Una toma aérea lograda con dron muestra cómo avanza a pasos de gigante la construcción de la Arena Primavera, que promete ser no solo el escenario de espectáculos más importante del país sino que estará a la altura de los mejores del mundo.
Se trata sin duda de una de las inversiones privadas más importantes que se hacen en la región en la actualidad, con la promesa de dejar una inyección económica superior a los $320.000 millones.
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Sin embargo, desde que comenzó, este medio ha investigado y publicado algunas dudas que se han cernido sobre el proyecto, comenzando por la manera como se constituyó el grupo empresarial que lo promueve, la forma como se les otorgó el contrato de arrendamiento por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y más recientemente, la subasta en la que le vendieron el predio.
Para empezar, CLK, la empresa que impulsa el proyecto, tuvo como socia mayoritaria en un principio a la filial creada en Colombia de Burch Overseas SAS, una firma panameña que había sido mencionada entre 40 compañías que presuntamente habrían servido de puente para pagar coimas de la brasileña Odebrecht a los exmandatarios Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela. Igualmente, el fundador, Vernon Emmanuel Salazar Zurita, con otra empresa, se vio envuelto en otro proceso conocido como “New Business”, por el cual en 2023 Martinelli fue condenado a 10 años de cárcel por recibir coimas de contratistas del Estado.
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Con respecto al contrato de arrendamiento del lote donde se levanta la Arena, este medio publicó en el mismo informe que existirían suspicacias por la manera como después de que CLK ganó la subasta a otros tres proponentes, el plazo cambió mediante un otrosí, de 10 a 30 años, lo cual podría haber sido sustancial si se hubiera planteado en la etapa del concurso para que los demás aumentaran el precio o la inversión que luego sería reversible para el Estado.
Este medio había advertido que un plazo tan extendido podría afectar la venta posterior e inclinar la balanza hacia CLK si decidía concursar en un martillo al respecto. El 10 de julio pasado, la SAE anunció con bombos y platillos que, tras una subasta en la que hubo tres propuestas más, CLK había sido la ganadora y se cerraría el trato por $51.510 millones. Pero ese monto es apenas un 2% por encima del precio base, además de que la inversión por $85.000 millones antes planteada ya no retornaría al Estado, lo cual deja entrever lo beneficioso de esa transacción para los socios de la Arena Primavera, una especie de gangazo.
Eduardo Olea, socio fundador de Tuboleta —una de las inversionistas— y Gabriel Sánchez, director estratégico de CLK, hablaron con EL COLOMBIANO sobre las perspectivas de la Arena Primavera y las inquietudes que ha dejado el proceso previo.
¿Cómo explican ustedes el presunto vínculo de Burch Overseas con presunta corrupción en Panamá?
EO: “Yo creé una compañía, adquirí una compañía de un bufete de abogados en Panamá en 2007 o 2008; un bufete normalmente en ese país tiene 100, 200 o hasta 2.000 compañías creadas y en este caso, ahí firmaba una persona que no conozco ni he conocido en mi vida”.
¿Se refiere a Vernon Emmanuel Salazar Surita?
EO: “Exacto. Muchos colombianos optan por esa opción para sus vehículos patrimoniales. Y él firmaba en esa sociedad y en 3.000 sociedades más. Esta persona se vio envuelta en el problema de Odebrecht, pero ni yo conozco al presidente Martinelli ni he tenido relaciones en la construcción ni contratos en Panamá. Mi trayectoria ha sido como emprendedor durante los últimos 25 años en el sector del entretenimiento. Soy lo suficientemente visible para saber que no tengo ningún negocio de ese tipo ni lo he tenido. Así se los he explicado a los bancos, que han preguntado a raíz del artículo de EL COLOMBIANO”.
Pero Salazar Surita es justo quien firma el documento donde lo nombran a usted representante de esa firma en Colombia.
EO: “Eso es normal, no tiene nada de ilegal. En ese momento en esa compañía por alguna circunstancia de la vida figuraba como miembro delegado para generar ese poder. Esa persona se vio involucrada en esos escándalos, pero no tengo ninguna relación comercial con él, ni lo conozco”.
Pasemos al tema del lote, ¿no es un gangazo?
EO: “Nosotros hemos venido estructurando el proyecto de traer una arena a Medellín desde el año 2017 y 2018. Fuimos los estructuradores de la transacción de la Plaza de Toros y esa operación la veníamos buscando con la Fundación San Vicente de Paúl; estábamos concentrados en llevar a cabo una inversión muy importante, hasta que días antes de firmar el negocio hubo un oferente que le prometió a Medellín un desarrollo más importante que el nuestro, quizás en la parte económica y en su alcance, pero que entiendo que hasta la fecha que no ha sucedido.
