Por segunda vez en una semana el Esmad llegó hasta un predio de 16 hectáreas en Mateguadua, Apartadó, para desalojar a cerca de 1.000 personas que invadieron el predio para montar ranchos de madera y plástico.
El operativo se realizó este jueves luego de que la Alcaldía de Apartadó coordinara el Puesto de Mando Unificado en compañía de la Defensoría del Pueblo, la Personería, la Comisaría de Familia, el Icbf, bomberos y fuerza pública.
El asunto se le ha salido de las manos poco a poco a la administración municipal. Comenzó con un chisme que se fue regando sobre una supuesta jornada de entrega de lotes a familias sin vivienda en un predio baldío, algo que la misma alcaldía negó, mientras decenas de familias se iban acomodando en una propiedad privada en el sector Mateguadua. Inicialmente fueron 500 personas que posteriomente fueron desalojadas por el Esmad.
No solo volvieron las mismas personas sino que se sumaron cerca de otras 500, montando ranchos en cuestión de horas, así como colchonetas y mercados.
Nuevamente la Alcaldía medió con los invasores para solicitar su desalojo voluntario, señalando además que podrían enfrentar procesos penales, pues no solo invadieron un predio privado sino que afectaron cultivos y otros bienes que allí se encuentran, según manifestó la secretaria de Gobierno, Gloria Restrepo.
Como no hubo acuerdo el Esmad intervino nuevamente. Hubo desmanes y enfrentamientos y con maquinaria amarilla los ranchos fueron derribados y las personas desalojadas.
Algunas personas que se apostaron en el predio alegan desde hace una semana que no tienen con qué pagar arriendo y que la alcaldía no les ha ofrecido ninguna oportunidad para acceder a beneficios de vivienda. Otras voces del municipio señalan que muchos de quienes invadieron el lugar tienen vivienda y están aprovechando la situación para pescar en río revuelto.
Según Jaime Ortiz, presidente de la Cámara de Comercio de Urabá, el predio está bajo responsabilidad de la SAE y debe estar destinado para reparar víctimas, pero asegura que por la “pasividad de la administración local” ahora está en riesgo de que se pierda el control del inmueble.
Ortiz señala, además, que los terrenos colindantes son los del estrato más alto de Apartadó y que los propietarios de los predios están sufriendo robos y afectaciones en los cultivos. Incluso dice que la bioseguridad de los predios que cultivan plátano se está viendo amenazada por el Fosarium R4 “que podría poner en jaque la seguridad alimentaria del país”.
El directivo asegura que hoy en el predio invadido no hay fuerza pública y el Alcalde ni se ha hecho presente. La Alcaldía dijo, por el contrario, que la fuerza pública se mantendrá durante un mes.
De todos modos, desde este mismo jueves que fueron desalojados, la mayoría de las personas se apostaron alrededor del predio y aseguraron que solo esperan un descuido de las autoridades para volver a ubicarse allí.
