En el municipio de La Ceja (Oriente antioqueño) hay críticas al alcalde, Nelson Carmona Lopera, por la firma de un contrato mediante el cual la alcaldía pagó $150 millones a favor de una corporación cuyas tareas están destinadas a apoyar la labor de la oficina de Comunicaciones por un lapso de diez meses.
El contrato tiene firma del pasado 12 de marzo, unos días antes de que se iniciara la cuarentena por la alarma del coronavirus en Antioquia, aunque el proceso para llevarse a cabo se inició en enero, cuando aún no se conocían las afectaciones que traería la pandemia, aseguró el alcalde.
El contrato señala específicamente que su objeto será la “prestación de servicios profesionales para apoyar el modelo comunicacional y de acercamiento continuo entre la administración municipal de La Ceja con la ciudadanía”.
Culmina el 31 de diciembre de este año 2020. Y la supervisora del contrato será la jefe de Comunicaciones de la alcaldía, Paula Andrea Arango Cardona. Lo firma la directora de Servicios Administrativos de La Ceja, Marian Johana Carmona López.
Parte de la polémica se centra en que Carlos Andrés Pérez Múnera, quien ejerce como representante legal de la corporación Centro de Análisis y Entrenamiento Político (CAEP), fue el asesor político del alcalde para su campaña que lo llevó a ganar las elecciones. Él mismo lo confirma en su cuenta de Facebook.
Bajo el anonimato, un ciudadano de la localidad nos hizo llegar una copia del contrato. También expresó su rechazo a que siendo La Ceja un municipio de tercera categoría (aquellos con una población entre los 30.001 y los 50.000 habitantes) invierta una suma tan alta de dinero en un contrato de tantos millones en tiempos en los que se requiere de austeridad .
Consultados sobre el caso, varios concejales advirtieron la inconveniencia del contrato.
“El señor Carlos Andrés Pérez asesoró al alcalde en su campaña a la alcaldía. Es algo que no se compadece con la situación de austeridad que debe manejarse en la actualidad”, indicó uno de ellos que pidió reserva de su identidad, pero que incluso hace parte del bloque de apoyo al Gobierno.
Otro de los corporados señaló que con esos dineros se podrían hacer 3.000 mercados de 50 mil pesos que le harían más bien a la comunidad.
“Si la alcaldía tiene una asesora de comunicaciones con varios profesionales a su cargo, ¿para qué contratar una asesoría para la asesora?”, se preguntó.
Apuntó que, por ejemplo, de los cultivos de flores han despedido a más de mil trabajadores en esta cuarentena. “De uno solo, de veinte que hay, echaron a 200 personas esta semana, y el comercio está quebrado”.
En DiariOriente (medio de comunicación virtual de esta región de Antioquia) se publicó un artículo de opinión firmado por José Bedoya Morales, en el cual no solo se dan los pormenores del contrato sino que se recalca en un presunto despilfarro.
“En pleno inicio de crisis, marzo 12 del 2020, y decretada la emergencia sanitaria, se firmó el convenio entre la Administración Municipal de La Ceja y la corporación Centro de Análisis y Entrenamiento Político. Hasta ahí todo normal, entramos a la revisión de dicho contrato y encontramos la alarmante, exagerada y onerosa cifra de $150.000.000 para apoyar el modelo de comunicaciones y estar más cercano de la comunidad, con un plazo de 10 meses de ejecución. No se necesita ser como ellos, para saber que alrededor de $14.000.000 mensuales recibirá el apoderado de esta supuesta corporación, el señor Carlos Andrés Pérez Múnera. Un jugoso contrato, en una localidad de tercera categoría, mucho más que los honorarios percibidos por el alcalde mismo”, expuso Bedoya.
Y se cuestionó para qué entonces la alcaldía tiene “una directora de comunicaciones como lo es Paula Andrea Arango Cardona”, además de diez comunicadores a su cargo.
El señor Carlos Andrés Pérez también asesoró, con su corporación CAEP, las campañas del gobernador Aníbal Gaviria y de los alcaldes de Rionegro, El Santuario, Sabaneta, Bello, Apartadó y La Estrella.
La contraparte
Al respecto, el alcalde cejeño respondió que el proceso del contrato inició en enero con la recopilación de información y la documentación requerida para llevarse a cabo.
“El contrato se ejecuta para apoyar la dirección de comunicaciones en cada uno de sus programas y estrategias comunicacionales, el impacto de las obras que se están ejecutando y las líneas del Plan de Desarrollo”, explicó.
Añadió que “ahora más que nunca se necesita apoyo y asesoría por la gran cantidad de información que está fluyendo y que la comunidad debe conocer” y mencionó una donatón que precisamente se realiza este jueves 30 de abril para captar ayudas en favor de las personas más pobres de la localidad.
También aclaró que no es un contrato con Carlos Andrés Pérez sino con una corporación de asesoría política que integran muchas personas. Preguntado si se arrepiente de haber firmado este contrato luego de las críticas recibidas reiteró que no, pues su administración no ha dejado de atender a la comunidad ni seguir adelante con sus proyectos.
“Hemos repartido más de 7.000 complementos alimentarios, adelantamos la remodelación del centro de salud del corregimiento San José y la entidad de control que quiera revisar el contrato está a disposición”, aseguró el alcalde.
Carlos Andrés Pérez, director y representante legal del CAEP, recalcó que este contrato no es con él sino con una corporación de la que hacen parte muchas personas. Señaló que incluye la realización de estudios de opinión cuantitativos y cualitativos con diferentes grupos sociales.
También la elaboración de un manual de manejo de crisis, la segmentación de públicos por temas de interés, la construcción de estrategias para cada uno de los segmentos y la elaboración de estrategias para la rendición de cuentas.
“Cada una de estas cosas se valora en precios y las desarrolla un equipo de más de 10 personas, del cual yo hago parte, no es que yo me vaya a ganar $14 millones al mes, como lo señalan los críticos, seguramente de buena fe”, dijo Pérez.
Sostuvo que incluso cada uno de los ítems a cumplir, con cualquier otra compañía de asesoría política, se paga por separado y a precios mucho más altos, pero en este caso se hizo en bloque para más eficiencia y economía.
“No es una asesoría sino el desarrollo de productos cuantificables que se entregan a satisfacción de la alcaldía”, aseguró.
Finalmente, recordó que por norma constitucional, tanto los gobiernos locales y departamentales como el nacional le deben rendir cuentas y esta es una forma de hacerlo, “a través de estrategias de comunicación” o de acercamiento con la comunidad.
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