Desde ahí lo hemos parado en busca de este sueño de llevar una infraestructura seria, permanente, que permita un desarrollo tan importante como es el de las artes escénicas y la cultura. Una infraestructura que permita el crecimiento de los artistas, de los fans, de las marcas y hacerlo a un alto nivel; desde ahí hemos estado buscando ese terreno, presentamos una APP durante la alcaldía de Daniel Quintero, la cual tampoco se llevó a cabo porque tenía otro proyecto previamente contemplado; finalmente continuamos nuestra búsqueda y hallamos un terreno que le pertenecía a la SAE.
Ahí, en el gobierno anterior, luego de tres pujas, logramos que se nos adjudicara un contrato de arrendamiento por 30 años para desarrollar el proyecto, donde comprometíamos una inversión cercana a $85.000 u $88.000 millones. Hubo varios procesos. Sobre ese que ustedes conocen como el lote de Sabaneta, antes la SAE tenía un contrato de arrendamiento cercano a los $17 millones; nosotros ofertamos una inversión de más de $85.000 millones más un canon de arrendamiento cercano de $80 o $90 millones con los ajustes que se iban a hacer”.
El cambio en el plazo, de 10 a 30 años, es lo que algunos critican.
GS: “Hubo dos pujas. En la puja número cuatro, que fue realizada el 17 de marzo de 2021, nosotros presentamos una propuesta de $70 millones mensuales con un plazo de 35 años para unas inversiones por $17.000 millones. Esa puja la SAE la declaró desierta porque dijo que ninguno de los oferentes presentó las condiciones; ellos exigían unas garantías, unas fianzas, y ninguno de los oferentes, incluyéndonos, cumplió con eso. Después, el 10 de mayo de 2022 sale la puja número 5, donde nosotros presentamos un canon de $80 millones e inversiones en mejoras por $60.000 millones por un plazo de 10 años. A esa puja es a la que está ligado el contrato que nosotros firmamos”.
Pero el cambio se da es después de que se firma el contrato con ustedes, no durante el proceso de la puja, y en eso se basan las críticas.
GS: “En el decálogo de la SAE es claro que la entidad se rige por derecho privado y también es claro que uno le puede proponer a la entidad otrosíes. Nosotros lo que hicimos fue proponerle un cambio en el contrato donde se le pidió elevar las inversiones de $60.000 a $89.000 millones por un aumento del plazo a 30 años, pagando el mismo plan. La SAE lleva eso a su comité de inversión y ahí se hizo el otrosí número uno. Eso es importante porque lo que nosotros hicimos está dentro del marco normativo y publicado por la SAE y surtió todas las instancias legales”.
Si eso se hubiera dado en el concurso tal vez pudo determinar las propuestas de los otros oferentes.
EO: “Esa es una hipótesis que usted tiene. Lo que nosotros hicimos fue apegarnos al contrato tanto de adjudicación como a la libertad que permite el derecho privado, según el decálogo. Realmente la puja fue adjudicada en franca lid con el compromiso de los 10 años. O sea, nada está por fuera de lo que le permite la ley”.
GS: “Además, la SAE no hace nada sin estudios y este negocio de arrendamiento también consideraba un estimativo de renta que ellos hacen; contratan a alguien para que les diga cuánto puede costar el arrendamiento de lote y si no estoy mal lo tasaron en $65 millones en 2022. Entonces, el contrato que nosotros hacemos con la SAE la primera vez, el 15 de marzo y la segunda vez es el 18 de mayo, cumple con todo eso”.
EO: “La SAE toma la determinación de traer una opción de un componente cultural, no de un parqueadero, de darle otro alcance. Nosotros nos comprometimos y creo que hay un mejoramiento sustancial en ese bien que estaba en la administración de la SAE, que como cualquier administrador, tiene la responsabilidad de maximizar su valor, y esto fue lo que lo hizo”.
¿Y qué decir frente a las inquietudes sobre el negocio de la compra?
EO: “La determinación de las SAE y del Gobierno de poder realizar y vender o de maximizar el valor de sus activos y lograr nuevos proyectos en ellos es motivo de celebración. El bien tenía un avalúo, en el año 2022, de cerca de $8.000 millones; luego tuvo un avalúo cercano a $63.000 y la ley le permite otorgar un descuento del 22% a la SAE para fijar el precio; ahora bien, era un bien improductivo y les permitía a cualquier colombiano, a cualquier empresa, participar en esa puja. Se celebraron dos pujas: una en el mes de octubre donde participaron varias empresas, pero uno de los requisitos era poder demostrar que no era una oferta ficticia, sino que se demostrará la seriedad, el respaldo patrimonial y la disponibilidad de los fondos para poder comprar este inmueble. Nosotros nos hicimos parte de esta puja que se declaró finalmente desierta y luego CISA realizó una puja donde nosotros inclusive pedimos el acompañamiento de la Contraloría y fuimos seleccionados para la adquisición del lote”.
