En su informe de auditoría financiera de la Alcaldía de Medellín en 2020, la Contraloría presentó 41 hallazgos, siete de estos con más de una incidencia, entre fiscal y disciplinaria por $3.048 millones. Uno de los contratos auditados por la entidad, el del programa Buen Comienzo, fue alertado por la Veeduría Todos por Medellín. Conversamos con su vocera, Piedad Patricia Restrepo, sobre sus investigaciones y denuncias.
¿Cuáles investigaciones de la veeduría fueron retomadas en el informe de la Contraloría sobre la gestión de la alcaldía de Medellín en 2020?
“Retomó nuestra queja enviada a la entidad en febrero de 2021. Tenía como argumento un posible detrimento patrimonial en el contrato de prestación de servicios suscrito entre la Alcaldía de Medellín y la Corporación Colombia Avanza para la atención de madres gestantes y niños y niñas menores de dos años en la modalidad familiar del programa Buen Comienzo, el cual atiende las familias más vulnerables de la ciudad”.
Hablemos en detalle del caso por Buen Comienzo.
“Recibimos una denuncia en nuestra línea de la confianza sobre irregularidades de distinta naturaleza en dicho contrato. Empezamos a investigar el caso y encontramos muchos problemas. En la etapa de planeación hubo posibles sobrecostos (solo en el componente de atención -excluyendo la alimentación) de entre el 35% y el 52%. La variación se da si se tomaba en cuenta el valor de aportes que las entidades sin ánimo de lucro hacían al programa cuando a estas se les seleccionaba con convenios de asociación con presentación de ofertas.
En el análisis de ejecución del contrato encontramos que, medido por cupo por día hábil de atención, la ejecución de la modalidad familiar del programa en 2020 resultó siendo más costosa que la propia planeación para dicho año. Además, hubo cambios sustanciales entre ítems del presupuesto que mínimo generaban suspicacias en cuanto a su razonabilidad.
Por ejemplo, mientras la movilización social pasó de $500 millones (3%) a $0, los servicios generales se incrementaron de $85 millones a $547 millones. El rubro de alimentación pasó de $8.993 millones a $10.282 millones, mientras el recurso humano pasó de $4.971 millones (31% del total) a $7.779 millones”.
¿Y dónde puso la lupa la Contraloría?
“Justamente en estos dos rubros es donde la Contraloría encuentra el detrimento patrimonial de más de $2.000 millones, casi el 70% del total de los hallazgos fiscales de la Contraloría para 2020. Es decir, un solo contrato, el de Colombia Avanza, explica en gran parte el detrimento. No obstante, es importante destacar que aún faltan por auditar más de $5.000 millones de dicho contrato porque a la fecha no ha sido liquidado. Justo esto había acontecido con un contrato del Programa de Alimentación Escolar con la misma Colombia Avanza donde la Contraloría de la República encontró sobrecostos en los paquetes alimentarios, pero no se configuró detrimento porque se ajustaron los precios al momento de la liquidación, que también fue extemporánea. En este caso, la Contraloría de Medellín ha impuesto límites a esta situación”.
