Las relaciones al interior de la bancada del Centro Democrático en el Concejo de Medellín están más rotas que nunca. En reclamos y careos públicos ha resultado la decisión del Consejo Nacional Electoral de devolverles su derecho al voto a los cuatro concejales sancionados tras el supuesto incumplimiento del ‘Pacto de Chuscalito’, que le costó la presidencia de la corporación a esa colectividad.
Además de calentar los ánimos entre los ocho concejales de la bancada, la medida anticipa un reacomodo de fuerzas en el Concejo, cuestión que podría darle más holgura a la Alcaldía para aprobar en plenaria la venta de las acciones que EPM tiene en UNE, en caso de que el proyecto gane su primer ‘round’ el próximo viernes, en Comisión Primera (ver ¿Qué sigue?).
Los dardos más polémicos han venido de Julio González Villa, después de que los concejales Paulina Aguinaga, Nataly Vélez, Lina García y Albert Corredor se mostraran departiendo en una finca de recreo y conversando sobre “el futuro de nuestra ciudad”, siete días después de que el CNE levantara la medida provisional que los tenía sin voto.
Además de insistir en que los cuatro traicionaron a la colectividad, al no votar por Simón Molina Gómez para que fuera la cabeza de la mesa directiva este año, permitiendo que la coalición de gobierno se quedara con esa dignidad a través del conservador Lucas Cañas, esgrimió que la decisión dejó en una posición débil a la bancada.
Las fuerzas quedaron cuatro a cuatro, porque Gónzalez y Molina, además de Sebastián López y Alfredo Ramos, ya no consideran a sus compañeros como pares de bancada. “En la práctica ya no somos una bancada de ocho. Aunque formalmente ellos integran el partido, nosotros no los reconocemos”, expresó el concejal Ramos.
¿Cómo tomarán decisiones?
Esta, en realidad, es la pregunta que ni los mismos concejales han resuelto de manera formal. Como González, Molina, López y Ramos no están dispuestos a concertar, entonces lo más seguro es que se vayan en bloque en las próximas votaciones. Similar pasaría con Aguinaga, Vélez, García y Corredor, quienes han cedido en su ejercicio de oposición y se han mostrado más favorables a la Alcaldía.
La fractura trae a colación la ley de funcionamiento de bancadas en las corporaciones públicas. En esta, según Guillermo Mejía, exmagistrado del CNE, se fijó que los empates se resuelven dejando a cada uno de los integrantes en libertad. La Corte Constitucional, sin embargo, modificó dicho mecanismo, mediante la sentencia C036 de 2007.
¿Qué solución dio? “La solución es que en el reglamento interno de la bancada —y no del partido— se diga cómo se resuelve el empate”. Es decir, si los ocho concejales no cuentan con reglamento alguno en este sentido pueden quedar en libertad. “Cada uno por su lado”, explicó Mejía.
Ese, entonces, podría ser el panorama en una votación para vender las acciones que EPM tiene en UNE. Los cuatro concejales que se mantienen en oposición no ven con buenos ojos el afán para aprobar la iniciativa. De hecho, Molina y López hacen parte de la Comisión Primera y su posición, para la votación del viernes, será negativa.
Las decisiones de Corredor y Vélez, por su parte, dependerán de la respuesta de Millicom ante la solicitud de extender el plazo de la cláusula de protección al patrimonio público que hay de por medio en el proceso. “Seguiré escuchando expertos, académicos, técnicos y comunidad en general para tomar la mejor decisión”, sostuvo Vélez.
Aguinaga, aunque no se pronunció respecto a su voto, consideró que a largo plazo la participación de EPM en el sector podría verse afectada, al no tener posición controlante en UNE, una posible desvalorización accionaria si no se llega a un acuerdo de venta y la fluctuación del mercado. De García no se obtuvo respuesta.
Lo cierto es que el CNE solo levantó la medida preventiva, al considerarla desproporcionada. Eso quiere decir que el proceso disciplinario continúa su curso al interior del partido, el cual podría fallar a fondo, dejándolos sin voto o expulsándolos.
“Mis tres compañeras y yo hemos venido dando una ardua batalla democrática ante el ente rector de la autoridad electoral y hoy tenemos un parte de victoria”, sostuvo Corredor. Y agregó: “El proceso sigue su curso. Es claro que estamos ante la reacción mediática y actitud revanchista de unas directivas inquisidoras, que se quedaron en el medioevo y que persiguen a quienes no actúen como sus borregos”.
Por ahora, la sensación que queda, según Ramos, es que el afán para aprobar la venta de UNE tiene que ver en parte con la resurrección de los cuatro concejales. Habrá que ver hacia qué orilla toman en esta y en las decisiones de las que puedan participar, mientras se vuelven a agitar las aguas en la corporación.
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