¿Cuántos oferentes hubo?
EO: “Entiendo que no hubo más oferentes. Nosotros la primera vez ofertamos $51.000 millones y en la segunda, lo mismo, ratificándonos en que este era el valor que considerábamos tenía el lote. Las condiciones del pliego decían que usted se hace cargo de todas las cargas; este lote tiene varios gravámenes por cargas, por impuestos que ya cancelamos, y tiene áreas que se tienen que ceder al Municipio para poder edificar el proyecto que está contemplado en el plan parcial Cristal.
Ese no es ningún regalo. Mire qué buen negocio hizo la SAE, iba a recibir por un contrato a 30 años la suma del arrendamiento que es cercano a los $100 millones con la corrección del IPC y si hoy coge esos $51.000 millones que le entraron y los mete en un CDT, está recibiendo cinco veces el valor que iba a recibir por la renta. No es un regalo y creo que la SAE está haciendo lo que le corresponde como administradora, que es poder enajenar la mayor parte de los bienes y venderlos a los precios de mercado”.
El hecho de que el lote estuviera arrendado a 30 años reducía las posibilidades de que alguien más pujara con una buena oferta.
EO: “Todo lo que se está mencionando y que ha querido inferir son solo hipótesis. Nosotros tuvimos la opción de plantear una oferta, como lo hemos hecho en Bogotá, donde prácticamente es una concesión por 25 años y pagamos un aporte al Instituto de Recreación y Deporte; acá lo que hicimos fue básicamente arrancar por la misma hipótesis pero al comprar el lote también nos permite estructurar durante 18 a 24 meses un proyecto e invirtiendo más de $17.000 millones en estudios; pagamos las licencias de urbanismo en las que se tenía establecido que iba a ser un bien de interés cultural, que es lo que estamos llevando a cabo. El valor de la tierra se calcula por lo que se pueda edificar en ella; el avalúo, para mí, está incluso un poco alto teniendo en cuenta que era para un bien cultural”.
Pero es un buen negocio para ustedes teniendo en cuenta que iban a invertir $85.000 millones en algo que era reversible al Estado y ahora no lo tienen que devolver.
EO: “Depende de cómo defina usted un buen negocio, porque $80.000 millones no van a permitir lo que era la Arena Primavera, que en un principio tenía limitaciones de capex (gasto de capital); usted tiene que recuperar los $80.000 millones más toda la operación. Acá nosotros le apostamos a un proyecto a perpetuidad, pero también comprometiendo mucha más inversión”.
¿Cómo han sentido el ambiente en el Valle de Aburrá con respecto al proyecto?
EO: “Pues hoy en día estamos muy contentos, realmente la acogida es enorme. Déjeme decirle algo bien importante: en todas las presentaciones que hemos hecho del proyecto, ante Proantioquia, el Concejo de Medellín y el Concejo de Sabaneta, lo único que se ve acá es una generación de riqueza. Hoy en día estamos empleando más de 800 personas en la obra, hemos invertido ya $125.000 millones en Medellín. A Sabaneta, después de que no le entraba un peso por este predio, ya recibió más de $5.000 millones en solo predial, licencias de construcción y en otros derechos, impuestos y tasas que se pagan acá. La semana pasada transferimos cerca de $1.000 millones por traspasos y escrituras, es decir que a la fecha lo único que hemos hecho es generar unos grandes beneficios en pago de impuestos, en tan solo 5 meses que lleva avanzado el proyecto. Yo creo que nadie le ha apostado tanto a Medellín o el Valle Aburrá como lo hemos hecho nosotros.
La derrama económica va a ser de más de $320.000 millones. Se pudo desarrollar el plan parcial de Cristal con un equipamiento cultural en los alrededores de Sabaneta; un plan parcial que estuvo parado durante muchísimos años y que gracias a este proyecto se torna en un nuevo polo de desarrollo, de descompresión, porque va a ser de 14 hectáreas; una generación de empleo en la construcción de vivienda, de comercio, de desarrollo uniendo dos grandes equipamientos como es la Arena Primavera y el centro comercial Mayorca. Nadie en el país ha hecho una inversión tan grande hasta el momento y creemos que va a ser la Arena más importante y destacada de Latinoamérica”.
¿En qué porcentaje va la ejecución?
GS: “Ya vamos por encima del 25% de presupuesto”.
EO: “Esperamos tener el equipamiento listo a finales de 2026 o principios del 2027”.
¿Ya tienen la marca patrocinadora?
EO:“Sí tenemos grandes avances. Es una gran noticia que esperamos dar muy pronto. La arena ha tenido un gran apetito por el nombre. Hemos hecho un proceso competitivo con grandes empresas que se han postulado y realmente estamos muy contentos; esperamos dar esta noticia durante el mes de agosto o antes”.