron ayer para apoyar el paro minero, muchos de ellos encapuchados y quienes provienen de la Reserva denominada La PO.
“Nuestra gran preocupación es que con la llegada de este grupo se refuercen las vías de hecho y se desestabilice aún más el orden público”, dijo Lombardo Paredes Arenas, presidente de GranColombiaGold.
“Se trata de un tema que requiere acciones puntuales y urgentes por parte del Estado, de lo contrario se generará una tragedia. Rechazamos de manera vehemente las vías de hecho que atentan contra los derechos humanos y hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que se apropie de la situación que se está registrando en esta región del país”, manifestó Lombardo Paredes.
Así mismo, aseguró que están abiertos al diálogo y la concertación en la medida que se desarrollen procesos bajo el marco de la ley.
