El contrato de la venta de chatarra de los vehículos abandonados en la Secretaría de Movilidad de Medellín se estaría revirtiendo por parte de la Alcaldía de Medellín, que le envió un oficio a Rafael Naranjo, representante legal de la Unión Temporal RyM S.A.S., para manifestarle que echaba para atrás el contrato en el que le vendía el kilo de este material a $98.
El documento fue enviado el pasado viernes y este fue firmado por la secretaria de Suministros y Servicios de Medellín, Karen Bibiana Delgado Manjarres. En este le expresa a Naranjo que “las circunstancias actuales imposibilitan la ejecución normal del eventual contrato a celebrar, en los términos planeados”.
El reversazo al contrato de la venta de la chatarra de estos vehículos, que se encuentran en unos patios de la entidad en Barbosa, se originó luego de las críticas a la administración y el inicio de una investigación por parte de la Personería de Medellín, todo porque la subasta que se le adjudicó a la Unión Temporal RyM S.A.S., se habría acomodado de tal manera para que el único oferente fuera esta empresa.
Ante la decisión, el concejal de Medellín por el Partido Verde, Daniel Duque, expresó: “Esto es un avance muy importante porque la solicitud de la Alcaldía de Medellín es un reconocimiento de las razones que nos llevaron a denunciar este caso”.
Añadió que en esta situación la unión temporal puede tomar dos caminos: dar su consentimiento para revocar el contrato o negarse y que el Municipio lo tenga que firmar, poniendo en riesgo más de $33.000 millones de las arcas públicas.
La polémica subasta se hizo a las 9:00 de la mañana del 21 de abril y allí solo estuvieron los representantes de la unión temporal liderada por Naranjo, que había presentado una cotización para pagar $95 el kilo, cuando el valor comercial de estos materiales en el mercado está entre $1.000 y $1.800 el kilo. A manos de la Secretaría de Movilidad de Medellín llegó otro avalúo en el que se ofrecía $100 por kilo de una empresa que no estuvo en la puja.
Ante esta situación, EL COLOMBIANO se contactó con Rafael Naranjo, quien expresó que iba a analizar los pormenores del documento para pronunciarse, en medio de una notoria molestia por la decisión. Incluso, tiene planeado viajar en los próximos días a Medellín desde Cartagena, donde tiene la sede de su empresa, para buscar mantener en firme a este contrato, el cual considera que lo ganó legalmente.
El objetivo de esta subasta era quedarse con 50.000 kilos de chatarra de los vehículos que fueron inmovilizados por multas o accidentes de tránsito hace más de un año y que nunca fueron reclamados por sus propietarios, por lo que la autoridad de movilidad, amparándose en la ley 1730 de 2014, los declaró en abandono para proceder con ellos a desintegrarlos.
Se estima que son más de 20.000 toneladas de material los que se encuentran en estos vehículos y por ellos la compañía de Naranjo iba a pagar $2.038.400.000. La decisión toma fuerza porque, en principio, la Alcaldía de Medellín había asegurado que el proceso para la venta de esta chatarra no tenía ningún costo presupuestado y, por el contrario, le iba a representar, además del ingreso de la venta, un ahorro de $5.000 millones por la custodia, vigilancia y pago del espacio donde están estos automotores.
